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| 10/10/2015 10:00:00 PM

¿De qué acusa la Fiscalía a Álvaro Uribe y qué le puede pasar?

La solicitud del ente acusador de investigar al expresidente ha alborotado el avispero. De qué se trata el caso y qué posibilidades existen de que sea condenado.

El 22 de octubre de 1997 un grupo de paramilitares irrumpió en El Aro, un humilde caserío de Ituango en el norte de Antioquia. Según se supo años después, la idea era “borrar el pueblo” que por su ubicación geográfica en el corredor del Nudo del Paramillo, era una zona estratégica para la guerrilla. Cerca de 150 miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá llegaron al lugar y durante cuatro días torturaron y asesinaron a 15 personas, quemaron la mayoría de las viviendas, se robaron más de 1.000 reses y obligaron a desplazarse a los que quedaron vivos. Por esos hechos la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano en 2006.

El intento de vincular al expresidente €Álvaro Uribe con ese fatídico episodio no es nuevo. Según él mismo dijo en sus declaraciones en radio lleva varios años desmintiendo ese tipo de versiones.

En ese momento Uribe era gobernador de Antioquia y Pedro Juan Moreno era su secretario de Gobierno. Las versiones que los involucran en la masacre han salido en los procesos de Justicia y Paz en los que los paramilitares tenían que contar la verdad del conflicto armado a cambio de beneficios penales. De hecho, antes del testimonio de Don Berna, en dos oportunidades el Tribunal Superior de Medellín ya le había compulsado copias a la Corte Suprema para que investigara al expresidente.

La Corte Suprema anuló el primer proceso, y el segundo todavía está pendiente. Se trata de un fallo de febrero de 2015 contra Cuco Vanoy, uno de los responsables de esa masacre. En ese proceso una de las víctimas, Rosa María Posada, cuyo esposo fue torturado y asesinado, declaró que durante los días de la incursión paramilitar el helicóptero amarillo de la Gobernación sobrevoló la zona. La aeronave es importante para la investigación porque los abogados de las víctimas sostienen que llegaron por vía aérea los suministros que permitieron que el bloque pudiera permanecer los cuatro días que duró la masacre.

Hay un segundo testimonio. Uno de los autores de la masacre, el paramilitar Francisco Villalba, aseguró que además del helicóptero de la Gobernación, también sobrevolaba otro con Carlos Castaño. El comandante paramilitar sostuvo que él estuvo presente en una reunión entre “Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, Noventa, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando”. De todas las acusaciones esa sin duda es la más inverosímil.

El expresidente Uribe siempre ha negado esos hechos. Asegura que las acusaciones provienen de falsos testigos y que el CTI los desvirtuó con pruebas técnicas desde hace años. Agrega que ningún helicóptero de la Gobernación sobrevoló la zona durante esos días.

Un hecho que jugaba a favor del expresidente terminó por motivar la decisión de la Fiscalía de compulsarle copias esta semana. Villalba le había mandado una carta cuando era presidente en la que le pedía “perdón por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública” y se retractaba de su testimonio. En ese momento, el paramilitar se encontraba en la cárcel pagando una pena de 33 años. Según dijo se entregó a la Justicia por la culpa que sentía por lo que había hecho en El Aro. Sin embargo, una inesperada decisión judicial lo dejó libre y poco tiempo después fue asesinado delante de su hija y de su esposa.

El asesinato de Villalba se convirtió en una de las razones por las cuales la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema sobre ese caso. El 12 de agosto, una comisión de esa entidad fue a hablar con Don Berna a una cárcel de Miami. Según los audios de la diligencia, revelados por El Espectador, dijo que cuando él estaba preso en La Picota el abogado Sergio González lo visitó para que encontrara “la manera de que Villalba no continuara con sus declaraciones”. Agregó que tiempo después lo buscó también el fiscal Juan Carlos Goyeneche pues el ‘jefe’ necesitaba su ayuda, es decir silenciar a Villalba. El ‘jefe’, según Don Berna, era Álvaro Uribe. Dijo que ellos eran “más uribistas que doña Lina”, en referencia a la esposa del expresidente.

