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| 5/9/2015 10:00:00 PM

¿Por qué se desinfló la Constituyente para la Justicia?

La propuesta de convocar una Constituyente y enterrar la reforma al equilibrio de poderes chocó contra el clima de desprestigio que golpea a la Rama Judicial.

Un comunicado de los presidentes de las altas cortes y el fiscal general para apoyar una Constituyente en circunstancias normales sería una noticia histórica. No es usual que estas entidades actúen en consenso ni que sus cabezas se pronuncien con posiciones únicas. La figura de la Constituyente, además, en la historia de Colombia tiene connotaciones de último recurso después de que se ha intentado todo lo demás.

Pero en la coyuntura actual está ocurriendo exactamente lo contrario. El Congreso ha tramitado –en seis de ocho debates– una reforma que busca un equilibrio de poderes mediante la modificación de aspectos puntuales en el sistema político y en la Justicia. Muchos de ellos tienen que ver con las propias cortes y buscan quitar beneficios que favorecen a los magistrados, o modificar normas que han permitido comportamientos cuestionables (como el ‘yo te elijo, tú me eliges’, la puerta giratoria, o el sistema de fueros). Según todas las encuestas, la Rama Judicial del poder público atraviesa su momento de mayor desprestigio en varios años y, por eso, todo el mundo quiere cambiarla.

En ese contexto, la solicitud de los presidentes de la Corte Suprema, Leonidas Bustos; del Consejo de la Judicatura, Wilson Ruiz; del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, dejó la sensación de que la propuesta nació muerta porque tenía un talante más gremial que institucional y de que la cúpula de la Justicia estaba litigando en nombre propio. Ese fue el tono del debate en los espacios de opinión del fin de semana. Y en las propias entidades representadas en el comunicado –en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado–, las salas plenas se pronunciaron en contra de la propuesta: acogieron las críticas que la Comisión Institucional hizo sobre la reforma pero expresaron que estas no se deben llevar a una Constituyente.

El gobierno, en boca del presidente Juan Manuel Santos, también desestimó la iniciativa y creó una comisión de tres ministros para que continúen el diálogo con las altas cortes. De ella forman parte el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y el de Justicia, Yesid Reyes. Cristo dijo que “la Asamblea Constituyente no está hoy en la agenda del gobierno”.

Hay varias razones por las cuales el torpedo no despegó. Una de ellas es formal: el Congreso tiene la potestad de hacer reformas constitucionales y, más allá de que el contenido les guste o no a tirios y troyanos, ha cumplido la tarea. No solo ha tramitado en seis debates la reforma, sino que ha hecho debates amplios que han llevado a modificar el texto original en varios aspectos. Unos de ellos han echado para atrás polémicas propuestas del gobierno –que el presidente eligiera a dedo a los miembros de la Comisión de Aforados–, y otros han introducido propuestas de la propia Rama Judicial. Por ejemplo, la de no crear un nuevo tribunal para juzgar a los aforados, sino una comisión que al final lleva las grandes decisiones a la Corte Suprema, que se ratifica como órgano de cierre.

Otro problema que le quitó fuerza, de entrada, al embate de la Comisión Institucional, fue su énfasis en criticar aspectos que recortan el poder de las altas cortes pero que desde hace tiempo han sido detectados como inconvenientes para la eficacia de su labor. Entre otros, la eliminación del controvertido Consejo de la Judicatura; la creación de una comisión que investiga a los magistrados y al fiscal (en reemplazo de la desprestigiada Comisión de Acusaciones de la Cámara); la prohibición de que los magistrados puedan pasar de una corte a otra (lo que se llama ‘puerta giratoria’); la abolición de funciones electorales en los organismos de Justicia (como en el caso del contralor) y el establecimiento de un concurso de méritos para elegir a los miembros de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Todas estas medidas son de buen recibo en la opinión especializada y, por eso, fue un error de las cabezas de las cortes oponerse.

Peor fue haber propuesto que, una vez hundida la reforma que está en la puerta del horno, una Constituyente se encargue de hacerla. En esta posición, los más altos togados se encuentran con iniciativas similares que desde hace tiempo han hecho desde orillas distintas –y por razones diferentes– el Centro Democrático y las FARC. Una convergencia de actores disímiles que difícilmente podría fortalecer la iniciativa.

La senadora Claudia López, de la Alianza Verde, considera que “la Constituyente se ha convertido en la fórmula que proponen todos los que necesitan impunidad”. Se refiere a que los magistrados, hasta ahora, no tienen quien los juzgue, dada la inoperancia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara; a que las FARC necesitan recetas para evitar el castigo por múltiples delitos que están en investigación, a cambio de desmovilizarse; y a la proliferación de condenas, en las últimas semanas, contra

exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe.

Desde un punto de vista formal, en el documento enviado por la Comisión Interinstitucional a la Cámara –donde deben llevarse a cabo los dos debates que faltan– también hay falencias. Los presidentes de las cortes anticipan, por ejemplo, que en el trámite se ha incurrido en fallas que podrían ir en contra de la Constitución. Por ejemplo, haber introducido temas que no formaron parte de los textos aprobados en los primeros debates. Pero la Corte Constitucional, que es la encargada de verificar si las reformas se hacen bajo las reglas establecidas en la propia Carta, tendría que revisar esa eventualidad. La Suprema, la Judicatura y el Consejo de Estado no tienen la facultad para juzgar –o, en este caso, prejuzgar– sobre esta materia.

También suscita polémica la afirmación de que la reforma debilita la justicia que se necesita para la paz. Como el fiscal y la Corte Suprema serán los encargados de juzgar a los guerrilleros una vez se firmen los acuerdos de La Habana, su exposición fue interpretada más como una amenaza que como la reflexión jurídica que quisieron presentar.

Todos estos elementos le quitaron visibilidad a los argumentos con los que el fiscal general y los presidentes de las cortes defendieron su Constituyente. Según ellos, el Congreso ha fallado en forma sistemática y durante muchos años en reformar la Justicia. Y agregan que el intento que está en ciernes no busca un cambio estructural sino se limita a modificar puntos que, más allá de su conveniencia, no son suficientes para reparar las fallas profundas que, según todas las evidencias, tiene la administración de Justicia.

Incluso algunos especialistas que apoyan el proyecto están de acuerdo con que hacen falta otras medidas y cambios. Rodrigo Uprimny, de la organización Dejusticia, defendió esa tesis en el programa Semana en vivo. Pero si lo mejor es enemigo de lo bueno, eso no significa que el proyecto que el Congreso está a punto de aprobar sea nocivo. Sobre todo cuando contiene elementos en materia política que reúnen consensos amplios, como la eliminación de la reelección del presidente y de todos los demás funcionarios.

Lo cierto es que al final de la semana todo indicaba que el torpedo que intentaron dispararle los presidentes de las altas cortes a la reforma a la Justicia no había estallado. Incluso el procurador general, Alejandro Ordóñez, –una figura de la entraña de la rama– consideró inconveniente la convocatoria de una Constituyente. “Modificar nuestra institucionalidad requiere ponderación y debe realizarse en momentos no como los presentes donde está tan comprometida la constitucionalidad en el marco del proceso de paz”, dijo en Bucaramanga.

La ley de equilibrio de poderes continuará su curso esta semana en la Cámara. Falta ver si el torpedo logrará frenarla, dilatarla o modificarla o si, por el contrario, la tempestad que generó lo transformará, más bien, en un bumerán. Y que la etapa final de la aprobación sea más expedita que toda la anterior.
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