Por el líquido vital

Aunque para algunos las guerras del futuro serán por el agua, en Bogotá y Cundinamarca la confrontación ya comenzó. A raíz de una resolución que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) piensa expedir para reglamentar la venta de agua en bloque en el país, una batalla política se está librando pueblo a pueblo sobre esta medida.

Bajo la figura de venta de agua en bloque, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) -al igual que otras en sus regiones- ha venido suministrando agua potable a nueve municipios de la sabana, Chía, Cajicá, Sopó, Madrid, Mosquera y La Calera, entre otros. Bajo este esquema, la EAAB lleva su red hasta el pueblo y le vende el metro cúbico de agua potable a 722 pesos en promedio, para que el municipio se encargue del resto.

Esto ha hecho, según varios alcaldes y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que los habitantes de estas poblaciones terminen pagando las tarifas más caras de Colombia. Esto, porque al pago que le hacen a Bogotá, deben sumarle distribución, mantenimiento de redes y alcantarillado. Al final, un usuario de estrato 1 termina pagando, sin los subsidios, entre 900 y 1.400 pesos el metro cúbico, casi lo que paga el estrato 4 en la capital.

Si bien esta venta también existe entre otras ciudades, la discusión se centra en Bogotá y Cundinamarca. A comienzos de año, la CRA produjo el borrador de una resolución para discutirlo y hay dos bandos enfrentados. Por un lado están 76 municipios de la región y la CAR, que enviaron sus comentarios. En ellos dejaron ver que la reglamentación sólo busca legalizar el monopolio de la EAAB sobre las fuentes de la sabana, en detrimento de los municipios. En el otro lado están Bogotá y Cundinamarca que, aunque tienen reparos, consideran que la reglamentación es una oportunidad para mejorar el pésimo servicio de agua de la mayoría de los habitantes de la región y permite organizar este recurso.

El punto más discutido es el precio que fijó la EAAB. Para la directora de la CAR, Gloria Lucía Álvarez, producir un metro cúbico en Bogotá vale entre 33 y 224 pesos, y la empresa les está facturando dos o tres veces más. Si bien el precio será revisado y las tarifas serán ajustadas, como advirtió el director de la CRA, José Francisco Manjarrés, detrás de esta polémica hay una disputa política. "A los alcaldes se les ha vendido la idea de que Bogotá se roba el agua de los municipios, la vende o la devuelve sucia, y se enriquece. Generar un metro cúbico vale 720 pesos, y eso es lo que cobramos al estrato 1 en la capital y a los municipios. ¿Por qué un pobre de Chía o Madrid tiene que pagar menos que un pobre de Bogotá?", dijo Édgar Ruiz, gerente de la EAAB.

Para cambiar esa percepción, el gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, y miembros de la administración Garzón, se reunirán con los alcaldes para buscar su respaldo a la resolución e integrar esfuerzos. La venta en bloque le representa a la EAAB 11.000 millones de pesos al año, insignificante frente a los dos billones de pesos de su presupuesto, pero muy importante para los municipios. Por eso, Bogotá creará con esos recursos un fondo que, junto a los que aporten la gobernación y los municipios, permitirá apalancar acueductos regionales como el que se está desarrollando el Tequendama.

Para solucionar las necesidades de La Mesa y Anapoima, estos municipios se asociaron con la EAAB en la creación de una empresa que manejará en estas poblaciones el acueducto y alcantarillado. La EAAB creó Aguas de Bogotá, para ingresar a otros mercados, con el fin no sólo de apalancar, en sociedad con las Empresas Públicas de Medellín (EMP), los nuevos acueductos en Cundinamarca, sino de llevar el servicio a los bordes de expansión de la capital.

Pero, para que esto sea posible, se requiere superar la guerra por reglamentar el agua en bloque, un tema que en el largo plazo podría ser de menor importancia, siempre y cuando todas las partes cedan en sus posiciones y encuentren un punto en común en el que todos ganen. Estas batallas sólo se debe dar por buscar que los habitantes de la región más poblada del país tengan unos servicios públicos de la mejor calidad.