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| 6/12/1995 12:00:00 AM

POR ENCIMA DE TODA SOSPECHA

Dramático giro en las pesquisas sobre el robo de carros en Venezuela y su envío a Colombia: el superdetective del vecino país pasa de acusador a acusado.

LOS AMANTES DEL BUEN cine recuerdan aquella vieja película italiana llamada Un ciudadano fuera de toda sospecha, en la que el investigador de un homicidio terminó siendo el principal acusado. Eso es lo que parece haber ocurrido en Colombia la semana pasada, después de que la Fiscalía dictó orden de captura a un ciudadano venezolano que en los últimos cinco años se convirtió en el hombre de confianza de la Policía Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, y en pieza clave de las operaciones binacionales contra el narcotráfico, la guerrilla y la delincuencia común.
Transcurría el año de 1990 y en el país el cartel de Medellín libraba una feroz guerra contra el Estado. La presión del Bloque de Búsqueda sobre Pablo Escobar y la enorme red que conformaba su organizaciòn, empezaban a dar resultados y muy pronto las autoridades descubrieron que había un éxodo hacia Venezuela. No transcurrieron muchas semanas para que quedara en evidencia que el cartel tenía intereses económicos en la vecina nación y no se veía lejana la posibilidad de que el tráfico de drogas se realizara desde allí.
Preocupados, los organismos secretos de los dos países llegaron a la conclusión de que la cooperación en información de inteligencia era decisiva para enfrentar el flagelo. Así, acordaron que la mejor manera para realizar ese intercambio era designar a una persona, que se encargara de nutrir de información confidencial a las agencias de seguridad de los dos países. La persona seleccionada fue Ramón Eduardo Iglesias, un curtido investigador de cerca de 48 años de edad, quien por esa época acababa de regresar a Caracas después de pasar una larga temporada en las embajadas de Venezuela en Brasil, España y Estados Unidos. Iglesias, un hombre de amable trato y amplio conocedor de la realidad colombiana, se desempeñaba como comisario de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención -Disip-.
Para cumplir su misión, Iglesias dejó a su familia instalada en la capital venezolana y se trasladó a Bogotá, donde montó una pequeña empresa de fachada. De su permanencia en Colombia solo tenían conocimiento el embajador de su país y los directores de la Policía y el DAS y un grupo muy pequeño de oficiales. Es decir, Iglesias era un agente encubierto que se movía en altas esferas de los organismos de seguridad y que tenìa acceso a toda la información reservada sobre las organizaciones criminales.
De esta manera se inició una fructífera relación que pocos meses después empezaría a generar exitosos resultados. "La llegada de Iglesias solucionó muchos problemas porque, si nosotros necesitábamos los antecedentes de algún ciudadano venezolano o los datos de un automotor, o la información sobre el ingreso de colombianos a Venezuela, él estaba en capacidad de obtenerla en pocos minutos", dijo a SEMANA un oficial de la Policía que conoció de cerca su trabajo.
Dos acciones contra el narcotráfico y la guerrilla consolidaron el prestigio de Iglesias. Primero, fue clave en la captura de dos traficantes colombianos que se refugiaron en Venezuela después de ordenar el asesinato del capitán de la Policía Pedro Rojas Betancur, ocurrido en el departamento de Córdova en enero de 1991. Un año más tarde, tuvo a su cargo la operación de rescate, al sur de Villavicencio, de un avión comercial venezolano secuestrado por guerrilleros en la región de Maracaibo.
En 1994, luego del desmantelamiento del cartel de Medellín, Iglesias cambió de rumbo y enfiló baterías contra la delincuencia común. El comisario detectó rápidamente que su gobierno estaba exasperado porque la justicia colombiana no actuaba y por ello se dio a la tarea de diseñar una estrategia judicial para recuperar 50.000 carros robados en Venezuela y trasladados a Colombia irregularmente.
Pocos meses después y luego de entrar en contacto con el periodista y abogado Robinson Rada González, director de la insólita Unión Colombiana de Propietarios de Vehículos Venezolanos, Iglesias tomó la decisión de actuar judicialmente contra los primeros 4.600 ciudadanos colombianos que, según sus registros, en ese momento tenían en su poder vehículos robados en Venezuela. Así, el 20 de octubre del año pasado iglesias se presentó en la Fiscalía y actuando a nombre del gobierno de su país denunció penalmente a quienes habían comprado esos automotores y solicitó su embargo. Al mismo tiempo, exigió la creación de una Unidad Especial que se encargara de retener los vehículos y devolverlos a sus dueños en su país. Simultáneamente, Iglesias clausuró su empresa de fachada y se fue a laborar en la sede de la embajada, situada en el centro de Bogotá. En los tres meses siguientes y como consecuencia de sus graves denuncias, Iglesias asistió a numerosas reuniones con altos funcionarios de la Fiscalía. Pero a comienzos de 1995 la Fiscalía empezó a sospechar de Iglesias cuando éste dijo que las empresas aseguradoras venezolanas estaban dispuestas a conciliar con los propietarios de los automotores en Colombia.
Según la Fiscalía, la semana pasada fueron confirmadas las inquietudes de que Iglesias, Rada y al menos una decena de colombianos habrían montado una red para estafar a los despistados dueños de automotores venezolanos. El esquema habría funcionado de la siguiente manera: como las aseguradoras venezolanas ya habían pagado los respectivos seguros, Iglesias le informaba a la víctima colombiana que la compañía de seguros estaría dispuesta a conciliar con ella a cambio de al menos una parte del valor del carro robado. Contra el pago de cierta suma, proporcional a la categoría del vehículo, Iglesias y sus socios prometían legalizar la propiedad del vehículo. No obstante, los investigadores comprobaron que las aseguradoras venezolanas no estaban enteradas de ese procedimiento.
Ante la gravedad de las evidencias, la Fiscalía decidió capturar al comisario de la Disip, pero consideró que su detención debería hacerse con mucho cuidado para no alterar las complicadas relaciones diplomáticas de los dos países.
Por esta razón, el pasado lunes 8 de mayo, el vicefiscal Alfonso Salamanca llamó al embajador venezolano, Abdón Vivas Terán y lo invitó a su oficina porque tenía que comunicarle algo urgente. El diplomático llegó pasadas las cinco de la tarde en compañía de Iglesias, quien se sentó en la sala de espera. Salamanca le explicó a Vivas lo que ocurría con el comisario de la Disip y le pidió su colaboración para capturarlo. El embajador se sorprendió y dijo que todo era un malentendido, pero se mostró dispuesto a colaborar. Pidió un plazo de tres horas para organizar todo en la sede diplomática. Pero sucedió lo increíble. Iglesias desapareció el mismo lunes y Vivas, después de negarse a pasarle al teléfono al vicefiscal, viajó precipitadamente a Venezuela con su familia. Esta semana será aclarado este nuevo lío diplomático y, según fuentes oficiales, saldrán a la luz posibles evidencias que vincularían al embajador con Iglesias y compañía.
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