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| 9/30/2006 12:00:00 AM

Por compasión

El Presidente anunció que creará una zona de encuentro para hablar sobre el acuerdo humanitario. Aunque el cambio es pequeño, hay razones para pensar que al intercambio le está llegando su momento.

Demacrados, infelices, desesperados. Así aparecieron los diputados del Valle en las pruebas de supervivencia que enviaron las Farc la semana pasada. Sus palabras, desgarradoras, volvieron a mover el tema del acuerdo humanitario, que estaba en un punto muerto. La guerrilla dijo que no quería más mediadores, y el presidente Álvaro Uribe leyó el miércoles en la noche un escueto comunicado en el que dice que "el gobierno tiene la voluntad de aceptar una zona de encuentro con las Farc con condiciones propicias para la eficacia del acuerdo humanitario y de la paz; condiciones que se pueden acordar, y agrega que no podrá ser una zona de refugio del delito, no podrá ser un campo de recuperación militar para el terrorismo, presionado por guerra política".

Pocas horas después el ex ministro Álvaro Leyva confirmó que el gobierno despejaría a Pradera y Florida, los dos municipios del Valle que las Farc piden sean desmilitarizados. La esperanza duró poco. Casi al mismo tiempo el propio gobierno, en boca del ministro Juan Manuel Santos, dijo que no admitiría otro Caguán, y que ante la salida de los militares de la zona no se aceptaría la presencia de hombres armados de las Farc.

Los recientes acontecimientos han dejado en claro que el presidente Uribe tiene la decisión de avanzar hacia el intercambio. Ha intensificado su agenda con Leyva, que es el hombre clave para hablarles a las Farc, y renunció a la idea de poner condiciones previas para un encuentro cara a cara entre gobierno-guerrilla. ¿Significa esto que hay un cambio de escenario?

Aunque hay un cambio de tono en el discurso del Presidente, lo cual es significativo, no se puede decir que hay un timonazo en el rumbo de la política. El comunicado de Uribe es tan ambiguo que cada quien puede interpretarlo como le convenga. "El Presidente llama a la prudencia, pero sus voceros son los primeros que han salido a hablar", se queja Carlos Lozano, director del periódico Voz y una de las personas que más ha trabajado por el intercambio. Lozano se refiere en particular a las declaraciones del ministro Santos en el sentido de que no se permitirá a hombres armados de la guerrilla en la zona de encuentro. Algo que las Farc nunca aceptarán. La desconfianza entre las partes es tan profunda, que ponerle semejante condición a la insurgencia es una manera de alejarse del acuerdo. Uribe se ha mostrado más flexible, pero no necesariamente ha cambiado de posición.

Su prudencia es entendible. Por razones políticas Uribe necesita hacer el intercambio. No pudo recuperar a los secuestrados a sangre y fuego, y no puede permitir que la situación se prolongue por otros cuatro años. Llegar al fin de este gobierno sin resolver este tema sería entendido como la peor incapacidad de un estadista. Pero lanzarse al intercambio, y fracasar en el intento, es su peor escenario.

Poniendo en la balanza los costos y beneficios, los primeros tienen aún mucho peso. El gobierno sabe que una vez se inicien los acercamientos para el acuerdo, queda en manos de la opinión pública, y el riesgo de desgastarse es muy alto. "En este tipo de negociación hay una asimetría crítica, porque los gobiernos democráticos son sensibles a las presiones de la opinión pública y las guerrillas no", dice el analista Román Ortiz. El gobierno sabe muy bien que esa es su mayor vulnerabilidad. Quizá por eso Uribe habló en su comunicado de que no permitirá una "recuperación militar presionada por la guerra política".

El escenario del intercambio sería muy diferente si se estuviera hablando de paz, como ocurrió con el canje durante el gobierno Pastrana. La paz con las Farc en el horizonte de Uribe está demasiado lejana. La realidad es que el acuerdo humanitario se hará en un contexto de guerra. Y lo lógico es que la guerrilla intente aprovechar cualquier despeje para ganar una ventaja militar y política. Tal como lo hizo en el Caguán.

Aunque el despeje de Pradera y Florida se ha pensado para un tiempo definido que no supere los 45 días, es muy posible que la guerrilla apueste a prolongar este tiempo, a dilatar. Una vez estén sentados en la mesa, el gobierno tendría que pagar muy alto el costo de levantarse si no se ha logrado un acuerdo en el tiempo estipulado. En un escenario como ese, su desgaste sería inevitable. Aunque parezca increíble, pararse de la mesa es más difícil que sentarse en ella. Así lo han demostrado no sólo el Caguán sino la negociación con los paras en Ralito, que continuó a pesar de que esta zona de encuentro también se había convertido en "refugio para el delito".

Pero así como el gobierno ha sostenido la negociación de los paramilitares, en medio de las virulentas controversias y tormentas políticas, convencido de que el desarme de estos grupos alivia el dolor de muchos colombianos, debe seguir avanzando con decisión hacia el acuerdo humanitario, para aliviar el sufrimiento al que han sido sometidos los secuestrados. El tiempo del despeje ha llegado. El comunicado de Uribe y las palabras del comandante de las Farc Raúl Reyes (ver entrevista en la página 30) así parecen confirmarlo.

El despeje y el propio canje siempre serán un enorme riesgo para el Estado, en lo político y lo militar. Pero nada de eso es una razón insuperable para impedir que se lleve a cabo. Desde el punto de vista político, la prolongación indefinida de la tragedia se vuelve una pesadilla para el gobierno. El tiempo corre en su contra, por la presión de las familias y de la comunidad internacional, y porque la desesperación incrementa la capacidad de negociación de la guerrilla. Las razones humanitarias también cuentan. Y hay militares que llevan 10 años en cautiverio. Los que menos tiempo llevan en la selva cumplieron cuatro años en ella. Estos elementos cuentan, aun en un panorama en el que persisten las contradicciones del gobierno y la intransigencia de las Farc.
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