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| 11/13/2016 9:12:00 PM

El antifaz de los mineros ilegales (II)

Semana.com reproduce los trabajos ganadores del Premio de periodismo regional Semana-Argos. Esta es la segunda entrega del mejor reportaje escrito, publicado originalmente en 'El Nuevo Liberal' de Popayán.

El 15 de julio del 2010, cuando el alcalde de Inzá Horacio Otalora Peña envió una carta a la directora nacional de regalías, Amparo García, solicitando la consignación de los recursos asignados por la explotación de minerales en su municipio, Giraldo y Duque apenas llevaba un mes reportando a Inzá como productor de oro.

Puede leer: El antifaz de los mineros ilegales

Eran los días en que las regalías se distribuían de acuerdo con el Decreto 600 de 1996, donde el dinero girado era equivalente a la producción de oro de cada territorio: el municipio percibía el 87 % del impuesto total del mineral extraído; el departamento el 10 % y el 3 % se quedaba en el desaparecido Fondo Nacional de Regalías.

Así entonces, el poder de determinar cuánto dinero por regalías recibía un municipio estaba en manos de los alcaldes y comercializadores. Los primeros eran los encargados de certificar si en su jurisdicción había producción del mineral (grandes minas legales o barequeros, que son habitantes de terrenos aluviales que lavan arenas por medios manuales para extraer el oro). Los segundos eran (y aún lo son) los que presentaban las declaraciones de las personas que les vendían el oro. Dicho listado era enviado a Ingeominas sencillamente indicando el nombre, domicilio, número de identificación del vendedor y la cantidad aproximada del metal comprado. Por eso, después de que el alcalde Otalora envió la solicitud para que le consignaran los recursos de regalías en una cuenta a favor del municipio, la Coordinadora de Recaudo y Distribución de Regalías, Luz Marina Aristizábal Duque, le solicitó certificar la existencia de explotaciones mineras en ese municipio, como consta en el oficio del 9 de septiembre del 2010.

Así lo hizo el secretario de Planeación, José Raúl Medina, quien expidió una constancia el 21 de septiembre del 2010 en la que escribió: “Certifico que en el municipio de Inzá existen explotaciones mineras de oro el cual es explotado por el método de barequeo en la cuenca del río Negro, sector Olivares, San Pedro, Yarumal, Santa Teresa, La Manga, Río Negro, Viborá y Segovia”. Luego, el 22 de septiembre el alcalde ratificó esa certificación, la envió a la misma Luz Marina Aristizábal, y agregó: “…con el fin de que en el menor tiempo posible se incluya al municipio como beneficiario de los recursos de regalías”.

Con todas las certificaciones expedidas por el alcalde Otalora, la dirección de regalías procedió a registrar la cuenta y, como hoy lo certifica la Agencia Nacional de Minería (ANM), hizo la transferencia de regalías de metales preciosos que beneficiaron al municipio de Inzá, Cauca, por un total de $1.103 millones, durante el periodo comprendido entre el 25 de octubre del 2010 y el 26 de agosto del 2011.

Eso sucedió a pesar de la pelea decidida del entonces personero de ese municipio, Miguel Ángel Arias, quien advirtió que Inzá no era productor de oro y que las cantidades reportadas por los agentes retenedores (las comercializadoras) no se compadecían con la realidad.

“… Hay falsedad en la cantidad de oro que ha reportado la comercializadora Giraldo y Duque”, declaró el funcionario del ministerio público en un derecho de petición que envió en junio del 2011. “Por tanto, solicito suspender el giro de recursos al municipio por regalías hasta tanto los organismos competentes aclaren la actuación de los funcionarios involucrados”, dijo.

Esa misma petición la remitió al director nacional de Minas de ese momento, Plinio Enrique Bustamante; a la entonces contralora general de la República, Sandra Morelli; al entonces director del Departamento Nacional de Planeación, Armando José Gómez, y a la procuraduría provincial de Garzón, Huila, solicitándole a esta última que se iniciara una investigación disciplinaria contra el alcalde Horacio Otálora y el secretario de Planeación, José Raúl García, por certificar la explotación de oro en el municipio de Inzá, sin existir tal actividad.

La respuesta a esa solicitud, finalmente, la dio María del Carmen López Herrera, subdirectora de Vigilancia de la Dirección de Regalías, el 26 de julio del 2011: “Como Inzá no ha incurrido en ninguna de las causales previstas por la ley, aún no se procede al trámite de suspensión de los giros”. Y finalizó explicando: “es Ingeominas la entidad encargada de establecer si en Inzá existe producción lícita de metales preciosos”.

