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| 12/11/2016 8:00:00 AM

¿Qué viene después del Nobel de Paz?

La apuesta del presidente Juan Manuel Santos no ha terminado. Su momento de gloria no necesariamente facilita lo retos que están por venir.

Tanto los admiradores como los contradictores del presidente Santos coinciden en una cosa: que él está obsesionado con la paz. Los primeros lo registran como un elogio por tratarse de una causa tan noble. Los segundos lo ven como una muestra de su indiferencia por el resto de los problemas del país.

Ninguna de las dos interpretaciones es válida. Santos no ha estado obsesionado por la paz, así como no lo estuvo por la guerra cuando fue ministro de Defensa. La obsesión de todos los presidentes, incluyéndolo a él, es solo una: cómo van a quedar en los libros de historia. Y de ahí en adelante cada uno escoge lo que considera el mejor camino para lograrlo.

Juan Manuel Santos tenía que escoger entre ser el continuador del gobierno de la seguridad democrática de Álvaro Uribe o el presidente que iba a ponerle fin a un conflicto armado de medio siglo. Decidió ser lo segundo, y aunque todavía no ha comenzado el juicio de la historia sobre su gestión, todo indica que acertó.

Sin embargo, una cosa son los libros de historia y otra la opinión de sus contemporáneos. Como Santos fue elegido la primera vez como el continuador de la obra de Uribe, muchos de los que votaron por él han tildado su apuesta por la paz como una traición. Los integrantes de ese sector de la opinión se han radicalizado al acercarse el fin de la negociación de La Habana, no registran con buenos ojos nada de lo que hace el presidente y son feroces en sus críticas. Como compensación, por habérsela jugado por la paz hoy lo apoyan sectores que no creían en él como candidato y que ahora lo respetan como presidente. Como se ha dicho, Santos logró el milagro político de ser elegido por la derecha y reelegido por la izquierda. Esa metamorfosis se debe exclusivamente a su apuesta de acabar con el conflicto.

El Premio Nobel de Paz, la distinción más importante que puede tener un estadista, no le llegó al presidente en un momento de popularidad. Con la economía creciendo a 1,2 por ciento y reforma tributaria a la vista, los colombianos no están para ovaciones y la impopularidad del presidente es evidente. La derrota del Sí en el plebiscito dejó al país en un limbo y la solución de ese desastre electoral ha sido un proceso complejo que ha intensificado la polarización a un costo alto en imagen presidencial.

Que el primer mandatario se merece el premio, no hay duda. En el testamento de su creador, Alfred Nobel, se estipulaba que se le daría a quien trabaje “más y mejor en la obra de la fraternidad de los pueblos, a favor de la supresión o reducción de los ejércitos permanentes, y en pro de la formación y propagación de procesos de paz”. Si bien los resultados hasta ahora pueden ser objeto de controversia, es difícil discutir la dimensión del esfuerzo.

Según un estudio comparado del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, el acuerdo de Colombia ha sido el más completo de todos los que se han realizado hasta la fecha. La metodología utilizada por ese organismo mide múltiples variables que una vez sumadas, y comparadas con los casos de otros países, le dan el primer puesto a la negociación de La Habana. Si el experimento de Pastrana en el Caguán había fracasado por falta de método, el de Santos pretendía no dejar ningún cabo suelto. El presidente le aplicó a la búsqueda del acuerdo un criterio casi científico. En forma meticulosa armó un complicado rompecabezas que incluía a las víctimas, a los militares, el tema de tierras, el narcotráfico, el apoyo internacional, el desarme y un sistema de justicia transicional. Y para cerrar con broche de oro se había comprometido a que la decisión final quedara en manos de los colombianos a través de las urnas.

En papel, por lo menos, se vislumbraba un buen equilibrio perfecto entre unas reformas necesarias para el país, un respeto a la propiedad privada y una refrendación por parte del pueblo. Sin embargo, aunque Santos sabía que negociar con las Farc no iba ser fácil, nunca pensó que se convertiría en el camino lleno de espinas que ha sido. En su primer discurso sobre el tema el presidente habló de que esperaba que la firma fuese “en cuestión de meses, no de años”. También pensó que se podría llevar a buen término un acuerdo dentro del orden constitucional vigente con algunos ajustes no traumáticos. Esa fue una de las razones por las cuales designó como su jefe negociador a Humberto de la Calle, considerado por muchos el ‘padre’ de la Constitución del 91. Y en cuanto a los guerrilleros de las Farc, como Colombia es firmante del Tratado de Roma, se anticipaba que eran conscientes de que los días de las amnistías y los indultos habían quedado atrás. En otras palabras, si los responsables de delitos atroces no reconocían esta nueva realidad se exponían a quedar bajo la severa jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Una vez se llegara a un acuerdo rápido sobre esos puntos, los colombianos votarían en masa para dar por terminada la pesadilla del conflicto armado.

