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| 9/4/2000 12:00:00 AM

Por omisión

Según el juez militar, los oficiales Uscátegui y Orozco no actuaron para prevenir la masacre de Mapiripán.

Existe respaldo probatorio que lleva a establecer que la omisión que involucró al brigadier general Jaime Humberto Uscátegui y al mayor Hernán Orozco Castro, condujo a que las autodefensas ilegales produjeran varias muertes...”. Así sustentó su decisión el comandante de la Fuerza Aérea, general Héctor Fabio Velasco, en su calidad de juez penal militar, de convocar a consejo verbal de guerra al general Uscátegui Ramírez y al hoy teniente coronel Orozco.

El pasado 26 de julio el juez castrense ordenó la captura de los dos oficiales. El general Uscátegui, en libertad condicional desde el pasado noviembre, volvió a ser recluido en el Batallón de Infantería No. 38 ‘Miguel Antonio Caro’.

El general Velasco decidió que los militares respondan por los delitos de prevaricato por omisión y falsedad en documento público. Uscátegui como autor intelectual de la falsedad y Orozco como autor material del mismo delito.

La medida tiene que ver con irregularidades en la respuesta militar frente a la anunciada masacre de Mapiripán, en el Meta, en julio de 1997, en la que fueron asesinadas cinco personas y desaparecidas cerca de 50 por las autodefensas.

El juez militar no encontró indicios de que Uscátegui estuviera relacionado directamente con los homicidios y secuestros de los pobladores de Mapiripán —como lo insinuó la Fiscalía cuando tuvo la investigación en sus manos—. Pero sí fue contundente al reprochar la actitud del oficial y su subalterno. Dijo Velasco que el entonces mayor Orozco, encargado del Batallón ‘Joaquín París’ en San José del Guaviare, le advirtió al general Uscátegui, comandante de la VII Brigada con sede en Villavicencio, tanto telefónicamente como en un detallado y preciso documento de 10 puntos, el oficio No. 2919 del 15 de julio de 1997, sobre la presencia de hombres de autodefensas en Mapiripán. Agregó que la información del mayor era confiable, pues se la suministró el juez de Mapiripán Leonardo Iván Cortés. Le había contado a Orozco que habían llegado paramilitares al pueblo y que hubo retenciones y asesinatos de varios habitantes.

Según Velasco, Uscátegui no ha debido desatender la llamada y estaba obligado a disponer alguna operación militar para prevenir la masacre. “...dentro de sus funciones estaba la de comandar las tropas en jurisdicción de los departamentos de Guaviare, Meta y Vaupés para procurar, dentro de los alcances de su formación militar, velar por la seguridad de la población”. Sin embargo el general Uscátegui ha insistido en que no tomó decisión alguna porque Mapiripán no estaba dentro de su jurisdicción. Pero el juez militar dijo que no se entendería entonces, por qué sí envió tropas a la zona luego de la masacre.

El juez señaló que Uscátegui debió tener la agudeza mental y profesional para advertir lo denunciado por su subalterno. “Despreció su contenido sin una concienzuda confirmación de lo informado”. Y aseguró: “Ello denota una clara intención de no querer cumplir con sus obligaciones militares”.

Por otro lado, la falsedad tiene que ver con el documento enviado por Orozco a Uscátegui. Según el juez militar, como este documento dejaba mal parado a Uscátegui “no tuvo otra opción que indicarle a su subalterno, mayor Orozco Castro, que suscribiera otra versión que minimizara al máximo los hechos informados”. El nuevo fue reducido a cuatro puntos y remarcado con la misma radicación que el original.

El general Uscátegui ha respondido que sólo le aconsejó al mayor que ajustara su primer informe a la correspondencia militar. Sin embargo, al juez le “resulta inverosímil que un brigadier general le ‘recomendara’ o le ‘aconsejara’ a un mayor, segundo comandante de una unidad táctica, que ‘ajustara’ a la correspondencia militar un oficio”. Lo cierto, según las pruebas, es que el mayor, atendiendo la petición de su superior, cambió su informe inicial, variando sustancialmente la información de los habitantes de Mapiripán que describía cómo iba a ser la masacre.

En la próxima semana se practicarán nuevas pruebas y se convocará a un juicio público de los dos militares. Luego, el juez tendrá otros ocho días para evaluar las presentaciones y volver a citar a audiencia para dar su veredicto final. O acusa o absuelve. Si acusa, la pena podría ser de mínimo tres años de prisión para los dos delitos y máximo de 10 en el de falsedad.
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