Por qué los antioqueños están divididos por la construcción del Túnel del Oriente

El anuncio del gobernador Luis Alfredo Ramos sobre el inminente comienzo de la construcción del Túnel de Oriente, de la que los habitantes de este departamento oyen hablar desde hace medio siglo, ha generado un alboroto en la región que no tiene precedentes recientes.

El debate alrededor de esta vía que conectaría a Medellín con el aeropuerto de Rionegro volvió a prenderse después de que el Consejo de Estado declarara en mayo la nulidad del proceso que tenía como fin parar el megaproyecto por razones ecológicas.

Y ahora, a tres meses de que se ponga la primera piedra, no solo existe ya una tutela y una denuncia penal en contra del proyecto, sino que el tema es uno de los polémicos de la campaña electoral. ¿Qué es lo que tiene esta obra que apasiona por igual a ambientalistas, políticos y empresarios?

El megaproyecto no solo es una de las principales banderas del gobernador Luis Alfredo Ramos. También lo fue de Álvaro Uribe Vélez cuando ocupó ese cargo. El expresidente otorgó en 1997 la licitación para la construcción de 14 kilómetros viales, que comprenden un túnel de 8 kilómetros. Por eso, no fue una sorpresa que el mismo exmandatario saliera a defenderlo. Hace algunos días, Uribe la calificó como una “necesidad urgente” para los antioqueños.
 
Algunos candidatos sienten que el túnel es un ‘mano a mano’ que anticipa lo que se vivirá en las elecciones de octubre. Los primeros que manifestaron sus criticas a la obra fueron Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo, quienes aspiran a la alcaldía de Medellín y la gobernación. Ambos consideran que ha faltado discusión y que no es una prioridad para el departamento. Gaviria se opuso a la construcción cuando fue gobernador y considera que “la mejor alternativa es una vía férrea que se conecte con el metro y que puedan utilizar todos los antioqueños, así no tengan carro particular”.

Un detalle que ha llamado la atención en la alta política antioqueña es que ese pulso también se vive por dentro del uribismo. El exministro Juan Gómez Martínez, quien es afín ideológicamente al expresidente, es uno de los principales opositores. En diferentes columnas en el periódico El Colombiano, propiedad de su familia y con una línea editorial cercana al uribismo, ha planteado sus dudas respecto a la conveniencia y la financiación de la obra, que costaría alrededor de 800.000 millones de pesos.

Al lado de estos pesos pesados, los 14.000 habitantes del corregimiento de Santa Elena dan una dura batalla. La comunidad siente temor porque la construcción del túnel, que pasaría 450 metros por debajo de sus casas, afecte la disponibilidad de agua.

Sus criticas se basan en uno de los estudios de impacto ambiental que señalan que se modificaría el caudal y el rumbo de ríos y quebradas. En Cornare, la autoridad ambiental del departamento, sostiene que estas afirmaciones se toman de frases sueltas del estudio y que tres conceptos distintos soportan la adjudicación de la licencia ambiental. Por eso, el colectivo de la reserva natural Monte Vivo, ha interpuesto una acción de tutela para frenar la construcción con el argumento de que el perjuicio al medio ambiente sería irreversible.

Esa última preocupación le ha dado la vuelta al país. Columnistas y ambientalistas han hecho eco de una carta que habitantes del corregimiento y líderes antioqueños le enviaron al presidente Juan Manuel Santos señalando que también está en juego la tradición de silleteros arraigada en la zona, reconocida como patrimonio cultural de la Nación. En otros escenarios también se ha sugerido que allí algunos dirigentes antioqueños tienen sus fincas de recreo y que entre ellos también existe temor por el daño a los bosques y el paisaje.

El problema es que ante las autoridades judiciales que definieron la situación, el debate no se resolvió con estos argumentos. La Concesión Túnel Aburrá Oriente, ganadores de la licitación para construir la obra pidió al Consejo de Estado que se declara nulo un fallo del Tribunal de Antioquia que paró su construcción por fallas en el estudio de alternativas ambientales.

Sin embargo, luego de más de 5 años de proceso, fue declarado nulo, no por el estudio ambiental sino por el hecho de que no se encontraron los recibos de Adpostal que comprobaban que tanto la gobernación como el concesionario habían sido notificados del proceso. Esos recibos desaparecidos son objeto hoy de una denuncia penal, pues los ambientalistas de la reserva natural Monte Vivo consideran que pudo existir mala fe en la inexplicable pérdida de esos comprobantes.

Ese fallo autorizó al gobernador Ramos para iniciar la construcción. Pero la indefinición sobre el fondo del debate, sumada a la campaña electoral que se avecina, hacen pensar que la polémica alrededor del túnel se seguirá prolongando.