¿Por qué tanta demora?

Pocas veces hay consenso público alrededor de los presuntos autores intelectuales de un homicidio, tal como sucedió hace más de ocho años cuando mataron al subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra. Por eso, la decisión que tomó la Fiscalía la semana pasada, de llamar a indagatoria al ex jefe del Partido Liberal en Caldas Ferney Tapasco y a su hijo, el ex congresista Dixon Tapasco, sorprendió en el gremio periodístico, no tanto por los nombres involucrados sino por la demora.

Si bien los Tapasco quizás puedan explicar sus conductas ante el juez, llama la atención que solo hasta ahora sean llamados a indagatoria, pese a que el mismo año que se cometió el crimen aparecieron indicios que señalaban a Tapasco padre como autor intelectual.

En ese entonces, y una semana después del asesinato del periodista ocho periódicos y revistas (La Patria, El País, El Colombiano, El Tiempo, El Espectador, Cambio y SEMANA) se unieron con el único propósito de investigar el crimen de Sierra. Esa iniciativa se llamó 'Proyecto Manizales' y, cuando se publicaron los hallazgos, las evidencias ya señalaban a los políticos. Por eso la Fiscalía llamó a versión libre a Tapasco. Sin embargo, a lo largo de los años, el caso no se movió. "Nuestra investigación también señaló a esos políticos como presuntos responsables", dijo Ricardo Trotti, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Sin embargo, el fiscal general de entonces, Luis Camilo Osorio, descalificó esas tesis diciendo en varias oportunidades que "esos trabajos van en contra del verdadero curso del proceso, generando sensación de impunidad". En 2006, el fiscal Mario Iguarán trasladó el caso de Manizales a Bogotá.

El caso ha estado cubierto por una nube negra. Tras la investigación de la Fiscalía, dos de los tres testigos que mencionaron a Tapasco padre fueron asesinados, así como también murieron otros nueve testigos que dieron otros detalles del crimen del periodista.

Como si fuera poco, el sicario Luis Fernando Soto Zapata, que disparó contra Sierra, fue capturado y condenado a 19 años y medio de prisión, pero pagó solo cinco años gracias a sistemáticas rebajas. Murió en Cali en 2008 en un tiroteo con la policía. Otros dos coautores materiales del homicidio del periodista siguen en la cárcel pagando condenas de 28 años.

Si bien en este proceso no se puede hablar de total impunidad, es lamentable que aún no se conozcan los autores intelectuales, pese a que desde hace ocho años existen las mismas pruebas que hoy motivaron el llamado de los políticos. Hernando Castañeda, jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, defendió la actuación de su despacho y aclaró que las recientes decisiones "obedecen a que hay nuevos elementos probatorios", según dijo a SEMANA.

No obstante, esta revista pudo confirmar que, en efecto, hay nuevas pruebas, pero los testigos solo ratifican las versiones de los anteriores, en el sentido de la presunta responsabilidad de Tapasco en el crimen del subdirector de La Patria.

Tanto ruido alrededor de Ferney Tabasco no es gratuito. Su vida política quedó enterrada en 1995, tras una condena por encubrir el homicidio de un docente. El asesino huyó en un carro oficial asignado a Tapasco cuando era presidente de la Asamblea de Caldas. Esos hechos y la corrupción política en la región eran tema habitual en las columnas que escribía el periodista Orlando Sierra.

Sumado a ello, en la sentencia por parapolítica que la Corte Suprema de Justicia le formuló a Dixon Tapasco, por la cual lo condenó a 90 meses de prisión, no existe un párrafo en el que no se mencione a su padre como partícipe en los pactos políticos con las AUC de Ernesto Báez y el bloque paramilitar Cacique Pipintá que operó en Caldas.

Ese hecho causó que la Fiscalía le abriera a Tapasco padre otro proceso por el presunto delito de concierto para delinquir agravado. El curtido político fue capturado en marzo de este año y aún permanece en la cárcel La Picota, junto a su hijo, quien fue aprehendido desde 2008.

Tapasco llegó a la política como profesor y líder sindical en La Dorada. Allí, el senador liberal Víctor Renán Barco, ya fallecido, lo reclutó en la década de los 70 para su movimiento político. Lo nombraron alcalde de Supía y salió del cargo con una condena por concusión, por cobrar el trámite de una libreta militar. Después llegó a la Asamblea de Caldas y se atornilló en la presidencia por varios periodos hasta que la Constitución del 91 obligó a rotar las directivas.

Ahora que el rompecabezas parece estar completo, solo falta que la justicia obre con sabiduría y, por supuesto, que los nuevos testigos no sean asesinados.