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Este camión fue quemado en la vía de Buenaventura, uno de los puntos de movilización más importantes del paro minero. | Foto: Cortesía El País

MOVILIZACIONES

¿Por qué razones paran los mineros?

Las promesas incumplidas y la destrucción de las máquinas de minería informal es lo que más indispone al sector.

18 de julio de 2013

Este jueves se cumple un segundo día del paro minero en algunas zonas del país, especialmente en el Valle del Cauca, Chocó, el Eje Cafetero, Antioquia, Nariño y Cauca. 

Las razones que esgrimen los mineros para salir a las calles son las promesas incumplidas del gobierno nacional desde acuerdos pasados, que se firmaron en el 2011 y el 2012, para evitar el cese de actividades que había anunciado ese sector.

Esta vez, los mineros sí decidieron parar y salir a marchar porque sienten que es la única manera de que se cumpla lo pactado. “El Gobierno nos ha demostrado, con su negligencia, que el único lenguaje que parece entender es el de la protesta”, expresó Federico Taborda, secretario general de Federación Minera del Chocó (Fedemichocó), una de las filiales que apoyan el paro. 

En el pacto firmado el 30 de noviembre del 2011, el Gobierno aseguró que se suspenderían por seis meses los operativos que la fuerza pública estaba haciendo contra las minas informales. En el acuerdo del 27 de julio del 2012, el Estado se comprometió a respetar las garantías laborales de los mineros que estuvieran en un proceso de formalización. 

Pero los mineros se sostienen en que ninguno de estos puntos se ha cumplido. “No estamos pidiendo nada diferente a la ley y a los principios constitucionales”, explica Taborda. 

Para los mineros, el Gobierno también está incumpliendo la legislación nacional e internacional. “El código minero da unas prelaciones a las comunidades y los acuerdos de la OIT dicen que donde haya emprendimiento empresarial y mineros, el Gobierno debe consultar en el momento de asignar un predio. Eso no se cumple y eso es lo que pedimos”, indica el secretario general de Fedemichocó. 

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos ha expresado en múltiples ocasiones que lo que se está haciendo es acabar con la minería ilegal y no con la artesanal. 

El decreto de la discordia

En octubre del 2012, la Presidencia emitió el Decreto 2235, por el cual se autoriza la “destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley”.

Ese es uno de los puntos álgidos, puesto que los mineros exigen su derogación y el Gobierno se mantiene en que con esto solamente se ataca la minería criminal, como la llamó el presidente Santos. 

“El Gobierno no nos ha llamado, no nos han dicho nada, mientras que la protesta se está poniendo más candente y las personas están cada vez más disgustadas”, explicó Taborda. 

La seguridad y los disturbios del paro

Algunas de las marchas obstruyeron tres vías nacionales, siendo la principal la de Buenaventura, por donde se mueve el 50 % de las exportaciones colombianas. Las otras dos fueron en Risaralda, que impidió el paso al occidente de ese departamento, y en la vía que comunica Manizales con Medellín. 

La orden presidencial es evitar que se bloqueen las carreteras, por lo que dispusieron 5.000 policías en las zonas de los paros. 

Como parte de estas medidas, el director de la Policía, general José Roberto León Riaño, indicó que en el segundo día de las protestas se capturaron 32 personas, tres de ellas menores de edad, por los delitos de lesiones personales, ataque a servidor público y obstrucción de vía pública.

“Tenemos diez actividades de protesta, tres obstrucciones viales y siete concentraciones. En Buenaventura (Valle) los manifestantes han generado obstaculización de la vía ubicando tractomulas y les han rociado gasolina para que en el caso que se desbloquee, proceder a incinerarlas”, aseguró el alto oficial.

Frente a estas declaraciones, el secretario general de Fedemichocó explicó que aunque en Chocó no se han presentado hechos violentos, sí han recibido información de confrontaciones en Caucasia y Buenaventura. 

“Nosotros, como dirigentes mineros, intentamos que todo se lleva a cabo de manera pacífica pero hay cosas que se le salen de las manos a la organización minera”, dijo Taborda. 

Agregó que se han reportado irregularidades donde “unos inescrupulosos enemigos del orden ciudadano” contrataron a algunas personas para que tiraran piedras durante las marchas. 

Esta situación de confrontaciones entre el Gobierno y los mineros se suma al paro de campesinos que ha habido en la región del Catatumbo (Norte de Santander) desde el 11 de junio. 

Además, los agricultores convocaron a un paro nacional a partir del 19 de agosto, los campesinos de Putumayo y los indígenas de Cauca discutirán las posibilidades de protestar en los próximos meses y la vía que comunica Villavicencio con Bogotá será cerrada el próximo 20 de julio por el daño que las tractomulas están haciendo en las carreteras. 

El factor común de todas las movilizaciones que tendrán que enfrentar Santos y su gabinete es el incumplimiento de los acuerdos pactados con anterioridad. Diferentes sectores protestan y el Gobierno intenta dialogar con algunos siempre y cuando no se bloqueen las vías.