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| 6/22/2011 12:00:00 AM

¿Por qué no pasará nada en el proceso contra Uribe en la Comisión de Acusaciones?

Los antecedentes de la comisión, sus integrantes, el diseño institucional y la naturaleza del proceso anticipan el fracaso de la investigación, según analistas. La comisión pide que le den la oportunidad de quitarse el "estigma histórico".

La investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación en las interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS no va para ninguna parte en la Comisión de Acusaciones.
 
“No pasará nada”, esa es la conclusión a la que llegan analistas políticos y jurídicos consultados por Semana.com.
 
Al finalizar la semana pasada, el exmandatario asistió a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para rendir su versión libre. Esa diligencia hace parte de las garantías procesales que tiene un investigado. No obstante, fue el exmandatario quien pidió que escucharan su testimonio, después de que la fiscal Viviane Morales expuso en qué consistió el “complot” contra la Corte Suprema de Justicia y del cual no sale bien librado su gobierno. Al final, Uribe no pudo hablar, pues la parte civil recusó a algunos representantes y la versión terminó convertida en un show mediático, como lo calificaron varios columnistas.
 
Son al menos cuatro las razones por las que el proceso está condenado a fracasar, incluso, desde antes de que se abriera. Primero, porque la historia de los procesos ha sentado malos precedentes; segundo, porque los integrantes de la Comisión de Acusaciones no están a la altura de las circunstancias; tercero, porque el diseño institucional está entrabado para hacer justicia en esos casos, y cuarto, porque la naturaleza del proceso es eminentemente política.
 
Los antecedentes
 
Para el politólogo y profesor de la Universidad del Valle Javier Duque, “en general, esa comisión ha sido inoperante y quienes están encargados de las investigaciones, tras sucesivas renuncias, han sido cuestionados”, dijo.
 
En el mismo sentido, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez indicó: “Convertir a los congresistas en jueces, cuando no tienen formación ni dedicación, ni actitud de jueces, ha demostrado en la historia de Colombia que no tiene consecuencias reales”.
 
Y es que ninguna de las denuncias que se han hecho allí ha concluido en un fallo condenatorio. Las pocas que se han investigado de manera juiciosa han terminado en preclusión, absolución o con fallo inhibitorio. Por eso, con ironía, hay quienes la llaman la "Comisión de Absoluciones".
 
El caso más sonado de los últimos años fue el fallo inhibitorio que dictó, cuando Heyne Mogollón presidía la Comisión, en la investigación contra el entonces presidente Ernesto Samper, durante el proceso 8.000. Han pasado 17 años desde ese proceso y, sin embargo, la posibilidad de que algún día una de las investigaciones de esa comisión llegue a buen puerto es remota.
 
No obstante, el presidente de la comisión, Héctor Javier Vergara, defendió el papel que ha jugado la célula legislativa. “En esta legislatura, pese a sus problemas estructurales y técnicos, se aprecia la voluntad de ejercer con diligencia la función judicial”, dijo.
 
Para Vergara, la comisión ha “desempolvado” algunos procesos, cumplido con los términos del caso de Uribe y garantizado el debido proceso.
 
Los integrantes
 
A diferencia de otros países donde las comisiones de investigación del Congreso son técnicas y cuentan con preparación, los integrantes de la Comisión de Acusaciones en Colombia no tienen como requisito ser abogados.
 
Además, la actual Comisión de Acusaciones está integrada por 15 representantes: cinco del Partido de La U, tres conservadores, dos de Cambio Radical, uno del PIN, uno de las negritudes (exmiembro del PIN) y tres liberales. Es decir, la mayoría pertenece a los partidos que integraron la coalición uribista en el pasado.
 
Y, como lo recordó Duque, la imparcialidad de sus miembros está en entredicho no solo por cuenta de su filiación política, sino por sus opiniones personales.
 
