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| 5/15/2014 12:00:00 AM

¿Detrimento por más de $6.000 millones en la Distrital?

La Contraloría distrital dice haber detectado irregularidades financieras en la institución.

La situación de la Universidad Distrital 'Francisco José de Caldas' está en el límite. Desde hace varias semanas, los estudiantes salieron a protestar por unas reformas que fueron tomadas por el Consejo Superior universitario, las cuales fueron reversadas esta semana por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Pero ahí no para la historia, este jueves el contralor Distrital anunció que encontró un posible detrimento por más de 6.000 millones de pesos en la institución.

Sobre la gestión de la Universidad Distrital durante el año 2013, el organismo de control detectó una serie de inconsistencias en la ejecución de los recursos que arrojaron hallazgos fiscales por más de 6.265 millones de pesos. 

Además, en la Dirección de Responsabilidad Fiscal del Ente de Control se encuentran apresados 18 procesos por valor de 2.362 millones de pesos. 

Según el contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, la Contraloría realizó durante el 2013 un cruce de información con la administradora de pensiones Colpensiones y la misma Universidad Distrital, detectando 106 casos por dobles pagos pensionales. Finalmente, se logró determinar en solo seis casos un presunto detrimento por 1.532 millones de pesos. 

En los casos revisados, se evidenció que la universidad reconoció la pensión después de 1995 y posteriormente el antiguo ISS, ahora Colpensiones, reconoció la pensión de vejez, después procedió a notificarle a la Institución educativa, y a la sigue existiendo un doble pago pensional. 

Cabe mencionar que, por concepto de pensiones, la Universidad destinó en el 2013 el 17,65 % de su presupuesto, que corresponde a 53.938 millones de pesos y la carga pensional ha venido aumentando considerablemente a lo largo de las vigencias. 

La Contraloría estableció irregularidades en varios contratos relacionados con obras de la universidad. En la construcción nueva sede el Porvenir de Bosa, la Contraloría llamó la atención de un riesgo de pérdida de 72.000 millones de pesos. También, la falta de seguimiento al contrato de consultoría relacionado con la elaboración de los diseños arquitectónicos de la nueva sede, por 1.096 millones.

Fue liquidado el primero de junio de 2012, sin que se tuviera en cuenta que en el objeto contractual y en la cláusula tercera, se estipuló que la supervisión arquitectónica debía ejecutarse durante el plazo de la construcción de la obra, es decir, que hasta tanto no se culminara el contrato de obra no era procedente liquidar el contrato. 

Además, se encontraron irregularidades en la expedición de la prórroga de la licencia de construcción, debido a que la universidad expidió, en forma errada, certificación de que el proyecto se encontraba en ejecución, cuando ni siquiera se había firmado el contrato de obra. 

La obra presenta actualmente un avance del 1 %, sin embargo, si a diciembre del 2014 no alcanza un avance del 50 % de ejecución, se deben iniciar trámites para la expedición de una nueva licencia, lo que implicaría la modificación general del proyecto: mayores costos en la ejecución del mismo. 

Según el Ardila, las injustificadas dilaciones por más de nueve años en la construcción de esta nueva sede, afecta el ingreso de nuevos estudiantes, pues la demanda de cupos es mayor, por ejemplo, en 2012 aspiraron a ingresar 28.963 personas, pero fueron admitidas tan sólo 5.639. También, la falta de ejecución de este proyecto está afectando a más de 19.000 aspirantes de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy. 

Otro aspecto que llamó la atención, es que con el propósito de generar fondos para el mismo se tenía programado recaudar a diciembre 31 de 2013, por concepto de estampillas 33.384 millones de pesos. Sin embargo, por deficiencias en la planeación solo se recaudaron 21.641 millones de pesos. 

Por otro lado, durante la ejecución del contrato para la construcción de las obras de restauración integral, obra nueva, reforzamiento estructural, redes y obras exteriores para las instalaciones de la biblioteca Aduanilla de Paiba de la U. Distrital, se presentó una adición irregular por 6.558 millones de pesos, sin tener en cuenta el Manual de Contratación que exigía la aprobación de la adición por parte del interventor. 

Sobre la construcción del edificio B de la sede Macarena, no se tuvo en cuenta el concepto técnico de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) relacionado con la amenaza y riesgo por remoción en masa.

Debido a esta situación, y el riesgo de los dineros públicos, la Contraloría de Bogotá se pronunciará en los próximos días con una función de advertencia sobre este tema. 

De esta manera, para el contralor de Bogotá es preocupante que en una entidad que está llamada a favorecer los intereses educativos de estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, se presenten este tipo de falencias en la gestión administrativa que no sólo ponen en riesgo importantes sumas de dinero del erario público, sino que afectan el acceso a un derecho fundamental como es la educación. 

Otros aspectos que también llamaron la atención fueron: la inversión en el 2013 de recursos por cerca de 5.168 millones de pesos en el servicio de vigilancia mientras que para al rubro de Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico, solo 3.278 millones de pesos, de los cuales se giraron 1.808 millones de pesos. 

De la misma manera, se presentaron incumplimientos en metas de proyectos como el relacionado con el mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad.

Cabe recordar que en el Concejo de Bogotá, se cuestionó la disminución para apoyar la investigación, pasando en 2012 de 18 grupos de estudio a tan solo 3, esto debido al desvío de los recursos por parte de las directivas.

Las cartas están puestas sobre la mesa y serán los organismos de control los encargados de determinar las responsabilidades. En este sentido, la Contraloría de Bogotá trasladó dos hallazgos con presunta incidencia penal a la Fiscalía General de la Nación, 31 hallazgos con posible incidencia disciplinaria a la Personería de Bogotá y los de carácter fiscal los remitió a la Dirección de responsabilidad Fiscal del mismo ente de control.
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