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El sistema acusatorio comenzó a ponerse en práctica en Bogotá en enero de 2005. En este momento ya está en todo el país

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¿Por qué los sueltan?

El país no entiende cómo no son detenidas personas que todo el mundo considera culpables. ¿Son errores, o aspectos positivos del nuevo sistema penal?

2 de febrero de 2008

Si fuera por los escándalos que se arman, todos los capturados en Colombia estarían irremediablemente condenados en cuestión de horas. El país, sin embargo, ha visto con perplejidad cómo en los últimos meses se derrumban como castillos de naipes procesos penales que parecían incuestionablemente sólidos. Eso es hoy motivo de gran preocupación para todos porque la sociedad en general considera que los protagonistas de esas historias de escándalo deberían estar en la cárcel.

El pasado 29 de diciembre, dos hombres asesinaron a un muchacho que les recriminó el hecho de estar orinando en una estación de TransMilenio, en Bogotá. Seis días después del atroz hecho, la Policía capturó en Zipaquirá (Cundinamarca) a John Fredy Montaño y a Carlos Andrés Niño, quienes fueron llevados ante un juez de garantías. Después de varias horas de audiencia pública, Montaño y Niño fueron puestos en libertad, y horas más tarde, recapturados.

Según se dijo en su momento, la primera aprehensión fue ilegal. Todo un papelón para la administración de justicia.

Lo mismo sucedió la semana pasada con la detención del general del Ejército (r) Pauxelino Latorre y del ex fiscal Leobardo Latorre, quienes cayeron en una redada contra el narcotráfico. Tras una larga audiencia en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, tío y sobrino quedaron libres porque, según dijo la jueza del caso, las pruebas contra ellos no eran contundentes. Y ni qué decir de la historia de hace más de un año, cuando más de 10 policías fueron llevados ante un juez de la República porque supuestamente se habían robado más de 300.000 discos compactos. La audiencia tuvo un tiempo récord de duración: 32 horas. Al final, todo el mundo para la casa.

Lo cierto, en todo caso, es que ejemplos como estos son el pan de cada día en los despachos judiciales del país.

Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el nuevo sistema penal acusatorio implantado no hace mucho en Colombia? ¿Era mejor el anterior? ¿Será que el nuevo es para sociedades más avanzadas? ¿O será que el Estado no preparó bien a quienes se les encomendó la complicada tarea de administrar justicia?

En el sistema penal anterior, un fiscal tenía la potestad de mandar capturar a alguien, lo aseguraba y, finalmente, lo acusaba. Es decir, el método de defensa era bien difícil de ejercer. Además, si una persona era llamada a juicio por un delito no excarcelable, pasaba en la cárcel no menos de dos años, así al final un juzgado le dijera que era inocente. En el actual sistema, en cambio, todo es prácticamente distinto.

El considerado pionero del sistema acusatorio en Colombia, el abogado Jaime Granados Peña, dice que lo destacable es que en la actualidad hay claridad sobre el papel que deben cumplir los jueces y los fiscales, cosa que, según él, no ocurría anteriormente. "Si la Fiscalía no hace bien su trabajo, entonces el juez se ve obligado a tomar decisiones contrarias a lo que quiere la Fiscalía. Por eso casos como los de TransMilenio y el general Pauxelino", recalcó Granados quien, no obstante, advirtió que muchas vez son los jueces los que están equivocados. "En esos casos, son la opinión pública y la prensa las que deben ejercer presión para que se haga justicia".

En ese mismo sentido se pronunció el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Hernando Torres, quien agregó que ejemplos como los de TransMilenio y el general no significan que los sindicados sean inocentes o que nunca vayan a ir a prisión. "Lo bonito del nuevo sistema es que se investiga y después se captura. En el anterior era lo contrario. Además, el hecho de que en una diligencia de formulación de cargos el sindicado pueda irse para su casa no quiere decir que sea inocente", explicó.

Para el vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, los yerros del actual sistema son de lado y lado (fiscales y jueces). "Hay que reconocer que a veces nuestros fiscales no son lo suficientemente persuasivos a la hora de presentar la prueba en las audiencias. Eso pudo haber sucedido en los casos que usted menciona. Pero también, en cantidad de veces, uno ve que los procesos se caen por caprichos de los jueces", dijo.

Una postura totalmente contraria a la del juez de Engativá Jorge Enrique Barrera, quien sostuvo que en el actual sistema, los jueces están supeditados a lo que hagan y digan los fiscales. "Lo que pasa es que en el actual sistema, la mejor defensa que puede tener un sindicado es un mal fiscal", ironizó el juez Barrera, squien además agregó que muchas veces ha visto fiscales mal preparados en las audiencias. Otro juez de la República, William Salamanca, fue más allá y le echó parte de la culpa de los descalabros de algunos procesos a la policía judicial, es decir, a los investigadores de los casos.

Consultado por SEMANA, el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Sigifredo Espinosa, advirtió que no se atrevía a hablar de casos específicos del nuevo sistema y mucho menos de responsables de eventuales errores. En abstracto, sin embargo, consideró que el actual sistema acusatorio es más democrático y garantista, aunque no dudó en afirmar que aún está en etapa de ajustes.

Y, como era de esperarse, los abogados litigantes, en general, son duros tanto con el sistema antiguo como con el nuevo. El penalista Jesús Albeiro Yepes conceptuó que la gran culpable de la caída de grandes procesos en el actual sistema es la Fiscalía porque, según él, muchos fiscales trasladaron los vicios del sistema anterior al vigente. "Hay fiscales que creen que la especulación y la intuición son medios de prueba", aseguró. Para el también penalista David Teleki, el perdedor con las caídas de procesos de grandes escándalos es el nuevo sistema acusatorio. Según Teleki, aparte de los sindicados, los que más sufren en el sistema penal actual son los abogados porque, según dijo, el oficio de defensor terminó siendo blanco de la agresividad y la pasión de los funcionarios judiciales de ahora.

De alguna manera es explicable que haya tantas críticas al nuevo sistema. El país se acostumbró por décadas al otro aparato judicial, con lógica y manera de obrar muy diferentes. Era más fácil detener a los presuntos malhechores; la carga de la prueba estaba más en el acusado que sobre las autoridades.

De ahí el malestar colectivo que produce el ver libre al individuo que el 23 de diciembre pasado, borracho, estrelló el carro que conducía contra una vivienda del barrio Santa Lucía de Bogotá y, de paso, produjo una gran explosión. El saldo trágico fue de 10 personas muertas. Hoy, más de 40 días después del hecho, la Fiscalía no ha podido convencer al juez de que ese hombre es un peligro para la sociedad. Para el juez fue sólo un accidente.

Es entendible que para algunos la decisión del juez sea vista como un sinónimo de la palabra impunidad. Pero el sistema no está hecho solamente para condenar, sino para impartir justicia. Y a veces esta puede ir en contra de la sed de venganza del pueblo.