Por ejemplo, el representante Augusto Posada, del Partido de la U, tuvo que marginarse del proceso pues fue recusado por la exsenadora Piedad Córdoba (parte civil en el proceso). Posada había demandado a Córdoba por traición a la patria, además es conocida su cercanía con el exmandatario. Y Alfredo Bocanegra, conservador, declinó tras ser recusado por el abogado de Uribe, Jaime Lombana, por haber opinado que “Uribe no iba a tener en él al Heyne Mogollón que tuvo Samper”, haciendo referencia a quien supuestamente contribuyó a la exoneración del expresidente liberal.

A esto se suma el hecho de que el representante de Cambio Radical designado investigador, Camilo Andrés Gil, tuvo que renunciar por amenazas en su contra, y que congresistas como Yahir Acuña, el nuevo investigador de Uribe, tienen una investigación por parapolítica, entre otros cuestionamientos (ver nota).
 
No obstante, Vergara considera que “la comisión merece la posibilidad de que se le quite ese estima histórico. La gente puede esperar un proceso transparente y legítimo”. El presidente de la Comisión de Acusaciones hizo énfasis en el hecho de que los tres investigadores no pertenecen a partidos de la "Unidad Nacional”.

El diseño institucional
 
La Comisión de Acusaciones tiene la función de investigar al presidente de la República, al fiscal y a los magistrados de las altas cortes. La Cámara en pleno decide si acepta o no la acusación, en caso de que una investigación en esta comisión prospere. El Senado, finalmente decide si sanciona o no al acusado.

“Nosotros tenemos presidente sin responsabilidad no porque sea irresponsable, sino porque no tiene ante quién responder. Y también tenemos magistrados de las máximas cortes no responsables porque el Congreso no funciona como controlador político de esos funcionarios”, explicó el constitucionalista Juan Manuel Charry.

En su criterio, el hecho de que la Constitución de 1991 haya imbricado las funciones de control, pues la Corte Suprema de Justicia juzga a los congresistas y los representantes juzgan a los magistrados, fue un desacierto en el diseño institucional que deriva en la politización de la justicia.
 
A esto se suma el hecho de que la figura presidencial sea tan fuerte en un régimen presidencialista, lo cual hace que el Congreso esté a su servicio, “a cambio de favores”, cuando este goza de popularidad.

Para el constitucionalista Jaime Castro, el Congreso, que es político, no debe tener funciones judiciales. “El Congreso no debe ejercer funciones judiciales. Eso de que el Congreso juzgue a los altos dignatarios fue válido en el siglo XIX, pero hoy no”, dijo.
 
Por esta razón, así la Comisión de Acusaciones sea reforzada con investigadores técnicos y recursos para investigar —que es lo que han reclamado algunos congresistas para fortalecer el organismo—, en su criterio, no hay garantía del cumplimiento de su deber.
 
Es un proceso político
 
Hay quienes consideran que el proceso contra el expresidente Uribe es eminentemente político, no judicial. Por ejemplo, el exfiscal Gómez considera que esa razón es la que condena al fracaso el proceso porque los congresistas asumen una posición de acuerdo a su filiación política, no a sus conocimientos jurídicos.
 
En el caso de Samper, recuerda Gómez Méndez, quienes pertenecían a la oposición estaban en su contra, y quienes lo apoyaron, a su favor. “Lo mismo ocurrió en el caso de Rojas Pinilla, quien fue el único caso de sanción en el Congreso. Los dirigentes del Frente Nacional, que eran sus enemigos, lo condenaron porque hicieron una mayoría”.

“Los congresistas no pueden asumir papel de jueces”, dice Duque. En su criterio, se debería crear un tribunal con magistrados con segunda instancia que se encargue de juzgar al Presidente, a los magistrados y otros altos dignatarios”.

Gómez ha sugerido que una reforma a la justicia debe considerar la posibilidad de que al presidente lo investigue el fiscal general de la Nación o un fiscal especial, y que una Corte ad honorem lo juzgue. “La decisión de abrir o no una investigación podría pasar por el Congreso, pero no el proceso”, agregó.

Por su parte, Charry considera que un juicio contra un presidente siempre será político. Para él, la creación de un tribunal superior para juzgar al presidente podría terminar en un golpe de Estado. El constitucionalista considera que el problema es que el Congreso colombiano ha sido débil y la política se ha visto disminuida gracias al clientelismo, mientras en otros países el sistema de control político ha funcionado.

