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| 7/25/2015 10:00:00 PM

¿Por qué nunca encarcelaron a Londoño?

Ignacio Londoño fue acusado de ser un hombre clave en el magnicidio de Álvaro Gómez. ¿Qué explicación tiene que la justicia nunca haya actuado contra él?

Ignacio Londoño Zabala era el verdadero delfín de Cartago. No solo su padre, Ignacio ‘el Tigre’ Londoño,  había sido toda la vida el jefe político liberal del norte del Valle, sino que su madre, Jesusita Zabala, fue tan importante como su marido por su condición de líder social, alcaldesa de Cartago y representante a la Cámara.  Por esto, todo político liberal que necesitaba votos en esa zona tenía que contar con esa dinastía.

Nacho, el mayor de los dos hijos, por lo tanto creció viendo desfilar por su casa a todos los candidatos a la Presidencia, al Senado y la Cámara que necesitaban trapo rojo en esa región del país. El niño resultó precoz y muy inteligente. Pero como el norte del Valle era el epicentro de toda la realidad colombiana de los años ochenta en adelante, a la batalla electoral se le sumaban la de los narcotraficantes, los paramilitares y los guerrilleros. En muchas partes del país confluían esos fenómenos, pero en ninguno en forma tan intensa como la que se vivía ahí.

Si Ignacio Londoño padre era el Tigre, como dice el refrán, “el hijo salió pintado”. Eso significa que el tigrillo acabó convirtiéndose en el hombre clave del cruce de todos esos mundos. En teoría era abogado, pero el verdadero servicio que prestaba era solucionar problemas. Como todos tenían problemas con la justicia o por guerras internas, el que hacía la vuelta era él. Su efectividad se basaba en que tenía dos patas: una en el mundo de la delincuencia por conocer a todos en su región y la otra en el establecimiento por sus nexos heredados con la clase política en Bogotá.

Con 150 kilos de peso, una personalidad aparentemente bonachona y la sagacidad de un zorro, acabó teniendo entrada no solamente al Congreso, sino a casi todos los estamentos del Estado. Lo recibían con familiaridad en los ministerios, en la Fiscalía, en el Ejército, en la Policía, en las cárceles y hasta en la DEA.  Y entre sus clientes estuvieron los Rodríguez Orejuela, Víctor Patiño Fómeque, Iván Urdinola, los Henao, los Grajales, don Diego,  el Alacrán, Jabón, Rasguño y muchos otros. 

A todos los bandos les hacía favores. A los políticos les entregaba plata, a la Fiscalía y a las autoridades les daba información, a los narcotraficantes y a los paramilitares les conseguía negociación con Estados Unidos,  y así sucesivamente. Tuvo dos momentos de gloria. En 2001 reunió a los 50 capos más importantes del país con Carlos Castaño en la finca El Vergel cerca de Cartago, y los convenció de entregarse en bloque a las autoridades norteamericanas. Como aceptaron, tuvo lugar una segunda reunión de ese mismo grupo sin Castaño en un hotel en Panamá con representantes de la DEA que entrevistaron a cada uno de los narcos a ver qué tenían que ofrecer y qué pedían a cambio. Ese desmonte  masivo del narcotráfico fracasó cuando los gringos se enteraron de que los intermediarios estaban recibiendo enormes sumas de dinero ilegales de los capos.

Su vida se complicó cuando uno de sus antiguos clientes, Rasguño, se convirtió en su enemigo a muerte. En una declaración hecha en 2010, afirmó que Ignacio Londoño fue el mensajero que Ernesto Samper y Horacio Serpa le enviaron al jefe del cartel del Norte del Valle, Orlando Henao, para que asesinara a Álvaro Gómez Hurtado, quien se había convertido en un feroz crítico de la narcofinanciación de la campaña.

A este mensaje inicial se le fueron sumando arandelas. Se supo que un grupo de civiles y militares se estaban reuniendo para discutir la posibilidad de un golpe de Estado. Después de este se establecería una junta cívico-militar presidida por Álvaro Gómez, cuyo primer acto de gobierno sería extraditar a todos los capos. El cuento del golpe de Estado tenía cierto sustento. Las evidencias que sustentaban esa hipótesis habían sido  encontradas por las autoridades en la casa del dirigente conservador Romel Hurtado, un hombre muy cercano a Álvaro Gómez.  En ese allanamiento se encontraron 34 documentos que confirmaban contactos en ese sentido entre militares y civiles antisamperistas. Entre los nombres estaban el historiador santandereano Hugo Mantilla y los militares retirados Luis Urbano Sánchez y Gustavo Castro.  El documento clave se titulaba ‘Acto de Poder Constituyente’ e incluía como primer punto el nombramiento de una junta cívico-militar que sería encabezada por Álvaro Gómez y como segundo el restablecimiento de la extradición para los capos del narcotráfico.

