Un Consejo duro de eliminar

A prueba de todo parece estar hecho el Consejo Superior de la Judicatura. En el 2012, el Gobierno impulsó la tristemente célebre reforma a la justicia que planteaba la eliminación de ese órgano jurisdiccional. La iniciativa fracasó y la entidad se mantuvo. En el 2015, el Ejecutivo y su coalición en el Congreso volvieron a intentarlo -con la reforma al equilibrio de poderes- sin poder conseguir hasta ahora el objetivo.

Aunque la reforma constitucional pretendía que las funciones administrativas de ese organismo dejaran de operar antes de terminar este año, el objetivo sigue sin alcanzarse. De hecho, cabe la posibilidad de que en el año que comienza tampoco se logre. Si la norma no pasa el examen ante la Corte Constitucional, la administración Santos habrá fracasado una vez más en su empeño de eliminar esa institución.

Desde hace años se viene hablando de la necesidad de eliminar el Consejo Superior. En el 2012, su existencia se volvió para muchos insostenible, debido a escándalos de supuesta corrupción y carruseles de pensiones en los que se vieron envueltos algunos de sus magistrados. De ahí la reforma a judicial que en ese entonces vislumbraba como uno de sus objetivos la disolución de la entidad.

El proyecto resultó siendo todo un desastre. El acto legislativo se convirtió en lo que muchos identificaron como un salvavidas orquestado por congresistas para salvarse de los líos judiciales en los que estaban implicados. Por eso, fue el propio presidente Juan Manuel Santos el que instó al Congreso a hundir lo que hasta ahora era un proyecto bandera de su administración. Hasta ahí la primera ‘salvada’ del Consejo Superior.

A pesar de fracasar en ese primer intento, el Gobierno estaba decidido darle sepultura al organismo judicial. Nunca ocultó sus intenciones y así se lo hizo saber a la opinión pública, a través de las tantas comisiones técnicas que conformó para reformar el poder judicial.

Luego de infinidad de debates inconclusos, el Ejecutivo encontró la oportunidad perfecta para concretar sus intenciones. Aprovechó el trámite en el Congreso de un acto legislativo que buscaba eliminar la reelección presidencial para, por esa vía, introducir las tan anheladas modificaciones a la justicia, entre ellas la disolución del Consejo Superior de la Judicatura.

Esta vez sí lo consiguió. En julio, la coalición del Gobierno anunció con bombos y platillos la aprobación del proyecto de equilibrio de poderes. La reforma constitucional no sólo le ponía punto final a la reelección inmediata del presidente, también desahuciaba a la más criticada de las altas cortes, que sería reemplazada por dos organismos distintos.

El Consejo de Gobierno Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina asumirían las funciones del Consejo Superior. El primero supliría las funciones de la Sala Administrativa y la segunda, la Disciplinaria. El objetivo era que las tareas administrativas de la saliente entidad empezaran a ser asumidas por el nuevo organismo antes de terminar este año.

El éxito de ese propósito dependía de que el nuevo Consejo de Gobierno estuviera conformado antes de finalizar el 2015. Pero ese cometido no se logró, debido a que el Consejo de Estado suspendió la elección de varios de los integrantes del nuevo órgano administrador de la rama, entre ellos la del representante de los jueces y magistrados y la de los tres expertos con asiento permanente en esta nueva célula.

Eso significa que, al menos hasta que se decidan esas demandas, el Consejo Superior de la Judicatura tendrá que seguir funcionando. Los meses que se tome el máximo tribunal de lo contencioso administrativo para resolver esos expedientes le darán vida, al menos transitoria, a la entidad, que se resiste a desaparecer.

Sin embargo, es la Corte Constitucional la que realmente tiene en sus manos el futuro de la atacada institución. Cuando examine la reforma al equilibrio de poderes determinará de si ese órgano jurisdiccional sigue operando o no.

Así las cosas, lo que queda del disminuido Consejo deberá tener ojo vigilante a lo que proponga Alejandro Linares. Al recién llegado magistrado corresponde elaborar la ponencia en la que se señale con claridad si es viable que el Consejo de Gobierno Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina reemplace a la entidad.