“En Colombia hemos desprestigiado la política a favor de la figura presidencial. La hemos desprestigiado patrocinando la antipolítica. Y el sistema ha quedado en manos de congresistas que reciben votos y pagan favores”, argumenta.

En su análisis Uribe ante la Comisión de Acusaciones, el director deRazonpublica.com, Hernando Gómez Buendía, argumentó varias razones por las cuales considera que el proceso contra el exmandatario “será una farsa”.
 
“En el caso remoto de pasar a plenaria de la Cámara, o el todavía más lejano de llegar al Senado, el show sería cada vez más sofisticado y las presiones subterráneas que sabemos se irían volviendo más y más titánicas”, aduce. En el fondo, su argumento se refiere a como funciona la política colombiana.
 
Desde la otra orilla, el exrepresentante Nicolás Uribe argumenta que hay un sector interesado en que la investigación en la Comisión de Acusaciones fracase. “Eso es lo que algunos, con entusiasmo, quieren que suceda. Ellos quieren convertir eso en un proceso inocuo para decir que no hubo justicia y llevar el caso a instancias internacionales. Pero dígame: ¿qué proceso tiene el expresidente por delitos de lesa humanidad? Es obvio que hay un grupo de personas que están interesadas en judicializar sus logros”.
 
¿Qué va a pasar?
 
En caso de que la investigación no arroje resultados convincentes ni a favor ni en contra del exmandatario, para Charry, “se abre la posibilidad de que las víctimas acudan a la justicia internacional”.

El abogado explica que las víctimas podrían acudir eventualmente ante la CIDH o la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y se podría abrir un proceso por responsabilidad del Estado, y, excepcionalmente, otro ante la Corte Penal Internacional (CPI), por la responsabilidad individual del exmandatario.

No obstante, las instancias internacionales solo actúan en caso de que quede demostrada la inoperancia de la justicia en Colombia. Además, instancias como la CPI reciben casos por delitos de lesa humanidad, y el espionaje ilegal puede ser tipificado como una violación a los derechos humanos, pero difícilmente cabe en esa categoría.

Por esta razón, Castro considera que un proceso ante instancias internacionales no prosperará, porque “formalmente, aunque sea una caricatura, el Estado habrá actuado. Además, los delitos no son de lesa humanidad”.

¿Uribe pierde?

“Uribe pierde, pues ya está recibiendo la sanción de la opinión, que es política”, argumenta Duque. En su criterio, pese a que este proceso demostrará una vez más la debilidad de la comisión, la opinión pública terminará pasándole la cuenta de cobro a Uribe.

“De un lado, porque lo investiga una comisión desprestigiada y al final va a quedar la estela en la opinión de que no se dio un proceso real de acusación. Y de otro, porque se viene una fuerte campaña internacional en su contra, que ya comenzó a actuar”, dijo Duque.

El politólogo se refiere a tres hechos: al exmandatario no le renovaron el contrato en la Universidad de Georgetown (EE.UU,), donde fue duramente criticado por grupos defensores de derechos humanos; tuvo que renunciar a dictar clase Escuela Nacional de Ingenieros de Metz por las protestas de grupos de izquierda, y en no pocos países a los que ha viajado ha sido recibido por manifestaciones sociales en su contra, a pesar de que es bien recibido por las delegaciones oficiales.

No así lo cree el excongresista Uribe, para quien el expresidente es una figura internacional importante. “No solo por las invitaciones que recibe a foros prestigiosos y de las más importante audiencia, sino por las ofertas económicas que le hacen por expresar sus ideas”, dijo.

En su criterio, las protestas “son de la misma gente que sale a protestar en contra del G8 o en la visita del presidente de Estados Unidos a cualquier país, personas alineadas con la izquierda y, en muchos casos, simpatizantes de la guerrilla”.

Sin embargo, de un proceso político, en una instancia política en la cual los argumentos que se exhiben a favor y en contra pasan por ese tamiz, no se puede esperar una justicia imparcial. El problema es que está en juego la imagen de las instituciones colombianas y la del propio Uribe.
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