Según Don Berna, como conocía a Villalba y estaban en la misma cárcel, le pidió directamente cesar sus acusaciones contra el presidente. Villalba le contestó que él quería continuar para hacer catarsis por lo que pasó. Don Berna agregó que frente a esa negativa él contactó otro paramilitar, alias Pilatos, y le pidió declarar contra Villalba a cambio de una plata.

Sobre la carta y los testimonios de Villalba también hay controversia. Según una columna de Daniel Coronell, “Villalba le aseguró al periodista Arnulfo Méndez que esa carta no había sido escrita por él sino que otro preso (Chucho Sarria, el viudo de la Monita retrechera) era quien le había hecho firmar un papel en blanco”.

Don Berna dice que Villalba “era incómodo” y que por eso seguramente lo liberaron y lo mataron. Esa es la razón por la cual la Fiscalía no solo solicita investigar a Uribe por la masacre del El Aro, sino también por la muerte de Villalba y de un defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, quien habría alertado sobre los nexos de las fuerzas del Estado y el paramilitarismo en Ituango.

Sobre todo lo anterior vale la pena hacer algunas precisiones. La primera es que las acusaciones se refieren a hechos anteriores a que Uribe fuera presidente, por lo cual el fuero no lo protege. Lo que se está determinando es si cometió delitos cuando era gobernador de Antioquia.

En segundo lugar, buena parte de las acusaciones llevan más de 20 años circulando y ningún organismo le ha encontrado méritos suficientes para iniciar un proceso. Las versiones como la del helicóptero amarillo de la Gobernación sobrevolando la zona de la masacre, hasta ahora no han convencido. Nadie en su sano juicio pondría en evidencia la participación del gobierno departamental en un delito tan monstruoso y en una forma tan burda.

La novedad ahora es la última declaración de Don Berna. Este insinúa que podría haber una conexión entre la masacre de El Aro y la muerte del paramilitar Villalba con el expresidente Uribe. El problema es que si se tiene en cuenta que Uribe extraditó a Don Berna por seguir delinquiendo desde la cárcel y que por eso ahora está tras las rejas en Estados Unidos, su versión no puede ser ni desinteresada ni neutral. Como se refiere a hechos que sucedieron hace años lo lógico hubiera sido que los contara cuando se sometió al proceso de justicia y paz de los paramilitares en el cual se obtenían beneficios a cambio de la verdad.

En todo caso, aceptando que la compulsa de copias podría ser considerada un trámite de rutina obligatorio ante el nuevo testimonio de Don Berna, la fecha escogida es totalmente inoportuna. Al estar a 15 días de unas elecciones en las que el uribismo participa, podría interpretarse como una movida con interés político. Paradójicamente, al que menos daño le hace es al uribismo pues este puede presentar la solicitud de investigar a su jefe como la confirmación de la persecución judicial que siempre han afirmado tener. Esa victimización genera más solidaridad que rechazo.

Al otro que le hace daño esa polémica es al proceso de paz. En momentos en que la prioridad es que el uribismo lo considere aceptable, el anuncio del fiscal de que el expresidente podría ser investigado por el nuevo Tribunal Especial para la Paz es contraproducente. Le ha dado munición al Centro Democrático para denunciar que en La Habana se está negociando la impunidad para los guerrilleros y la cárcel para los uribistas. Ese planteamiento es fácil de entender para la opinión pública y le ha hecho más daño al proceso de paz que a Uribe.

Al expresidente de todas maneras no le va a pasar nada. Puede que le abran una investigación, pero esta no desembocará en nada. Ni jurídica ni políticamente sería viable acusarlo de responsabilidad en delitos así de graves. Si hubiera pruebas sólidas no habría podido llegar a la Presidencia ni habría durado ocho años en el poder. Su vida ha sido investigada una y otra vez por periodistas, ONG, la Justicia, el gobierno de Estados Unidos, etcétera, y a pesar de todos los cuentos, nadie ha podido probar algo suficientemente sólido como para descarrilar su carrera. El expresidente, quien sigue siendo uno de los principales protagonistas de la vida nacional, cinco años después de su salida de la Casa de Nariño, demuestra una vez más que el efecto teflón sigue intacto.
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