Posibles ‘listas negras’ en revocatoria de Petro

Miguel Gómez, el representante a la Cámara por el partido de La U y quien promovió la recolección de firmas para revocar el mandato del actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, denunció que la administración distrital ya inició retaliaciones contra los funcionarios distritales que firmaron la revocatoria.

Este jueves en el Congreso, Gómez reveló un documento que llegó a su despacho en el que “se ordena” la apertura de investigación preliminar contra un funcionario de la administración distrital.

En ese documento, dice Gómez, la jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía, Yolanda Beltrán Navarro, ya notificó al funcionario de la apertura de indagación preliminar en su contra por presunta participación en política. 

“¿Qué tipo de acción tuvo el ciudadano investigado? ¿El Alcalde Mayor sí puede hacer política para defenderse, pero la administración inicia procesos disciplinarios contra los funcionarios del Distrito cuando participan apoyando la iniciativa de revocatoria?”, se preguntó Gómez al señalar que la administración Petro está actuando con “la típica doble moral”. 

El congresista también advirtió que el temor se está apoderando de los funcionarios del Distrito que apoyaron el proceso la revocatoria, pues en el  documento que llegó a su poder se lee: "este despacho ordena abrir indagación preliminar contra el funcionario por presunta participación en política en contra del Alcalde Mayor de Bogotá; ya que siendo funcionario público al parecer promueve la revocatoria del mandato del Alcalde Mayor". 

Gómez decidió mantener en reserva la identidad del funcionario investigado. 

En ese mismo documento, precisa el representante, piden a la oficina de Gestión Humana establecer la identidad, tipo de vinculación, ultima dirección de residencia, cargos ocupados, fecha de ingreso y sus funciones. 

Para Gómez “es muy grave que empiecen a aparecer listas negras y cuentas de cobro por parte de la Administración Distrital contra aquellos que ejercen sus derechos, como apoyar la iniciativa de revocatoria”.

El representante calificó esta actitud “contraria a los principios democráticos”, por lo que le exigió a la administración distrital no acudir a este tipo de mecanismos de intimidación “que son propios de los regímenes totalitarios”.

Gómez Martínez le trasladó copias de su denuncia pública a la Procuraduría para que vigile el desarrollo de las actuaciones que se produzcan dentro del expediente, con el fin de garantizar los derechos de los funcionarios distritales.

El proceso de revocatoria aún está en la fase de revisión de firmas por parte de la Procuraduría quien deberá determinar la validez de las casi 600.000 firmas que fueron recolectadas pidiendo la revocatoria de Gustavo Petro.