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Daniel Alejandro Serna, ‘Kéner’, destruyó el brazalete electrónico que tenía fijado en el tobillo y se fugó. El dispositivo usa tecnología satelital y permite monitorear a los detenidos que tienen casa por cárcel en todo el país

SEGURIDAD

Por qué tanta fuga

La 'volada' del jefe de sicarios de la 'oficina de Envigado' dejó al descubierto que los delincuentes más poderosos tienen beneficios que no deberían ser para ellos.

13 de marzo de 2010

La fuga de 'Kéner', el jefe de sicarios de la temida 'oficina de Envigado', es apenas un episodio que revela que algo no está funcionando bien en el sistema judicial y carcelario del país.

A pesar de ser un delincuente de alta peligrosidad, Daniel Alejandro Serna gozaba de la casa por cárcel desde el 4 de febrero. En su tobillo derecho las autoridades le habían fijado un dispositivo electrónico con el que supuestamente le monitoreaban cada paso. 'Kéner', simplemente, destruyó el brazalete y salió como Pedro por su casa.

La absurda fuga del sicario produjo revuelo en el país. La Policía ofreció una recompensa de 500 millones de pesos y desplegó un gran operativo para recapturarlo, lo que logró hacer la Sijín dos días después. Eso evitó un escándalo mayor, pero el episodio demostró la fragilidad de la cadena de justicia en el país.

¿Qué criterios están usando fiscales y jueces para dar casa por cárcel? Con 'Kéner' las fallas fueron escandalosas. Se trata de alguien con una decena de procesos judiciales abiertos, peligroso y del cual se sospechaba que planeaba fugarse. Pero ese no es el único caso. En los próximos días la justicia tendrá que decidir el lugar de reclusión de Alirio Rendón, alias el 'Cebollero', acusado de pertenecer a la 'oficina de Envigado' y quien aguarda en una clínica de Medellín a que la justicia le ratifique el beneficio de detención domiciliaria. Lo mismo pasó con Enilse López, la 'Gata', otra polémica beneficiaria de la casa por cárcel. Y como estos son 300 los casos en los que detenidos recurren a una excusa médica, con razón o sin ella, para evadir la cárcel.

A raíz del escándalo de esta semana el Ministerio de Interior y de Justicia empezó a elaborar un registro de delincuentes de alta peligrosidad que será contrastado con la lista de detenidos que tienen casa por cárcel (22.000 personas). Algo que se debió hacer mucho antes.

Un segundo interrogante que queda de este episodio es el estado de los penales. Hoy, una de cada cuatro personas capturadas tiene casa por cárcel. En parte, porque no hay dónde meter a tanta gente. Las 139 reclusiones del país tienen 56.000 cupos pero realmente hay 78.030 presos. El gobierno tiene el desafío de reducir a cero la sobrepoblación carcelaria antes del 7 de agosto. Para ello trabaja a marchas forzadas en levantar 10 nuevos penales con 23.000 cupos adicionales. Un proyecto que lleva más de ocho años en construcción.

En medio de esta emergencia los brazaletes electrónicos, que empezaron a ser utilizados en Colombia hace un año, son una buena alternativa. Pero depende de cómo se usen.

El dispositivo permite que los detenidos que no son peligrosos concluyan su pena en su casa. Cuando el detenido se sale del perímetro autorizado el brazalete emite una alerta que es captada en una sala de monitoreo en Bogotá. Y en teoría de inmediato se activa un dispositivo para ubicarlo.

En todo el país hay 3.912 reclusos con este brazalete de los cuales 132 han intentado o logrado fugarse. Hay todo tipo de casos, desde una persona que se dislocó dos dedos al intentar sacarse el dispositivo, hasta un joven en Bogotá que tenía puesto el brazalete cuando apuñaló en la calle a su ex novia. A pesar de las fallas, el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, defiende este mecanismo: "El porcentaje de individuos que han violado la medida es apenas de 2,5 por ciento".

Los brazaletes están aún en etapa de evaluación. Uno de los puntos por afinar es el rasero con el que las autoridades fijan el perímetro permitido a los detenidos. A la mayoría se le ordena no salir de su casa. A unos tantos se les autoriza el desplazamiento entre la vivienda y el lugar de trabajo. Pero hay también casos como el del congresista Jesús Antonio Amorocho, investigado por la Corte Suprema de Justicia, cuya única restricción es que no viaje al exterior. "Amorocho tiene el país por cárcel", dice Nelson Barrera, director del sindicato del Inpec, quien llama la atención sobre otro problema: "Tenemos un deficit de 8.000 guardias"

Ninguna autoridad asumió la responsabilidad por la vergonzosa fuga de 'Kéner'. El episodio debería servir cuando menos para solucionar efectivamente los problemas de un sistema que parece ser más o menos estricto, según quien sea el procesado.