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| 8/10/2015 8:12:00 PM

¿Por qué Ordóñez encausó otra vez a Petro?

El pliego de cargos de la Procuraduría, conocido por Semana, señala al alcalde de Bogotá de ‘pasarse por la faja’ al menos siete normas.

El anuncio en el que la Procuraduría General dictaba por segunda vez pliego de cargos en contra del alcalde Gustavo Petro por expedir un decreto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no cayó bien en la Alcaldía Mayor de Bogotá y obligó a una reunión de urgencia encabezada por el mandatario local; la secretaria general, Martha Lucía Zamora, y los abogados del despacho.

La primera vez que se suscitó algo similar terminó en destitución e inhabilidad de Petro por 15 años para ejercer cargos públicos, por cuenta del lío de las basuras. Tal decisión fue suspendida y se espera una decisión de fondo por parte del Consejo de Estado, lo que -por lo pronto- significa que el alcalde terminará su período.

La reunión de este lunes tenía un propósito: diseñar la estrategia para contrarrestar la nueva investigación del Ministerio Público luego de que esa entidad de control determinó que el alcalde habría desconocido la normatividad y la decisión del Concejo de Bogotá que en la sesión ordinaria del 7 de junio del 2013 negó el proyecto de acuerdo del POT.

La formulación de cargos provino del propio despacho del procurador Alejandro Ordóñez. Tal vez por eso, el alcalde lanzó un trino en el que no sólo dejó ver que está interesado en ser candidato presidencial, también que considera que esta es una estrategia del jefe del Ministerio Público para sacarlo de la arena política, donde ambos serían contendores.

“En realidad el procurador aprendió la lección: inhabilitarme para que no concurra a las elecciones donde el piensa concurrir sin resistencia”, dijo Petro.

Violaciones

Los abogados de Petro ya estudian el caso para contrarrestar el anuncio de la Procuraduría, pero lo cierto es que en el pliego de cargos conocido por Semana.com es contundente.

Entre lo que se puede ver a simple vista es que a pesar de que desde mayo del 2014 se inició la investigación, “hasta el momento el disciplinado o su defensor no han presentado argumentos que se deban analizar, por lo que este despacho no hará mención a este aspecto”, en otras palabras, Petro y sus abogados no han intervenido en el acaso.

Los argumentos del Ministerio Público no son menores. En el pliego de cargos se lee que el mandatario violó la Constitución, leyes decretos y acuerdos.

Según el Ministerio Público, Petro habría violado el artículo 313 que habla de las funciones de los concejos, entre ellas, la de reglamentar el uso del suelo.

Además, Petro, al imponer el POT también se fue en contra del Decreto Ley 1421 de 1993 o Estatuto Orgánico de Bogotá, que en su artículo 12 señala que el cabildo tiene la atribución de “adoptar el plan general de ordenamiento físico del territorio, el cual incluirá, entre otras materias, la reglamentación de los usos del suelo y el desarrollo físico en las áreas urbanas y rurales”.

Otra norma no acatada es la Ley 734 del 2002, que explica las obligaciones del servidor público, entre ellas cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, además de los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales”, entre otros.

Otras normas

A decir de la Procuraduría, el mandatario habría violado el acuerdo distrital 348 del 2008, “Por el cual se expide el reglamento interno del Concejo de Bogotá”.

Las normas violadas no terminan allí. Según el Ministerio Público, se pasó por encima las leyes 388 de 1997 y 810 del 2003, así como los Decretos 2079 del 2003, 4002 del 2004. En definitiva, para la Procuraduría, Petro se saltó siete normas.

Para la formulación, la Procuraduría tomó en cuenta la medida cautelar de suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado hecha el 27 de marzo del 2014, en la que se resaltó que “el alcalde mayor de Bogotá, al expedir el acto administrativo acusado, se arrogó una facultad de la cual carecía”.

En las próximas semanas se prevé el inicio de una nueva batalla jurídica entre el Palacio Liévano y la Procuraduría General de la Nación, que reeditará las tensiones de hace poco menos de dos años entre dos embrionarios candidatos presidenciales.

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