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El proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde Gustavo Petro recogió 357.000 firmas y cumplió los altos requisitos de ley. Sin embargo, a nueve mese s del fin de su gobierno, celebrar esta consulta es inconveniente para el elector capitalino. El real plebiscito sobre la gestión del Distrito serán las elecciones de octubre para escoger el próximo alcalde de Bogotá.

POLÍTICA

Por qué Petro no se irá

Aunque la Corte Constitucional resucitó la revocatoria de mandato contra el alcalde de Bogotá, lo más probable es que termine su periodo.

21 de marzo de 2015

En medio de la peor crisis de su historia, la Corte Constitucional tomó la semana pasada una decisión con un gran impacto potencial para Bogotá. Asediada por el escándalo Pretelt, falló una tutela que ordena a la Registraduría reactivar la revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro. La convocatoria a las urnas, suspendida desde hace un año, se tendría que realizar en junio próximo, a solo cuatro meses de la elección del próximo burgomaestre capitalino. Las consecuencias de este proceso de participación en medio de una ya adelantada campaña por la Alcaldía son imprevisibles y sin antecedentes. Sin embargo, lo más probable es que nada pase y Petro termine su periodo.

La decisión de la Corte Constitucional cayó como un balde de agua fría en la dirigencia política y la opinión pública en la capital del país. La estrategia jurídica y política del alcalde Petro para resistir la doble amenaza de destitución de la Procuraduría y revocatoria ciudadana fue un éxito. Hasta los más críticos opositores del burgomaestre aceptaron el cierre del capítulo de su eventual salida del poder, mientras que los seguidores petristas esgrimen todavía su supervivencia política como validación de su gestión de gobierno. De hecho, la campaña para elegir al próximo alcalde no solo se adelantó sino que cuenta hoy con sólidos aspirantes que debaten en foros y medios.

Más que viva, la revocatoria contra Petro es un zombi que no ha sido bienvenido ni política ni jurídicamente. En términos electorales la medida terminaría ayudando a Clara López del Polo y a los precandidatos petristas Hollman Morris y María Mercedes Maldonado, quienes podrían esgrimir la eficaz carta de la persecución política contra sus ideas. En el otro extremo del espectro ideológico, los uribistas en la campaña de Francisco Santos, también se beneficiarían ya que el proceso galvanizaría el alto porcentaje de descontentos con la administración Petro. No obstante, ningún sector político, incluidos quienes promovieron la recolección de firmas, salió a apoyar el fallo ni a tomar la bandera de la salida del alcalde.

Las razones de la orfandad política de la revivida revocatoria son estratégicas. En una revocatoria Clara López se vería obligada a defender la administración petrista porque, aunque hoy estos dos sectores están enfrentados, los votantes los perciben a ambos como de izquierda. Lo más probable es que la candidata polista siga encabezando los sondeos y sería la más perjudicada de una alteración del statu quo de la campaña.

Por el lado uribista, el problema está en la escasa probabilidad de victoria. Si bien Petro sigue registrando bajos índices de popularidad y aceptación, se requeriría la participación de 1,2 millones de bogotanos solo para superar el umbral. Movilizar ese número de ciudadanos, en un día donde no hay más elecciones que jalonen, es costoso y aun así podría salir victorioso el No. Al fin de cuentas, el actual balance de fuerzas tanto a favor como en contra del alcalde no es el mismo que hace un año.
 
Al rechazo político unánime se añade la propia Registraduría, que anunció que interpondrá un recurso de nulidad para que la consulta no se lleve a cabo. Además, el registrador, Carlos Ariel Sánchez, le dijo a SEMANA que el costo de la revocatoria –unos 40.000 millones de pesos– vendrá del presupuesto de las elecciones locales de octubre. El ente organizador de los comicios espera que la corte le dé la razón en la nulidad  y enterrar de una vez por todas la revocatoria contra Petro.

La única víctima de esta situación es la democracia participativa. Más de 357.000  bogotanos firmaron en 2013 por el derecho de consultarle a la ciudad la continuidad de su alcalde. De convocarse, la revocatoria del mandato sería el más ambicioso ejercicio de consulta ciudadana desde el fallido referendo nacional de 2003. A nueve meses de finalizar su administración, a Petro se le debe evaluar por los logros de su gestión y no por un legítimo pero truncado mecanismo de consulta popular. Las elecciones del próximo alcalde en octubre convocarán el verdadero plebiscito no solo sobre el gobierno de Gustavo Petro sino también sobre los 12 años de la izquierda en el poder.