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| 4/16/2011 12:00:00 AM

Pre, al tablero

El Tío Sam, odiado por los sindicatos, se convirtió en su gran defensor. ¿Qué tan acertadas son las exigencias laborales que impuso Obama a cambio de apoyar el TLC?

La lista de imposiciones que Barack Obama le planteó al presidente Juan Manuel Santos como requisito para aprobar el TLC lleva consigo una curiosa paradoja. Los sindicatos, enemigos declarados del TLC y críticos eternos de la injerencia del Imperio, son los grandes beneficiarios. Y a los empresarios, defensores a ultranza del tratado y admiradores de Estados Unidos, no les gustan las imposiciones en materia laboral.

Esa fue la situación que encontró el presidente Santos a su regreso a Bogotá, cuando reunió a los gremios y a los sindicalistas para informarlos sobre su reunión con Obama.

Mientras los industriales salieron contentos, los líderes sindicales sacaron un comunicado en el que reafirmaban su oposición al TLC, aunque reconocen que las imposiciones del Tío Sam son exactamente lo que han pedido por décadas. Según Tarcisio Mora, presidente de la CUT, "llevamos 20 años rogando por lo mismo y nos oyó primero Obama".

¿Qué pidió el presidente norteamericano? Para reivindicar las banderas sociales de su partido y meterse en el bolsillo a las centrales obreras del norte, aplaudió el restablecimiento del Ministerio de Trabajo, pidió que se acabaran las cooperativas de trabajo asociado y las agencias temporales, y que se aumentaran los inspectores que revisan las condiciones de trabajo. Por otra parte, recomendó reformar el Código Penal para aumentar las penas a los empleadores que impidan la organización sindical y la negociación colectiva mediante pactos con trabajadores no sindicalizados.

También recalcó la necesidad de implementar mejores medidas para proteger a los líderes sindicales. Otro punto clave es la lucha frontal contra la impunidad con un aumento del número de fiscales e investigadores dedicados a los casos violentos contra la comunidad sindical. Estas indicaciones quedaron plasmadas en un plan de acción con fechas y plazos concretos. Santos se comprometió a cumplirlo, a pesar de que implica un esfuerzo titánico del Ejecutivo y del Congreso. Este lunes el gobierno enviará un primer paquete de documentos a Estados Unidos y en los próximos días incluirá normas en el Plan de Desarrollo para prohibir las cooperativas dedicadas a la intermediación laboral.

A estas alturas, la desconfianza de los sindicalistas se centra en si las exigencias de Obama se van a llevar a la práctica o se van a quedar en el papel. Según Ricardo Bonilla, profesor de la Universidad Nacional y experto en asuntos laborales, "si no existe voluntad política del gobierno, (todo) será un saludo a la bandera". Pero si bien faltan resultados concretos que solo materializará en tres años, parece que el gobierno Santos tiene una actitud positiva frente a las pretensiones sindicales, y al vicepresidente Angelino Garzón se le achaca buena parte del mérito. Lo cierto es que el gobierno acogió recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, se comprometió a que no habría despidos masivos en la reestructuración del Estado y sacó adelante la ley de primer empleo. "Desde hace 30 años no se veía una agenda laboral tan gruesa ni progresista", dice José Luciano Sanín, director general de la Escuela Nacional Sindical.

El otro gran interrogante es si la tarea que puso Obama realmente ataca la raíz de los problemas sindicales. Colombia es el país más peligroso para ser sindicalista: desde 1986, 2.861 de ellos han sido asesinados, 218 han sido desaparecidos forzadamente y están registrados más de once mil hechos violentos contra la comunidad. Por si fuera poco, la impunidad rampante, que llega al 98 por ciento, y un número bajísimo de investigaciones abiertas y de sentencias condenatorias para los culpables, hacen de Colombia un país cabizbajo en lo sindical.

Otra dimensión del azaroso panorama es la baja afiliación. De 19 millones de trabajadores, solo el 4 por ciento pertenece a un sindicato, mientras la media de América Latina es del 30 por ciento, y solo uno de cada 100 tiene la oportunidad de negociar colectivamente. Más del 60 por ciento de trabajadores viven en la informalidad, sin derechos, protección social ni prestaciones.

Pero tal vez la verdadera camisa de fuerza que enfrenta el gremio es una cultura antisindical muy arraigada. El país sigue manejando una visión de guerra fría en la que los sindicalistas son considerados un enemigo interno. "Es mejor ser guerrillero que líder sindical", afirma un dirigente, mientras argumenta que Colombia no ha logrado incluir el sindicalismo en el sistema político. "En Europa son parte de la sociedad, les consultan las leyes y son un interlocutor válido", dice Sanín. En Colombia se tiende a cuestionar el nacimiento de un sindicato en vez de reconocer los derechos de los trabajadores. Mora denuncia que hay macartización: "Creen que destruimos las empresas, que somos vagos y saboteadores", dice.

Sin embargo, no todo es culpa del establecimiento. Al movimiento sindical le ha faltado ser propositivo y no ha podido ser más que un grupo contestatario, panfletario y radical. Por esto, el futuro sindical depende tanto del gobierno como de los sindicatos. Los reflectores de Europa, Estados Unidos y la OIT están enfocados sobre Colombia. Y aunque falta ver qué pasa con el famoso plan de acción de Obama y Santos, al final de cuentas los que no pueden seguir en las mismas condiciones son dos millones y medio de desempleados y otros dos millones de trabajadores que viven en el limbo.
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