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| 12/1/2007 12:00:00 AM

Premio de conciliación

El Estado acaba de arreglar otro lío vial que valdrá 120.000 millones de pesos y otros 20 años de licitación. Para algunos es pragmatismo; para otros, un absurdo jurídico.

Hace dos semanas, el tribunal de arbitramento establecido para dirimir una disputa contractual entre el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y el concesionario Sabana de Occidente aprobó una conciliación que le costará al Estado 120.000 millones de pesos y otros 20 años de concesión vial en la carretera Siberia-La Punta-El Vino.

A cambio, el concesionario construirá una doble calzada de 65 kilómetros y resolverá un lío geológico en esta zona, en obras que podrían valer más de 350.000 millones de pesos, y renuncia a las garantías de tráfico futuras. Así, el negocio podría valer más de 500.000 millones de pesos, sin calcular los peajes de las próximas dos décadas.

Las intenciones son buenas: saldar otro lío de las concesiones y dejar una buena vía en una ruta estratégica: la del centro a la costa. Sin embargo la decisión es polémica porque significó prácticamente adjudicar una nueva concesión. De hecho, el tribunal de arbitramento se dividió. El ex congresista Carlos Martínez Simahán, uno de los árbitros, salvó su voto por considerar que la conciliación se excede jurídicamente. La Procuraduría emitió tres conceptos en los que señala su inconveniencia.

Aunque el contrato se ha desarrollado sin contratiempos, pues las obras se construyeron cabalmente, los problemas empezaron a aparecer cuando se cayó el nivel de tráfico, lo que al momento le ha costado al Estado 128.000 millones de pesos.

Además, como explicó a SEMANA el constructor Mario Huertas, uno de los miembros del consorcio, los dineros de las garantías de tráfico llegan a sus arcas dos o tres años después de causados, lo que origina un golpe a sus finanzas. Por eso acudieron al arbitramento y llegaron a la conciliación con el Inco, donde se concluyó que era necesario buscar una salida más completa que la de poner nuevos peajes, porque de esa forma no se resolvía el problema. Allí apareció el paquete completo: más plazo, nuevas obras y la cesión de un peaje más.

Según el propio árbitro Martínez, en su salvamento de voto, el tribunal debería haberse pronunciado sólo sobre el tema de los peajes, que fue lo que originalmente se solicitó, y no haber ampliado su fallo a otras medidas. La Procuraduría, por su parte, advirtió que evidentemente la conciliación terminó siendo un nuevo contrato y esto no es posible a través de este mecanismo.

Para el consorcio, los conceptos de la Procuraduría no son de obligatorio cumplimiento y apenas son opiniones que sirven como elemento de análisis al proceso. Además, la misma Procuraduría avaló ya otra conciliación como la de Autopistas del Café, que tenía las mismas implicaciones. Cree que la ley permite hacer modificaciones a los contratos viales, como ocurrió, por ejemplo, en la vía Bogotá-Girardot. Y asegura que este no es un contrato nuevo, sino una adición de tramos de obra. Y como el proceso se discutió en audiencias públicas, el Consorcio sostiene que todo ha sido transparente.

Los problemas financieros originados por las concesiones de primera generación han hecho que en el gobierno se vuelva pragmático. Por eso, se han lanzado propuestas como la de modificar todos los contratos de concesión vigentes y ampliar varios de ellos. De hecho, el país adelanta un proceso de renegociación de contratos viales que ya parece ser una política de Estado a la que nadie le ha medido el pulso. Para muchos esto es impresentable, porque se salta todas las normas de contratación para asignar obras indiscutiblemente necesarias.

Las grietas que se abren son enormes. Primero, genera dudas en la opinión pública y, segundo, abre la puerta para que todos los contratistas pidan el mismo trato, lo que genera más incertidumbre. Allí queda en evidencia que las reglas del juego no han sido claras y que aún el país está dando palos de ciego en su política de concesiones. Los entes de control tendrán que dar luces sobre el tema porque la decisión de arreglar las cargas en el camino con contratos millonarios, no convence a muchos.
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