Prácticamente ninguna de esas premisas se cumplió. La negociación lleva cinco años. Las reformas constitucionales necesarias y los mecanismos para implementarlas acabaron siendo más y de mucho más alcance de lo que se creía. Las Farc resultaron de una intransigencia inesperada y nunca cedieron en los puntos que hubieran dejado satisfecha a la opinión pública: privación de la libertad y no elegibilidad política para los responsables de delitos atroces. Y la ratificación en las urnas resultó un fracaso.

Aun así, lo que se ha logrado con este accidentado proceso de paz ha sido enorme. Que el país está dividido, no hay duda. Pero nunca las grandes causas se pueden llevar a cabo por unanimidad o incluso por consenso. La revolución en marcha de López Pumarejo, con la oposición implacable de Laureano Gómez, polarizó al país en forma comparable a lo que se está viviendo en la actualidad. Hoy ese gobierno es considerado un punto de quiebre que sacó a Colombia del feudalismo en que se hallaba.

Es probable que con el gobierno de Juan Manuel Santos suceda lo mismo. A pesar de los errores que se han cometido y del escepticismo de la opinión pública, las Farc se van a desmovilizar en forma definitiva. Esa no será la paz, pero sí será el fin de la guerra con ese grupo armado.

Aunque la firma de la paz no es sino la primera etapa de un largo proceso, el trecho que falta no va a ser fácil. La implementación del acuerdo depende de cuatro interpretaciones jurídicas que están en manos de la Corte Constitucional: 1) ¿Puede ser considerado el documento firmado un nuevo acuerdo o simplemente un maquillaje del anterior? 2) ¿Tiene el Congreso la facultad de refrendar el acuerdo? 3) ¿Esa refrendación vía Congreso puede ser considerada una refrendación popular? 4) ¿Puede ser considerado el fast track un mecanismo constitucional?

Como en derecho todo tiene dos o más interpretaciones, los cuatro puntos anteriores dan para todo. Lo primero que habría que decir es que el acuerdo final sí constituye un nuevo acuerdo. Los cambios que se incorporaron son muchos y sustanciales. En realidad el único tema grave en el cual no hubo ningún progreso fue el de la elegibilidad política para los responsables de delitos atroces. Las Farc lo consideran un inamovible por razones de principio y ganaron esa batalla. Sin embargo, es indudable que el acuerdo mejoró como consecuencia del triunfo del No en el plebiscito. En términos generales, con excepción del punto de la elegibilidad política, el resultado final es aceptable a pesar de las críticas que sigue despertando.

De ahí en adelante las cosas son menos claras. La facultad del Congreso para refrendar el acuerdo no es ilegal, pero sí irregular. Para comenzar, este no requería más que la firma del presidente, pero al haberse condicionado la entrada en vigencia del fast track a una “refrendación popular”, se volvió necesario un trámite que en circunstancias normales habría sido inocuo. El argumento de que la refrendación vía Congreso no representa la voluntad popular no es un debate jurídico, sino político. El problema no es que la representación indirecta no sea democrática, sino que el compromiso era otro.

En cuanto al fast track la situación es más complicada. Se trata de un mecanismo exógeno a la Constitución que le otorga facultades extraordinarias al presidente y que va a permitir la aprobación de actos legislativos en menos de la mitad del tiempo del trámite ordinario. Sin embargo, que sea exógeno no significa que sustituya automáticamente a la Constitución. Para que eso no ocurra se requiere que su aplicación sea excepcional y transitoria, y así está contemplada.

Sobre el tema de la justicia transicional nunca podrá haber acuerdo. Un sector político le teme a los excesos y abusos en los que se podrían incurrir en su aplicación. La respuesta oficial a esta inquietud es que la filosofía que hay detrás de ese sistema de justicia es que se constituya en un tribunal de cierre y no de acusaciones. Según este concepto el propósito es solucionarle problemas a la gente y no crearles a quienes no los tienen. Esa interpretación, sin embargo, está más en la mente de los negociadores del gobierno que en el texto final de lo acordado.

