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| 4/5/2014 4:00:00 AM

La caída del POT de Bogotá

Qué implicaciones tiene para la capital la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial decretado por el Consejo de Estado.

Tuvieron que pasar siete meses para que el Consejo de Estado les diera la razón al gobierno nacional, a la Contraloría Distrital, a la Cámara de Comercio, a los constructores, urbanistas, expertos, abogados y concejales, entre otros, que habían advertido que el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado de un plumazo por el entonces alcalde Gustavo Petro era ilegal.

Al fallar una de las numerosas demandas contra el POT, el alto tribunal ordenó suspender provisionalmente el decreto 364 del 26 de agosto de 2013, que modificó el Plan que existía desde 2000.

En la providencia, la magistrada María Elizabeth García señaló que la competencia para reglamentar el uso del suelo es un poder que está en manos del Concejo y que, contrario a lo que alegó el alcalde para sacarlo por decreto, fue discutido dentro de los términos establecidos por la ley y negado dentro del trámite normal. “Esto significa que Petro no estaba habilitado para expedir un nuevo POT mediante decreto”, dice la providencia.

Desde que la administración Petro presentó su idea de ordenamiento territorial, a mediados del año pasado, generó fuertes discusiones porque más que modificar el POT existente quería reemplazarlo para permitir usos múltiples en una misma zona, restringir la construcción en los límites de Bogotá, promover su idea de centro ampliado y aumentar las cargas a los constructores que quisieran emprender nuevos proyectos, entre otros. El proyecto, que tenía propuestas interesantes, finalmente fue discutido y rechazado por el Concejo. Frente a esto, el alcalde decidió expedirlo por decreto, incluso en contra de algunos concejales de su partido.

La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, le dijo a SEMANA que la suspensión del POT “cambia las reglas del juego y las posibilidades de construir en Bogotá” para los empresarios que pensaban tramitar licencias para levantar edificios, casas o proyectos de gran escala, ya que la medida cautelar revive el anterior POT. El Consejo de Estado decidió suspender el actual mientras decide de fondo, lo que podría tardar un año. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que estos procesos son lentos y pueden tomar hasta tres o cuatro años.

El exalcalde Petro, al conocer la decisión dijo por Twitter: “Acabaron con el Plan de Ordenamiento Territorial más avanzado de América Latina”, a la vez que desde el Palacio Liévano surgieron mensajes encontrados. Mientras el alcalde encargado Rafael Pardo dijo que se debía esperar una decisión de fondo, la secretaria general de la Alcaldía, Susana Muhamad, salió en defensa del POT de Petro al advertir que era legal y que la administración hará uso de todos los recursos judiciales para proteger el ordenamiento jurídico, los derechos de los bogotanos y para que prime el interés general sobre el particular.

Fernando Trebilcock, abogado experto en derecho urbano, dijo que las normas son claras frente a la confusión que se ha armado con la noticia. Lo primero que hay que entender es que el Consejo de Estado no ha dicho que el POT es ilegal. Lo que hizo fue suspenderlo mientras toma una decisión de fondo. Frente a eso, todas las licencias aprobadas o que estén en trámite y en debida forma bajo el POT de Petro son legales y lo seguirán siendo. Para los nuevos trámites sí cambia la situación, pues deberán ser presentados bajo el Plan de Ordenamiento de 2000. Incluso, algunos constructores que tengan trámites en curso y consideren que el plan anterior los beneficia más, pueden retirarlos y presentarlos nuevamente.

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, defiende la misma tesis. Dice que la decisión del Consejo no genera inseguridad jurídica. “Mientras se toma una decisión de fondo, la ciudad puede retomar con el POT de 2000 proyectos fundamentales, como el Plan Zonal del Norte, el Plan Usme y 86 planes parciales, entre otros, que habían sido tirados a la caneca”, dijo a SEMANA.

En suma, la suspensión del POT de Petro no generaría un limbo jurídico, como se ha querido presentar. Y deja en claro que decisiones tan trascendentales para la ciudad como un POT no deberían ser impuestas por decreto.
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