Martes, 23 de septiembre de 2014

| 2013/08/31 09:00

POT en Bogotá, la ciudad por decreto

Unilateralmente, Petro adoptó POT y desató el rechazo de constructores y Gobierno Nacional.

Con el Decreto 364, el alcalde Gustavo Petro se jugó una carta dura que atizó el debate político sobre el futuro de la ciudad. Foto: Archivo SEMANA

En una decisión tan riesgosa como polémica, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, logró alinear en su contra al Ministerio de Vivienda, el Concejo distrital, los entes de control, los gremios de la construcción y el comercio y a algunos urbanistas. ¿La razón? Impuso por decreto la ciudad que sueña a pesar de que se había votado negativamente en el Cabildo. 


Nunca antes una reforma al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la norma que traza la ruta para el uso del suelo, había causado tanto revuelo: los detractores anunciaron un alud de demandas, la mayoría de los concejales calificó el decreto como un desacato y el gobierno capitalino se tuvo que armar de una batería de abogados para defender la norma. El decreto del POT cayó como una bomba entre los urbanistas y los constructores de Bogotá y dejó una incertidumbre que tardará un buen rato en conjurarse.


La historia comenzó desde que se conoció el contenido del proyecto propuesto por Petro al Concejo de Bogotá. Era tan ambicioso que, en criterio de sus críticos, desbordaba el alcance que podía tener tanto legal como conceptualmente. No solo se trataba de organizar la ciudad alrededor del agua y adaptarla al cambio climático, como ha expresado el alcalde, sino de instaurar un nuevo modelo de ciudad. El objetivo era “superar la segregación social”, entre otras aspiraciones con las que, en teoría, nadie puede estar en desacuerdo. 


El problema era lo que el nuevo ordenamiento apuntalaba en la práctica: una ciudad concentrada en el centro, modelo que va en contravía de los que se han discutido anteriormente; más cargas para los constructores, en un momento en el que el sector ha caído; y una mezcla de suelos que algunos interpretaron como desorden urbanístico. Además, en el proyecto, el Distrito se arrogaba funciones de control de manera discrecional, lo que alimentó la suspicacia. 


El 7 de junio pasado, la comisión de ordenamiento del Concejo negó el proyecto de acuerdo por 9 votos contra 6. El hecho era inédito en la historia de la ciudad. Antanas Mockus y Enrique Peñalosa también modificaron el POT por decreto, no obstante, en sus administraciones los cabildos no alcanzaron a votarlo. En ese caso, las leyes permiten al alcalde decretar las modificaciones al POT. Sin embargo, no dicen nada cuando el Concejo lo niega, como ocurrió ahora. Petro, con el talante que lo caracteriza, decretó el POT y destapó una olla a presión. 


En el Concejo, donde el alcalde necesita una mayoría para aprobar un cupo de endeudamiento por 3,8 billones de pesos para obras de movilidad, el tono autoritario de Petro no cayó bien. Incluso, los concejales de Progresistas, como Carlos Vicente de Roux y Angélica Lozano han expresado que era mejor sacar un POT por consenso y no de la manera como el alcalde lo hizo. “El POT por decreto es un camino remedial, pero está lejos de ser el ideal”, dijo el primero. Y la segunda consideró que era mejor que el alcalde propusiera otro proyecto, una vez el Concejo se lo negó. 


El primero en anunciar que demandaría la norma fue el ministro de Vivienda, Juan Felipe Henao, pues considera que el decreto es ilegal. Para él, si el Concejo votó en contra, lo que el alcalde debió hacer fue presentar un nuevo POT. Petro le respondió que esas amenazas representaban una ruptura en las relaciones entre el gobierno nacional y el distrital. 


“Espero presidente de la República reflexione”, sentenció en Twitter. Después vino una seguidilla de anuncios de Camacol, como representante gremial de los constructores, y otros empresarios que secundaron a Henao. 


Otro argumento que seguramente respaldará las demandas es que el decreto del POT es distinto del proyecto de acuerdo que el alcalde presentó al Concejo. El gobierno distrital defendió los cambios en la norma con el argumento de que el decreto incluyó observaciones que lo mejoraron. “Es sensato incluir los aportes del debate, pero persiste una duda jurídica sobre si eso se puede hacer”, explicó a SEMANA el concejal Jairo Cardoso, del Mira. 


Ahora, serán los tribunales, primero el Administrativo de Bogotá y en última instancia el Consejo de Estado, los que diriman la controversia. Pero mientras hay un pronunciamiento de fondo, que puede demorarse varios años, el POT de Petro estará vigente, aunque sea una norma frágil. 