En resumen, las decisiones por tomar sobre los temas anteriores deberán necesariamente tener en cuenta la conveniencia nacional. Ponerle fin a un conflicto de 52 años es una circunstancia extraordinaria que no se puede manejar limitándose a los procedimientos ordinarios. Colombia tiene una tradición de flexibilidad jurídica cuando esta es necesaria para marcar hitos históricos. Así sucedió cuando se creó el Frente Nacional después de la dictadura de Rojas y más recientemente cuando se promulgó la Constitución de 1991. El proceso que desembocó en esta fue mucho más irregular que el que está en discusión en la actualidad, pero no por ello menos necesario. El país en ese momento necesitaba una asamblea constituyente –y así se había expresado en la informal séptima papeleta organizada por un movimiento estudiantil–, pero como esa figura no estaba contemplada en la Constitución del 86, el gobierno convocó a la elección de sus miembros mediante un decreto de estado de sitio. Y este, a su vez, fue avalado por la Corte Suprema con el argumento, entre otros, de que la constituyente se necesitaba para consolidar la paz con el M-19.

A Juan Manuel Santos, el hombre que ha liderado el actual proceso desde el inicio, su esfuerzo le ha costado “sangre y lágrimas, pero valió la pena”, como dijo recientemente la primera dama en una entrevista. Colombia no va a ser un país sin violencia después del acuerdo, pero seguramente va a ser un país mejor. El Premio Nobel de la Paz es un acto de justicia con la persona que se ha jugado todo por devolverles a los colombianos la esperanza que traerá esa transformación. 

Cinco latinoamericanos ganaron el Nobel de paz antes que Santos:

Carlos Saavedra Lamas, Argentina

Fue ministro de Relaciones Exteriores de su país. Recibió el galardón por haber mediado entre Bolivia y Paraguay luego de la guerra del Chaco entre 1932-1935.

Adolfo Pérez Esquivel, Argentina

Por su compromiso en la defensa de la democracia y los derechos humanos frente a dictaduras militares latinoamericanas, el activista argentino recibió el Premio Nobel en 1980.

Alfonso García Robles, México

Fue uno de los principales promotores del Tratado de Tlatelolco, un acuerdo para eliminar armas nucleares de la región. Fue distinguido con el premio en 1982 por su lucha contra este tipo de arsenal.

Óscar Arias, Costa Rica

El Comité Noruego eligió en 1987 al entonces presidente de Costa Rica por su gestión para negociar la paz de Centroamérica en los años ochenta, conocida como el ‘Plan Arias para la Paz’.

Rigoberta Menchú Tum, Guatemala

En 1992 le fue otorgado el Nobel de Paz a la líder indígena en reconocimiento a su lucha por la justicia social y reconciliación etnocultural basada en el respeto a los derechos de los indígenas.

Otros gobernantes en ejercicio han recibido el Nobel. Estos son algunos:

Theodore Roosevelt. Presidente de Estados Unidos entre 1901 y 1909 recibió el reconocimiento en 1906 por el rol que tuvo como negociador en los tratados de paz entre Rusia y Japón en 1905.

Woodrow Wilson. Presidente entre 1913 y 1921.

Recibió el premio en 1919 por ser el arquitecto de la Liga de Naciones, el primer foro que buscó reunir a los principales países del mundo para resolver los conflictos por la vía diplomática, antes de las Naciones Unidas.

Frederik de Klerk. Galardonado en 1993, junto con Nelson Mandela, por su acuerdo para terminar el régimen racista. En el momento, De Klerk era presidente, y Mandela lo sucedió.

Isaac Rabin. Primer ministro israelí entre 1992 y 1995, recibió el Nobel en 1994 -en compañía de Yasir Arafat- gracias a las intensas negociaciones para alcanzar la paz con los palestinos, que culminaron con los Acuerdos de Oslo.

Barack Obama. Recibió la condecoración en 2009, el mismo año en que asumió el poder. Se lo otorgó por su labor en el fortalecimiento de la diplomacia como vía para la resolución de conflictos entre países, por apostar a la cooperación entre los pueblos y por promover un mundo libre de armas nucleares.

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