Desde enero del 2011, el personero había solicidado a Ingeominas el reporte del dinero consignado a la cuenta reportada por el alcalde. Posteriormente, en mayo de ese mismo año, radicó derecho de petición al secretario de Planeación y luego una acción de tutela –“porque no me querían responder”, dice– donde solicitó que le entregaran, conforme al decreto 600 de 1996, “copia del registro de explotadores, comerciantes o compradores directos de oro en el municipio”.

Luego de esta petición, llegó la primera verdad: no existía tal listado de barequeros o mineros artesanales. El secretario de Planeación, obligado por la tutela, respondió: “La Alcaldía municipal a través de la Secretaría de Planeación, ha hecho los esfuerzos necesarios para poder consolidar el mencionado documento, pues somos sabedores de la existencia de personas que extraen oro mediante el método de barequeo, pero la mayoría de explotadores “mineros ilegales” hasta el momento no han mostrado interés, pues suponen que dicha inscripción les generará pago de impuestos adicionales y riesgos contra su integridad”.

Y finalmente, el secretario de Planeación concluyó con la verdad y una nueva mentira: “por las razones anteriores no contamos con dicho registro, por lo tanto esta administración se tomará el tiempo necesario para consolidar la información requerida a fin de que todas las personas que ejercen la actividad queden debidamente registradas y con el pleno conocimiento de sus obligaciones”.

Verdad, porque el listado nunca se elaboró, contrario a lo que él y el alcalde inicialmente certificaron, a través de la constancia que enviaron en septiembre del 2010 a Ingeominas: que en ese municipio había explotación minera por el método de barequeo y que el municipio llevaría “un registro de explotadores, comerciantes o compradores del metal”. Mentira, porque dicho listado nunca se pudo consolidar, pues, según la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre el 3 y el 8 de octubre del 2011 Ingeominas envió una comisión de dos ingenieros para que practicaran una visita de inspección y verificación de labores de extracción de metales preciosos en los sitios indicados en la certificación donde quedaron develadas todas las falsedades.

En dicho informe, que tiene 26 páginas y que se expidió el 18 de octubre del 2011, la comisión concluyó: “no se encontraron personas realizando actividades de extracción de oro por el sistema de barequeo ni evidencias de que estas se hayan realizado en los sectores del municipio señalados por la alcaldía… El municipio no tiene registro de personas dedicadas a la extracción de oro por el sistema de barequeo ni compradores de este mineral”.

Y algo curioso que resalta el informe: “en lo relacionado con la comercialización de oro, varios miembros de la comunidad de Inzá manifestaron a la comisión del Ingeominas que en este municipio no hay personas dedicadas a la compra y venta de oro”.

Pese a todo esto, el pasado 27 de marzo del 2015, la Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó el descalabro: “$1.103 millones fueron girados al municipio de Inzá, con base en la certificación del alcalde Otalora y de los reportes de Giraldo y Duque”.

Esa y otras respuestas de la autoridad minera, llegaron a manos de la Contraloría General de República, luego de que el pasado 27 de febrero el senador Ivan Cepeda, solicitara a ese órgano de control y a la Fiscalía General de la Nación, investigar por qué la comercializadora reportó a Inzá como productor de oro y por qué el alcalde cobró las regalías de ese mineral. “De tal manera que se pueda descartar un presunto acuerdo entre la mencionada empresa y el alcalde…”, dice la misiva.

A la luz del informe de los ingenieros, Ingeominas suspendió la distribución de regalías para el municipio de Inzá, Cauca, en octubre del 2011. Y justificó la decisión, no sólo con el informe, sino con argumentos que siempre tuvo como autoridad minera en sus bases de datos: en Inzá no habían títulos mineros en etapa de explotación ni solicitudes de legalización en trámite. Pero algo más curioso: nunca recibió del alcalde los listados de barequeros de ese municipio.

A pesar de que se comprobó lo que el personero había denunciado, en la misma respuesta de marzo pasado a la Contraloría, la Agencia Nacional de Minería (ANM) hace una salvedad: “Es importante precisar que la ANM inició su funcionamiento el 01 de junio del 2012, fecha en la cual recibimos de Ingeominas recursos provenientes de reportes de marzo y mayo del 2012 del recaudo de regalías por explotación aurífera en el municipio de Inzá, Cauca”. Y en una tabla descriptiva, en ese mismo oficio muestra que quien reportó a ese municipio nuevamente como productor de 10 kilos de oro fue Giraldo y Duque Ltda.