¿Qué viene?


La norma decretada por Petro tiene un impacto gigantesco en el uso y el precio del suelo, por eso tiene a todos con los pelos de punta. Mientras el alcalde cree que la nueva reglamentación aumentará la oferta de vivienda en el centro y bajará los precios del suelo, Camacol considera que la ciudad sufrirá una parálisis de la construcción, menos empleos y un encarecimiento de la vivienda. 


Lo concreto es que a cambio de poder construir con pocos obstáculos de altura, los constructores deberán ceder áreas para el espacio público, asumir los costos de mantenerlo, hacer los estudios para las redes de alcantarillado, entre otras cargas. Además, deberán ceder el 20 por ciento del suelo para desarrollar viviendas para los más pobres, o darle el equivalente en dinero al Distrito para que las haga. E


n principio suena bien que los constructores compartan los costos de habilitar terrenos para la construcción con el Estado, con mayor razón si podrán construir más en menos suelo. No obstante, si esas cargas son excesivas podrían desestimular el negocio. 


“Es una ficción ideológica que con la plusvalía de un inmueble el constructor puede asumir las cargas”, dice el concejal Antonio Sanguino. Para el secretario de Planeación, Gerardo Ardila, la crítica es infundada porque a diferencia de cualquier otro bien, la capacidad adquisitiva de los compradores es la que fija los precios de la vivienda y no la simple lógica de las leyes del mercado.

 

Otro problema del POT propuesto por el gobierno distrital es que concentra la construcción en el Centro Ampliado. Ese estímulo a la construcción desconoce otros modelos de planeación que en el pasado sugirieron que la ciudad debía expandirse hacia el norte y tener muchos centros pequeños.


Hay urbanistas que consideran que la ruptura con los modelos discutidos no se puede hacer de un plumazo. “Si se quiere redensificar el centro, primero hay que garantizar las redes de transporte y alcantarillado. Eso se logra con un proceso de planeación, pero no por decreto”, dice Eduardo Behrentz, decano de Ingeniería de la Universidad de los Andes. 


El controvertido POT podría obstaculizar las inversiones de los constructores más grandes, quienes esperarán a ver qué definen los tribunales. Otros, según Planeación, ya están diseñando sus proyectos. Pero su ejecución puede tardar hasta dos años. 


Lo cierto es que en Bogotá la construcción ha decrecido. Según cifras del Ministerio de Vivienda, mientras en 2008 la ciudad participaba con el 41 por ciento de la construcción de vivienda hoy solo llega al 18. Y en el caso de la vivienda de interés prioritario, la caída fue del 36 al 7 por ciento. 


Petro prometió la construcción de 70.000 viviendas de interés prioritario, cuando la ciudad tiene un déficit de más de 100.000 y el total del déficit para todos los bogotanos es de 400.000. Al paso que va la administración es casi imposible que cumpla con la meta. Lo más absurdo es que el alcalde que llegue en 2016, probablemente con un mayor apoyo popular que el de Petro, puede derogar la norma, pues ya habrá cumplido su vigencia. 


En ese caso el POT de Petro no habrá tenido ningún impacto en los objetivos que persigue y en cambio sí habrá sometido la ciudad a una interinidad normativa y la defensa del Distrito a un desgaste innecesario. 



Lo más polémico del POT


La norma establece qué puede construirse y qué no en cada rincón de la ciudad. De esta depende el precio de los predios. 


Mezcla los usos del suelo. En el mismo espacio se podrán mezclar zonas residenciales con usos de bajo impacto, como tiendas, microempresas, talleres. 


Centro ampliado. Se habilita cerca de 10.000 hectáreas de suelo, en un área comprendida entre las calles Primera y 100, y la avenida Boyacá y la carrera Séptima, para construir verticalmente sin límite de altura. 


Cargas para los constructores. Las empresas constructoras deberán ceder el 20 por ciento de suelo en las áreas de renovación urbana y el 30 en las áreas de desarrollo para viviendas de interés prioritario. 


Operaciones estratégicas. El POT anterior delimitaba 13 proyectos clave para la ciudad como Ciudad Salud, el Anillo de Innovación, el centro de Bosa, entre otros. Aunque no los elimina, no los menciona y deja abierta la posibilidad de que se hagan o no. 


Revoca las normas anteriores. Aunque el alcalde Gustavo Petro insiste en que el decreto conserva los lineamientos de los POT anteriores, el 50 por ciento del articulado fue redactado de nuevo y deroga las normas precedentes. 

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