¿Por qué el hijo del magistrado Alfredo Gómez implicado en caso AIS denunció a testigo?

Julián Gómez, hijo del magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Alfredo Gómez, está detenido desde el pasado 9 de abril. Él fue acusado por la Fiscalía como presunto responsable del delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Su actuación, según el ente acusador, se produjo dentro del penoso escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), programa del que fue director.

Y aunque han sido varios los testimonios que han enviado a prisión a exfuncionarios del ministerio de Agricultura (desde el exministro Andrés Arias hasta al propio Gómez), hay uno en particular que causa mayor incomodidad. Se trata del exdirector de desarrollo rural del ministerio de Agricultura Javier Romero, cuyas declaraciones han sido clave en los procesos judiciales por el caso AIS, y a quien Gómez denunció penalmente por el delito de falso testimonio.

Semana.com tuvo acceso a la denuncia en la que señala en cuáles puntos es "contradictorio" el testimonio de Javier Romero (quien goza del beneficio de principio de oportunidad). Según la demanda no es cierto que, como lo asegura Romero, entre el 7 y el 9 de enero del 2008, Gómez le hubiera llevado documentos para que con su firma sirvieran de soporte para la suscripción de uno de los convenios entre el ministerio de Agricultura, el INCODER y el IICA.
 
Según Gómez él se encontraba fuera del país desde el 27 de diciembre del 2007 hasta el 12 de enero del 2008. El registro de entradas y salidas del país de su pasaporte son su soporte para argumentarlo.

En ese mismo sentido desvirtúa que, como Romero dice, le haya pedido que firmara dichos documentos por orden del viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, pues este "solo asumió dicho cargo a partir del 2 de enero del 2008, y yo estuve fuera del país desde antes de la posesión del señor Salazar Rueda como viceministro de Agricultura", señala el documento.

Y es que la aparente incongruencia con las fechas en que Romero hace mención de Gómez y los días en que él se ausentó en el país pondría en evidencia, según este último, cómo el testigo está faltando a la verdad.

Los hechos relatados por Gómez en la denuncia fueron puestos en conocimiento de la juez 56 penal con función de garantías en la diligencia de solicitud de medida de aseguramiento. Además se le solicitó la compulsa de copias para que se investigaran las conductas punibles en las pudo haber caído Romero.

Sin embargo, la decisión de la juez fue la de no acceder a la solicitud, debido a que en esa instancia no se contaba aún con las pruebas. Estas serían valoradas por el juez de conocimiento. Por eso, antes de que se llegue a dicha instancia Gómez decidió formular la denuncia y disponerse a ampliarla si las autoridades así lo requieren.

Hasta ahora se desconoce el efecto que en Romero pueda tener la denuncia de Gómez. Sin embargo con la acción de este se abre un nuevo capítulo dentro del escándalo de AIS, por el que el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y su ex viceministro Juan Camilo Salazar están detenidos mientras avanzan los procesos en su contra.

Los aportes de Gómez al caso AIS

Un informe publicado por SEMANA en junio del 2011 reveló que Julián Gómez entregó 58 correos electrónicos para demostrar que como abogado solo hizo borradores de documentos que eran modificados y aprobados por el jefe de la Unidad Coordinadora del AIS y otros superiores. Además se señaló que Gómez habló ante la Procuraduría un día entero y sustentó sus afirmaciones con decenas de e-mails. Hizo lo propio ante la Fiscalía. Una semana después regresó al Ministerio Público, amplió su relato y explicó en detalle cada correo aportado.

Los correos evidenciaban que algunos de los contratistas de bajo rango no solo tenían muy poca capacidad decisoria en la entrega de los subsidios y la contratación del programa, sino que propusieron hacer las cosas de otra manera a como lo hicieron los altos mandos del Ministerio de Agricultura cuando estalló el escándalo.

Julián Gómez, contratado por el IICA para trabajar en la Unidad Coordinadora del AIS en la elaboración de documentos, redactó el primer borrador de lo que sería la convocatoria al programa de subsidios del 2008. Gómez atendió al campanazo de alerta lanzado por Econometría e integró las recomendaciones de la firma en los requisitos (términos de referencia) para concursar por los subsidios. Proyectó topes para los subsidios según el tamaño del productor y, además, incluyó una variable para que la contrapartida que debía poner el productor también estuviera atada al tamaño del mismo.

De esta forma, los pequeños podrían pagar buena parte de la contrapartida con mano de obra, asegurando así su inclusión frente a los grandes, que no tendrían inconveniente en girar el valor de la contrapartida y acapararían el grueso de los subsidios.

Del trabajo de Gómez y de otros profesionales de la Unidad de Coordinación dan cuenta decenas de los correos en poder de las autoridades. Los investigadores tienen también las respuestas que recibieron los profesionales de sus superiores, en las que se ve que los ajustes propuestos fueron anulados y, al final, la convocatoria 2008 no atendió las mencionadas recomendaciones. Lo que ocurrió es lo que todo el país sabe: poderosas familias de la costa presentaron proyectos amañados y se hicieron con multimillonarios subsidios.

A lo largo de sus declaraciones, Gómez explicó que la Unidad Coordinadora del AIS, donde se desempeñó, es una estructura enlace entre el Ministerio y el IICA. Aclaró que su trabajo cumplió las directrices del jefe de esa unidad, Iván Fernando Esteban, quien a su vez obedecía al ministro y al viceministro de Agricultura. "El ministro (Andrés Felipe Arias) le impartía las instrucciones al director de la Unidad Coordinadora de manera verbal, bien fuera en las reuniones de gabinete o en otro tipo de reuniones", declaró.

Cuando la Procuraduría le preguntó a Julián Gómez "quién determinó los posibles beneficiarios del programa AIS", respondió: "Las condiciones en que se realizarían las convocatorias públicas de riego del programa, entre las cuales se encontraban los potenciales beneficiarios, eran definidas por el Ministerio de Agricultura".

Gómez explicó ante las autoridades que la convocatoria para el 2009 se estaba preparando con una variación significativa. Estaría enfocada en apoyar solo proyectos asociativos, no individuales. Esto a fin de beneficiar más familias y lograr mayor impacto social. Sin embargo, luego de enviar a los superiores los borradores de los términos de referencia, estos fueron devueltos con la orden proveniente del Ministerio de que se incluyeran también los proyectos individuales.