¿Por qué pelea un sector del comercio de Bogotá?

En las últimas horas un sector del comercio en Bogotá amenaza con una gran movilización para protestar contra el endurecimiento de la ley anticontrabando por parte del Congreso.

Los comerciantes protestan por el derecho al trabajo y aseguran que el Estado los trata como delincuentes.

“Los oligopolios que generan unas pocas familias dominantes, que al parecer mueven oscuras intenciones para mantener a su gusto el mercado nacional, afectan de manera directa la canasta familiar y los derechos de millones de colombianos”, justificó el presidente de la Federación de Sanandresitos (Fesacol), Albeiro Camacho.

La agremiación de comerciantes ha dicho que aunque apoyan las sanciones contra el contrabando, tienen reparos en algunos parágrafos.

Según ellos, la ley aprobada contempla en su articulado la aplicación de la normativa del lavado de activos contra tenderos y pequeños comerciantes.

Lo cierto es que en Colombia se continúan moviendo miles de millones de pesos en contrabando que afectan los sectores de la Salud y la Educación por la no tributación.

Según han informado fuentes oficiales, la ley, entre otras cosas, permitirá la creación de una comisión especial donde tendrán cabida distintos organismos, con lo cual se fortalecerá la lucha contra este flagelo.

Las críticas de los comerciantes se enfocan en el director de la DIAN, Santiago Rojas, quien en entrevista con Blu Radio manifestó que la ley anticontrabando que se aprobó la noche del martes en último debate en la Cámara de Representantes no afecta a los pequeños comerciantes.

Según explicó el funcionario, pese al fortalecimiento de la ley, el tipo de delito penal que castiga el contrabando se mantiene igual.

En ese sentido dijo: "No se están tratando como delincuentes, el delito penal existe hoy en día y se mantiene tal como existe. No se está creando un delito penal en contra de los comerciantes, se están fortaleciendo las penas de un delito que ya existe".

El ajuste principal que se hace tras su aprobación es la inclusión del contrabando como conducta constitutiva de lavado de activos y el aumento de penas.

Es decir, los comerciantes que incurran en estas actividades no sólo deberán responder por el delito de contrabando, sino que serán también responsables de una conducta adicional, que es el lavado de activos.

La medida incluye el contrabando en general, el contrabando de hidrocarburos, el fraude aduanero, el favorecimiento y la facilitación del contrabando, y el favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas.

Según se ha dicho, en cuanto al aumento de penas, para el contrabando de mercancías estas se aumentan hasta en cuatro años. Actualmente el código penal prevé una pena de prisión de tres a cinco años cuando la mercancía sea de cuantía superior a 50 salarios mínimos, y de cinco a ocho años cuando la cuantía sea mayor a 200.

"Con esta ley se incrementan esas penas a unos máximos de ocho  y 12 años, respectivamente", se lee en un comunicado divulgado este martes por el Ministerio el Hacienda.

De igual forma, se sancionará hasta con 16 años de cárcel a quienes trafiquen un volumen de combustible mayor a los 1.000 galones y una multa que podría llegar a 50.000 salarios mínimos (poco más de 32.000 millones de pesos). Contrabandear más de 80 galones daría hasta 14 años de prisión.

"El objetivo del proyecto de ley es perseguir a los grandes contrabandistas. No afectará a los pequeños comerciantes de las zonas de frontera, ni modificará el Régimen de Zonas Aduaneras Especiales. Vamos a combatir las grandes redes de contrabando al fortalecer entidades como la UIAF, la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera", dice la cartera.

Por ahora, la marcha convocada por la Fesacol a través de redes sociales sigue en pie. Los comerciantes insisten en que la ley disfraza el favorecimiento que el Gobierno les está dando a los monopolios.

"La ley anticontrabando acaba con los comercios populares", replican muchos de ellos a través de Twitter.