Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2015/09/11 07:00

¿Por qué la venta de Isagén es legal?

El Consejo de Estado estimó que esa decisión del Gobierno no ponía en riesgo el patrimonio de la Nación.

¿Por qué la venta de Isagén es legal? Foto: Archivo particular

El Consejo de Estado ofreció un espaldarazo de legalidad a la operación de venta de la participación de la Nación en Isagén, por considerar que se trataba de un proceso que no ponía en riesgo los activos del Estado.

A su juicio, el procedimiento se acogió a las exigencias que la Constitución ordena dentro de la venta de la participación de la Nación en determinada empresa.

La norma, que además exige permitir que los probables compradores puedan disputarse la adquisición de las acciones democráticamente, fue desarrollada por el Congreso en 1995.

Al analizar los postulados de esa ley, que rige desde hace 20 años, la corporación concluyó que el programa metodológico de la venta elaborado por el Ministerio de Hacienda se acogió a ellos.

Además, expresó que tampoco es probable que se afecte la continuación en la prestación del servicio y ponderó la actuación del Gobierno al enviar el programa de enajenación a la Defensoría del Pueblo, comunicárselo al Congreso y fijar el precio.

Lo anterior, pese a las objeciones de la Procuraduría, que consideraba que la valoración de la acción en moneda nacional y no en divisas podría privar a la Nación de obtener los réditos a esperados en un escenario de apreciación del dolar como el actual.

Frente a la democratización que se exige de este tipo de procedimientos, la sala anotó que esta se evidencia en las más de 1'400.000 acciones que pudieron adquirir los destinatarios especiales.

Aunque la ponencia de 100 páginas fue avalada después de una discusión que no superó las siete horas, el magistrado Jorge Octavio Ramírez, uno de los cuatro debatientes, salvó el voto parcialmente.

Sus reparos surgieron precisamente por estimar que se restringía la posibilidad de que personas naturales del grupo de destinatarios especiales pudieran ser compradores de las acciones.

Dado que el Gobierno se había impuesto un plazo para la venta que originalmente vencía el 24 de septiembre, el Consejo de Estado restituyó ese lapso de cuatro meses y 10 días para culminar el programa de enajenación.

Lo anterior debido a que entre las medidas cautelares que tuvieron frenado el negocio se estableció una suspensión del decreto que fijaba los límites temporales para llevar a feliz término el proceso.

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