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Por qué el gobierno firma el tratado con EE.UU. sin pasarlo por el Congreso

A pesar de que el Consejo de Estado recomendó que el tratado fuera aprobado por el legislativo, el gobierno consideró que no es necesario porque no habrá tránsito de tropas extranjeras por el país y por eso lo suscribirá y lo hará público.

29 de octubre de 2009

Este viernes se firmará el polémico acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos. Luego de escuchar la recomendación de un comité interno del alto gobierno, conformado por los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Gobierno y el secretario jurídico de la Presidencia, el presidente Álvaro Uribe decidió no llevarlo a aprobación del Congreso, sino firmarlo directamente. 
 
El Consejo de Estado, en una mayoría apretada, había emitido un concepto según el cual, el gobierno debía llevar el tratado militar, por el cual el gobierno colombiano permite al estadounidense usar bases militares en varios sitios del territorio nacional, al Congreso para su aprobación.
 
Según explicaron a Semana.com, fuentes del gobierno, el tratado es explícito en afirmar que su objetivo y todas las operaciones que se emprendan están destinadas a la seguridad interna colombiana.
 
Ante la pregunta de qué aspectos de las cercanas relaciones militares colombo-estadounidenses que ya existen van cambiar tanto como para que amerite firmarse un nuevo tratado, una fuente del ministerio de Defensa aseguró que se va a operar en áreas donde nunca se había operado  y además se van a compartir unos equipos sofisticados que no estaban incluidos en los acuerdo signados bajo el paraguas del llamado Plan Colombia y sus adiciones que están en desarrollo en el país desde el 2000.
 
En declaraciones radiales, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, aseguró que una vez firmado el documento, el Ejecutivo lo entregará a las comisiones de Relaciones Exteriores de Cámara y Senado de su país. Esto no significa, según constató Semana.com, que el gobierno de Obama vaya a presentar el tratado a aprobación a su Congreso, sino que se trata de una simple movida protocolaria por la cual todos los tratados que firme el Ejecutivo estadounidense se los da a conocer a las respectivas comisiones legislativas. 

La firma del acuerdo está programada para este viernes en una ceremonia privada en la que participarán el embajador de Estados Unidos, el Canciller Jaime Bermúdez y otros altos funcionarios del gobierno colombiano.
 
Esta información se conoció al término de una reunión que sostuvieron el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, y el canciller Bermúdez con los presidentes de la Cámara de Representantes, Edgar Gómez, y del Senado de la República, Javier Cáceres. Los congresistas se mostraron conformes con las explicaciones.
 
"Como ciudadano colombiano todo lo que ayude a vencer el terrorismo y los grupos al margen de la ley considero que debe ser bien visto", afirmó Gómez al término de la reunión.
 
Valencia Cossio, resaltó que el propósito del acuerdo es ratificar la colaboración existente entre los dos gobiernos para combatir el narcotráfico y el terrorismo.
 
Según dijeron fuentes del alto gobierno, el tratado será publicado para evitar suspicacias, tanto en Colombia como en los países vecinos, que expresaron su preocupación de que el nuevo tratado de cooperación pudiera ser utilizado por el poderío militar estadounidense para intervenir en los asuntos internos de algunos países de la región.
 
A pesar de las múltiples explicaciones que ha dado el gobierno Uribe acerca del alcance estrictamente interno que tiene este nuevo pacto militar, aún queda en el aire la idea de que éste hace parte de los planes estratégicos de seguridad de Estados Unidos en el mundo, entre los cuales una preocupación cierta es la creciente beligerancia del gobierno de Venezuela, y su peligrosa estrategia de estrechar vínculos con Irán, un país con relaciones especialmente ásperas con la potencia del norte.
 
Sin embargo, si en efecto, como lo anunciaron, el tratado se hace público, podrá ser sujeto de discusión y de vigilancia por la opinión colombiana y latinoamericana.