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| 6/13/2011 12:00:00 AM

Por qué el programa de desmovilización ha perdido protagonismo y efectividad

Una de las estrategias estrella y de mayor continuidad en el Ministerio de Defensa, el programa de desmovilización individual de miembros de los grupos armados irregulares, ha quedado en plano secundario en este gobierno. ¿Qué está pasando?

Una de las puntas de lanza de la Política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe fue la desmovilización voluntaria de los irregulares, especialmente de la guerrilla. La estrategia, siempre a cargo de un viceministro de Defensa y con el nombre de Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd), funcionó con gran eficacia: entre agosto de 2002 y agosto de 2010 se desmovilizaron individualmente 22.261 miembros de grupos irregulares (esto no incluye las desmovilizaciones colectivas de paramilitares), entre ellos 14.911 de las Farc y 3.118 del Eln. En los últimos años, además, empezaron a desmovilizarse mandos medios y altos, como ‘Karina’ y ‘Rojas’, combatientes con muchos años en las filas de la guerrilla.

Esta decisión se reforzó en 2008 cuando, tras el escándalo de los falsos positivos de Soacha se emitió una directiva ministerial que privilegiaba las desmovilizaciones sobre las bajas y las capturas, y todo el mundo esperaba que en el gobierno de Santos, que como Ministro de Defensa estuvo al frente de la política de desmovilización, el énfasis se mantuviera. Sin embargo, hasta ahora, no parece ser así.

En el documento estratégico del sector, “Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad”, lanzado hace dos semanas, no se menciona la palabra desmovilización (en el documento homólogo del gobierno Uribe, “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, esta ocupaba un subcapítulo). Tampoco se menciona entre las cuatro estrategias de desarticulación de los grupos irregulares.

Un elemento clave para el éxito de la desmovilización fue siempre la propaganda. En comerciales, cuñas radiales, vallas, volantes y otras iniciativas en las que se invitaba a los guerrilleros a desmovilizarse llegaron a invertirse 8.000 millones de pesos anuales. Sin embargo, desde hace seis meses toda actividad publicitaria está paralizada.

En voz baja, dentro del propio gobierno, dicen que la ausencia de estas campañas ha impactado negativamente las desmovilizaciones. Señalan que el programa no ha tenido autonomía suficiente para ejecutar su presupuesto, lo cual limita su efectividad. Y algunos hablan con preocupación de un tema casi tabú: la presión militar sobre la guerrilla, factor decisivo para empujar a muchos guerrilleros a desmovilizarse, ha disminuido en algunas regiones.

El viceministro de Defensa, Rafael Guarín, de quien depende el Programa, dice que este gobierno estaba “repensando la estrategia” desde fines de 2010, pues ahora ya no se trata solo de que los guerrilleros vengan hacia la legalidad, sino de que el programa vaya a la selva a buscar desmovilizaciones cada vez más significativas. Esta semana se lanzará una nueva campaña, “Vamos por ellos”, con este objetivo. Y añade que si la palabra “desmovilización” no figura en el documento de política de seguridad es porque este es un marco general que no da mayores “detalles”, pero que sí está contemplado.

De todas maneras, el programa sigue produciendo resultados. En los primeros cinco meses de este año abandonaron las filas de la guerrilla 1.064 hombres, frente a 713 en igual periodo de 2010. Lo que algunos dentro del gobierno piensan es que si, aun sin campañas publicitarias y en medio de esta prolongada pausa para “repensar” la estrategia, el programa sigue dando efectos, cómo sería si se le prestara la debida atención.

Más allá de las explicaciones de Guarín, es un hecho que la que fue una de las estrellas de la estrategia de seguridad del gobierno anterior ha perdido brillo. Está por verse si, con el lanzamiento de la nueva campaña, podrá recuperarlo.
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