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| 12/1/2007 12:00:00 AM

¡Por fin una!

Después de una larga y tortuosa batalla jurídica, el país acaba de ganar la demanda de TermoRío en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Después del último revés del gobierno en el pleito de Granahorrar, al fin los intereses públicos salieron bien librados en un pleito internacional. La Nación acaba de ganar una crucial batalla jurídica en uno de los casos más sonados de demandas de inversionistas extranjeros contra el Estado colombiano.

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en una sentencia del 26 de noviembre, ordenó archivar la demanda interpuesta por TermoRío y Lease Co., (inversionistas norteamericanos) decisión que, algunos pensaban, Colombia tenía muy pocas posibilidades de ganar.

En juego estaban 60 millones de dólares más perjuicios que reclamaban los demandantes extranjeros contra el Estado colombiano. El conflicto entre la Nación y TermoRío generó una gran controversia dentro y fuera del país porque se llegó a considerar que se estaba poniendo en riesgo la inversión extranjera.

El caso comenzó en junio de 1997, cuando TermoRío, una compañía estadounidense de propiedad de Lease Co. y Electranta, una sociedad en su momento controlada por el gobierno colombiano, suscribieron un contrato en virtud del cual TermoRío se obligaba a generar energía, y Electranta a comprarla por un lapso de 20 años.

Sin embargo, en abril de 1998, Colombia anunció un plan de privatizaciones y, por disposición del gobierno, Electranta cedió a una nueva sociedad Electrocaribe sus activos y sus pasivos.

Ahí fue cuando comenzó el enredo. Electranta continuaba obligada a adquirir la electricidad generada por TermoRío, pero al quedar sin activos, prácticamente se convirtió en un cascarón sin recursos para cumplir el contrato.

Los inversionistas extranjeros, inconformes con lo sucedido, acudieron a un tribunal de arbitramento en Barranquilla. Según el contrato celebrado entre las partes, este tribunal debería guiarse por las reglas de la Cámara de Comercio Internacional.

TermoRío demandó por los daños sufridos y en diciembre de 2000, el tribunal de arbitramento le dio la razón y ordenó a Electranta, y por supuesto al gobierno colombiano, pagar 60,3 millones de dólares a TermoRío.

La Nación no se quedó con los brazos cruzados y de inmediato contraatacó. Interpuso recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, ante el Consejo de Estado.

Y para sorpresa de muchos, en agosto de 2002, el Consejo de Estado adoptó la tesis sostenida por la Nación y anuló el laudo arbitral, con el argumento de que para la época en que se desarrolló el tribunal de arbitramento, no era legal bajo el derecho colombiano usar las reglas procesales de la Cámara de Comercio Internacional.

A raíz de la anulación, la cual causó revuelo en la comunidad internacional y en su momento se consideró como un tropiezo para la inversión extranjera en el país, TermoRío demandó a la República de Colombia y a Electranta ante la Corte del Distrito de Columbia de Estados Unidos, con el objeto de que dicha Corte ejecutara el laudo arbitral y, por lo tanto, desconociera la anulación emitida por el Consejo de Estado.

Pero en marzo de 2006, la Corte del Distrito de Columbia respaldó los argumentos presentados por Holland & Knight, apoderados de la Nación, y ordenó rechazar la demanda. Es decir, ni siquiera analizó el fondo de la disputa.

TermoRío y Lease Co. apelaron la decisión ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia y el pasado 25 de mayo dicha Corte falló a favor de Colombia. TermoRío insistió e hizo uso de un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Pero los argumentos de Holland & Knight, con el colombiano Enrique Gómez Pinzón a la cabeza del pool de abogados, se impusieron y la Corte decidió no estudiar el caso y, por lo tanto, ordenó su archivo. Con este fallo a favor, Colombia se quitó un peso de encima, que llegó a 'torpedear' incluso la negociación del TLC con Estados Unidos.
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