Según Rasguño, ante ese peligro, el cartel del Norte del Valle e Ignacio Londoño fueron instrumentales en el asesinato de Gómez Hurtado para evitar que el gobierno de Ernesto Samper se cayera. La familia del asesinado líder acogió esa teoría y desde ese momento ha trabajado incansablemente para que la Fiscalía actúe no solo contra Londoño sino también contra Samper y Serpa.

Con motivo del asesinato de Londoño la semana pasada, los Gómez han expresado su indignación ante la impunidad del magnicidio de su patriarca y su resignación a que nunca se llegará a saber la verdad o a condenar a los culpables. Enrique Gómez, sobrino del  inmolado líder, tiene un conocimiento enciclopédico del caso que refleja con gran convicción en cada una de sus intervenciones.  La vehemencia con que tratan el tema ha tenido impacto ante la opinión pública.

Sin embargo, a nivel del mundo de la política o el de la Fiscalía, nadie le ha dado credibilidad a la teoría de que Ernesto Samper u Horacio Serpa mandaron a asesinar a Álvaro Gómez. Entre los políticos esta convicción obedece al conocimiento personal que  tienen del expresidente y de su entonces ministro. Y en la Fiscalía por el conocimiento que tienen de las mentiras de Rasguño. Para comenzar, en el libro de Carlos Castaño titulado Mi confesión, el jefe paramilitar afirma que el más interesado en matar a Álvaro Gómez era el propio Rasguño.

Además de esto, el extraditado capo en declaraciones ante la Fiscalía ha asegurado que Alfonso Valdivieso, el primo de Galán que siendo fiscal trató de tumbar a Ernesto Samper por el proceso 8.000, era ficha del jefe del cartel del Norte del Valle, Orlando Henao, el temido ‘hombre del overol’. Agregó que lo habían comprado regalándole un Mazda 626.  De Alfonso Gómez Méndez dijo que la mafia había hecho una vaca de 1.500 millones de pesos para aceitar el lobby que requería elegirlo y que este en reciprocidad “me quitó unas ordencitas de captura que yo tenía”.

Siempre argumentó que él era el dueño de la Fiscalía e incluyó a Luis Camilo Osorio y a Mario Iguarán entre los que estaban alineados con él.  Y sobre el constitucionalista José Gregorio Hernández manifestó que este había sido su asesor jurídico. La mayoría de esos señalamientos son demostrablemente absurdos. Muchos de los acusados lideraron la guerra contra el narcotráfico y concretamente contra el cartel de Rasguño.

Lo anterior no significa que Ignacio Londoño fuera un ángel de la guarda. Algunos tratan de comparar su papel con el de Alberto Giraldo, quien fue el relacionista del cartel de Cali, pero Nacho iba más lejos. Prácticamente no había un solo sector de la criminalidad nacional de la cual no fuera intermediario. Además del testimonio de Rasguño contra él, otros mafiosos lo han acusado de haber participado en el asesinato de Gómez y de otras personas.

Ante este prontuario ha desconcertado e incluso generado indignación en algunos sectores que la Fiscalía nunca lo haya acusado formalmente de nada. Tan es así que cuando lo mataron estaba a punto de ser elegido alcalde de Cartago. Durante la actual Fiscalía fue llamado a declarar dos veces, pero la conclusión fue que salvo las declaraciones de algunos narcos, nunca se pudo obtener evidencias de más peso para vincularlo formalmente a algún proceso. Y a esa conclusión no llegó solamente Eduardo Montealegre, sino los fiscales anteriores, pues Nacho llevaba más de 20 años ejerciendo.

Una explicación más lógica de por qué nunca fue acusado es que si se le daba credibilidad a la denuncia de Rasguño, de que Londoño había sido el intermediario de Samper y Serpa en el asesinato de Álvaro Gómez, tocaba darle la misma credibilidad a que estos dos habían sido los autores intelectuales del magnicidio. Y en la Rama Judicial y la Fiscalía, al igual que en la clase política, nunca se ha tomado en serio esa posibilidad. La familia Gómez, indignada, considera que se trata de una solidaridad de cuerpo por parte de un establecimiento cómplice que no quiere que se sepa la verdad. La contraparte considera simplemente que no es verdad.
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