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| 5/18/1992 12:00:00 AM

PORQUE PRIVATIZAR A TELECOM?

AGITADAS DISCUSIONES ARRANCAN ESTA SEMANA EN EL CONGRESO<BR>SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE TELECOMUNICACIONES

PORQUE PRIVATIZAR A TELECOM? PORQUE PRIVATIZAR A TELECOM?
DESDE EL MISMO MOMENto en que el ministro de Comunicaciones, Mauricio Vargas, presentó ante el Congreso el proyecto de ley destinado a privatizar el monopolio estatal de las telecomunicaciones, se desató un agrio debate de opinión pública. Sin embargo, esta agitada polémica no se verá reflejada en las cámaras legislativas sino esta semana, cuando la Comisión Sexta del Senado aborde en firme el analisis de la propuesta y se inicie así una larga serie de citaciones al ministro, tanto en comisiones como en plenarias.
Los argumentos en favor y en contra parecen, sin embargo, haber comenzado a exponerse ya con bastante claridad. El sindicato de Telecom, principal opositor al proyecto, no ha querido tranzar en alternativas como la transformación de la entidad en empresa mixta, y ha concentrado su argumentación en defender el monopolio puramente estatal, si no de todas las telecomunicaciones, al menos sí de la telefonía.
Los sindicalistas han argumentado en favor de su causa razones de soberanía así como de rentabilidad de una empresa que se ha granjeado una cierta fama de eficiencia y de generadora de recursos fiscales para el Estado. Al mismo tiempo han amenazado con la realización de un paro si el proyecto toma vuelo en el Parlamento. En lo primero han encontrado cierto eco entre algunos congresistas. En cambio en lo segundo, han llegado incluso a resentir el espíritu de cuerpo de las cámaras, que han aprobado constancias en las que dejan en claro que debatirán el proyecto y que lo harán sin tener en cuenta "presiones o amenazas de paros y huelgas".
Por su parte, el ministro ha preferido realizar un trabajo congresista por congresista, explicando las ventajas que el Gobierno le encuentra al proyecto, y dejando en claro que de ningún modo se puede aceptar la exigencia sindical de retirar-la iniciativa pues, como él mismo lo ha dicho, "sería como quitarle al Congreso el derecho a discutir un tema tan trascendental como el del futuro de las telecomunicaciones " Pero más allá de todo esto, ¿qué es en realidad lo que busca el proyecto? Se trata de un pesado paquete de más de 100 artículos, que implica en su conjunto un reordenamiento general de la legislación de telecomunicaciones, exceptuado el tema de televisión y radiodifusión. La nueva ley confirmaría lo que ya había sido previsto por el decreto 1900 de 1990, que abrió a la inversión privada y a la competencia los llamados servicios de valor agregado y la telefonía celular. En estos campos y en virtud de esa apertura, se han iniciado procesos que implican ya inversiones por más de 100 millones de dólares y que, en cuanto al celular, significarán otros 500 millones de dólares en la primera mitad de esta década.
En cuanto a los servicios básicos; principalmente la telefonía local, regional y de larga distancia, la propuesta prevé una especialización de las actuales telefónicas locales y su conversión en regionales, para que a su vez Telecom se transforme en carrier de larga distancia nacional e internacional.
Etos puntos, así como un conjunto de normas más bien técnicas, no parecen despertar polémica y resultan, a la luz de la opinión y del propio Congreso, bastante lógicas.
La verdad es que el debate se va a concentrar prácticamente en un solo artículo: el que prevé que Telecom se convierta en sociedad anónima y sea vendida por un procedimiento que combina la subasta y la venta de acciones en la bolsa, en busca de una democratización de su propiedad.
Para analizar este punto de la iniciativa es necesario estudiar principalmente dos aspectos: la posibilidad que el Estado colombiano tiene de seguir financiando los desarrollos del sector, y la rentabilidad actual de la empresa.
En cuanto a lo primero, el Gobierno ha dicho no sin razón que para alcanzar las metas para los países de América Latina, que fueron aprobadas hace pocas semanas en Acapulco en una conferencia continental, se requeriría instalar cerca de cinco millones de líneas telefónicas de aquí al año 2000. Esto equivaldría a invertir, con recursos públicos, cerca de 5.000 millones de dólares, comprometiendo así la mayoría de la capacidad de endeudamiento del país para esta década, que el Gobierno pretende destinar más bien al plan vial de la apertura y a los programas sociales contemplados en el plan de desarrollo.
El otro punto, el de la rentabilidad de Telecom, parece más complejo.
La verdad es que la empresa ha sido, tradicionalmente, generadora de importantes utilidades que en buena medida son traspasadas al sector central para toda clase de inversiones. Sin embargo, esta buena fama de Telecom comenzó a comprometerse el año pasado, cuando un informe de la Contraloría General de la República titulado "Telecom: muchas utilidades...para sus trabajadores", comenzó a plantear serias dudas sobre quién realmente se estaba beneficiando de este monopolio estatal: si el país o los 14.000 trabajadores de la empresa.
