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| 2/12/2006 12:00:00 AM

Por fin, buenas noticias

El gobierno se acordó de los desplazados. Prometió 5,1 billones de pesos para ayudarlos. Es apenas un primer paso de un largo trayecto.

El 2006 podría ser el año de suerte para los desplazados. Un día antes de que venciera el plazo para responder el ultimátum de la Corte Constitucional y evitar que varios ministros terminaran tras las rejas, el gobierno destinó el presupuesto más grande de la historia para atender a la población desarraigada por la violencia. El 29 de noviembre, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) destinó 818.000 millones de pesos para 2006 con el fin de atender a la población desplazada. También definió un cronograma para invertir 5,1 billones de pesos en los próximos cinco años, con lo cual el país aspira a cubrir las necesidades básicas de los casi dos millones de colombianos que han sido desplazados por la guerra en la última década. Este aumento sin precedentes de la inversión en la población desplazada es el resultado directo de una sentencia del 22 de enero de 2004, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó al gobierno tomarse en serio el drama de estas víctimas del conflicto armado. Le pidió estimar cuánto costaría cumplir con la ley de desplazados y elaborar un cronograma detallado de asignaciones presupuestales para hacerla realidad. O que dijera que era incapaz de cumplirla y cambiara la ley. El gobierno, que en un principio se ufanó de estar 'cumpliendo más allá de la ley', se vio obligado a pedir un nuevo plazo para cumplir el fallo. Se lo concedieron. En una audiencia a comienzos de 2005, todos los ministros rindieron sus cuentas a los desplazados. Pero la Corte estimó que no habían cumplido a cabalidad y extendió el plazo que se venció la semana pasada. El documento Conpes con los nuevos recursos es la respuesta del gobierno a la Corte. Aunque la Corte no ha dicho todavía si la considera satisfactoria, los expertos en el tema reconocieron que era un avance muy importante. "Consideramos que este incremento de recursos es un paso en la dirección correcta y una señal de compromiso de Colombia con el cumplimiento de sus responsabilidades hacia los desplazados internos", dijo a SEMANA Roberto Meier, representante de Acnur, la división de la ONU encargada del tema de los desplazados. Jorge Rojas, director de Codhes, la ONG con más credibilidad en el tema, también reconoció la importancia de que el Conpes mirara el problema hasta 2010. "Es un buen esfuerzo, dijo Rojas. El problema es que se va a estrellar contra la realidad fiscal del país". Rojas, como varias otras personas del sector, recibió con agrado la noticia, pero con cautela. La primera pregunta que les surge es si estos recursos serán nuevos o si se les restarán a los pobres 'históricos'. El Ministerio de Hacienda aseguró que serán recursos adicionales. SEMANA confirmó que, por ejemplo, el proyecto de capacitación Jóvenes en Acción, del Sena, recibió el doble de su presupuesto normal para destinarlo específicamente a los desplazados. Una buena noticia. El otro desafío -según los expertos- es que esos nuevos recursos se utilicen debidamente. La preocupación obedece a que si bien el gobierno de Uribe ha destinado mucha más plata que los anteriores a la población desplazada, los resultados son menos notorios de lo esperado. Todos reconocen que más niños desplazados ahora tienen cupo en las escuelas, que las coberturas en salud han aumentado y que los subsidios en vivienda se han multiplicado. "El problema es que la calidad es muy precaria", dice Rojas, de Codhes. Explica que la deserción escolar de los niños desplazados supera el 50 por ciento. La matrícula es gratis, pero carecen de transporte, están mal alimentados y no existen pedagogías especiales para retenerlos en el aula a pesar de los traumas ocasionados por la guerra. En el tema de los subsidios de vivienda ocurre algo parecido. "Muchos beneficiados no han podido hacer efectivos los subsidios", dice Aura Amelia Abril Castro, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Desplazadas, que agrupa a unas 110 familias. Explica que en Bogotá, por ejemplo, es difícil comprar una casa con sólo 8.500.000 pesos y, más difícil aun, conseguir un fiador para un desplazado que lo ha perdido todo. Incluso el subsidio de arriendo tiene sus complicaciones. En Fonseca, La Guajira, dice Abril, 76 familias no pudieron usar el subsidio porque las casas que quieren arrendar no tienen escritura pública, uno de los requisitos exigidos por el programa. Como éste, abundan los casos en que los programas que parecen maravillosos en el papel chocan con la realidad. Por eso el gobierno deberá hacer un esfuerzo adicional para garantizar que esos recursos realmente ayuden a estabilizar a la población desplazada, que en su mayoría (el 80 por ciento, según encuestas) se niega a volver a sus lugares de origen. Para eso se necesita más que plata. Es indispensable que el tema sea prioritario en la agenda. Quizá deban comenzar por expedirles cédulas a todos para que puedan votar y se vuelvan importantes para alcaldes, gobernadores y para el Presidente. La Corte, con su sentencia, puso un punto alto y el gobierno dio un gran paso con el Conpes. Pero aún falta mucho para cantar victoria.
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