Un reciente estudio actuarial contratado por la entidad, confirmó las preocupaciones expresadas por la Contraloría. En efecto, algúnas cifras apuntan a demostrar que, de segir Telecom como va, en pocos años se podría encontrar en una situación como la que llevó a la quiebra a los Ferrocarriles Nacionales y a Colpuertos.
Los análisis en mención revelan que mientras en 1980, la remuneración al factor trabajo de la empresa representaba el 36 por ciento de los ingresos por venta de servicios, ahora representa cerca del 54 por ciento. Lo grave es que las proyecciones que se han hecho, revelan que de seguir las cosas como van, para el año 2000 este factor representaría ya no el 54 por ciento sino el 137 por ciento de los ingresos por ventas de servicios, lo que significaría que antes de terminar la década, a Telecom ya no le alcanzarían sus ingresos por ventas para pagar la pesada carga laboral (ver cuadro).
Esto haría que para la segunda mitad de la década, la empresa, a pesar de manejar este rico monopolio estatal, ya no sólo no le transferiría recursos al sector central sino que requeriría de una buena ayuda del Presupuesto Nacional. Algunos análisis han llegado a calcular el déficit operativo que tendría que soportar la empresa para entonces, en cerca de lo que sería entonces un punto completo del PIB.
En el último decenio los ingresos por servicios crecieron con un promedio anual del 36 por ciento, mientras que los gastos por carga laboral lo hicieron a cerca del 43 por ciento. Esto se explica esencialmente por el aumento de las prestaciones extralegales, que hoy representan cerca del 35 por ciento de los pagos al factor trabajo, sin incluir las provisiones actuariales para el pago de pensiones, que son quizá el asunto más crítico para una entidad que cuenta ya con cerca de 9.000 jubilados
En efecto, dichas provisiones para el pago de pensiones pasaron de representar poco más del cinco por ciento de los costos laborales de la empresa en 1980, a representar más del 55 por ciento el año pasado. En 1990, la amortización acumulada requerida para cumplir con las metas del estudio actuarial alcanzó la cifra de 230.000 millones de pesos.
Dichas provisiones se han venido haciendo de manera contable y respaldadas por activos, lo que se considera altamente riesgoso. La realidad es que la falta de un fondo de pensiones constituido de manera efectiva, implica que en la actualidad no esté garantizado el pago de dichas pensiones hacia el futuro.
Para resolver este aspecto, el proyecto de ley prevé que el producto de la venta de un 10 por ciento de las acciones de lo que sería Telecom S.A. permita constituir, con dineros contantes y sonantes, un fondo de pensiones con por lo menos 200 ó 300 millones de dólares, que garantizarían el pago de pensiones a los antiguos y actuales trabajadores de la empresa.
Otro de los argumentos en el que los dirigentes sindicales y algunos sectores de opinión han insistido es el de la soberanía que según ellos se perdería en este sector estratégico, si se llegara a privatizar. La verdad es que esta parece ser una discusión más bien pasada de moda. Países como México, campeón latinoamericano en reivindicaciones de soberanía, privatizó la poderosa empresa Teléfonos de México, Telmex, hace pocos años. Esta venta no sólo ha significado ingresos por más de 7.000 millones de dólares para el Estado mexicano -que los ha aplicado en pagar deuda-, sino que ha determinado un sostenido desarrollo del sector.
En efecto, Telmex invertirá este año más de 3.000 millones de dólares, unas 12 veces el promedio anual de sus inversiones en la década pasada. En el caso colombiano y en cuanto al tema de la soberanía, el proyecto de ley se inspira en algunos aspectos del proceso mexicano, ya que a pesar de venderse la empresa, el Estado continúa a cargo del control del sector a través de un plan de desarrollo y de contratos de concesión que obligan a la empresa a cumplir metas de cubrimiento, tanto en el campo social como en el de la telefonía rural. En México, en tiempos en que Telmex era una empresa del sector público, involucraba anualmente unas 300 localidades rurales al servicio telefónico. En la actualidad, Telmex privatizada está batiendo todos los récords en materia de telefonía rural, con 2.000 nuevas localidades al año.
En Chile se ha dado un caso similar. La privatización del sector ha abierto las puertas al desarrollo de programas rurales exigidos por el Gobierno. Además, en términos de densidad telefónica, en apenas cuatro años Chile ha pasado de 2.5 a nueve teléfonos por cada 100 habitantes, con inversiones de varios cientos de millones de dólares que el Estado solo no hubiera sido capaz de adelantar.
En fin, como puede verse, el debate está que arde. Cuando apenas va a comenzar en el Congreso, es difícil prever cuál será su resultado final. Sin embargo, lo que está claro es que las discusiones resultarán casi tan agitadas como las del proyecto tributario, y pasarán varios meses antes de que el país sepa si las puertas del servicio telefónico se van abrir o no al sector privado.

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