Es decir que, a pesar del informe de los ingenieros del propio Ingeominas que certificaba que no había explotación de oro en Inzá, dicha autoridad minera volvió a refrendar ese mineral para que fuera exportado. Sin embargo, sí retuvo (y aún están retenidos) los recursos por regalías para Inzá por esos 10 kilos.

Ante esta situación, le envié un derecho de petición a la Agencia Nacional de Minería, que respondió el pasado 11 de noviembre. Pregunté: ¿Por qué Ingeominas legalizó a Giraldo y Duque una cantidad de oro que provenía de Inzá, a pesar de que ya existía un informe de la autoridad minera de que en ese municipio no existía producción del mineral?

“Es función de la autoridad minera recibir los listados consolidados de las compras de minerales realizadas por los agentes retenedores, en donde, como se menciona anteriormente, ellos debieron, al momento de la compra, solicitar al vendedor la indicación de su procedencia”, señaló la ANM.

De ese tiempo a hoy, las cosas no han cambiado mucho. Los alcaldes pasaron de expedir una simple certificación con la que decían que había minería de barequeo en su municipio (así se inventaran a los barequeros para cobrar las regalías, como en Inzá), a registrar a los barequeros y enviar ese listado a la ANM. Lo curioso es que según el decreto 0276 de febrero del 2015, dichos barequeros para comerciar el oro no deberán demostrar el origen del mineral, sino, simplemente, contar con esa inscripción en las alcaldías de sus municipios.

Hoy, en Colombia hay 65.000 barequeros, y van en aumeto, pues se están apostando en los huecos o minas ilegales de las retroexcavadoras. Por eso, la línea delgada entre la minería legal e ilegal está desdibujada, pues esos barequeros son los que extraen el famoso oro gris “que el gobierno no ha podido determinar qué es: criminal, ilegal o informal”, según me dijo Alexander Duque el 12 de agosto pasado en su oficina en Cali.

Es decir, las comercializadoras les seguirán comprando oro a unos barequeros que sí existen y que están legitimados por los alcaldes, pero que extraen oro cuyo origen y legalidad es dudosa. La pregunta ahora es: ¿Podrá diferenciar un alcalde a los barequeros de minas ilegales y a los tradicionales? ¿tienen los barequeros la capacidad de producir más de media tonelada de oro, como dijo Giraldo y Duque que habían extraído del municipio de Inzá en un año? ¿Cómo evitar que se siga camuflando el oro ilegal en los barequeros?

La versión de Giraldo y Duque

Ante la controversia por el caso Inzá, Alexander Duque me respondió: “ni Ingeominas ni la Agencia Nacional de Minería me han requerido jamás por la compra de un gramo de oro en el municipio de Inzá. Nosotros partimos del principio de buena fe. Para mí, un proveedor debe tener certificado de Cámara de Comercio, y él, cuando llegaba a nuestra empresa, hacía como nosotros cuando vendíamos al Banco de la República: de buena fe declarábamos las regalías del oro, o declarábamos el origen con base en donde lo habíamos comprado”.

Es conclusión, Alexander Duque dice que quien debió informarle que en Inzá u otro municipio no había producción de oro era Ingeominas, “¿Por qué siendo responsable de esa información no me notificó para que hubiera podido tomar los controles adecuados? Si hubiese sido así, habría cometido un error un mes y seguramente al segundo yo ya había solucionado mi problema, ¿pero hoy?”, se pregunta Duque.

Las investigaciones por estos hechos siguen engavetadas. No obstante, el caso vino a revivirse a principios de este año, cuando el senador Iván Cepeda solicitó al fiscal general Eduardo Montealegre iniciar una investigación por el presunto lavado de activos contra la empresa Giraldo y Duque, así como ocurrió con la empresa Goldex de Medellín: “… de manera respetuosa solicito ampliar el objeto de la investigación, con base en información que he recibido sobre diferentes empresas del sector, como la Comercializadora Internacional Giraldo y Duque, que podrían estar asociadas al lavado de activos u otros movimientos ilegales, como la evasión de impuestos”, se lee en una carta firmada por Cepeda el pasado 27 de febrero.

El exalcalde de Inzá Horacio Otálora Peña se ha negado a aclarar los hechos de los que trata esta investigación. En octubre pasado, antes de las elecciones (cuando Otálora intentó sin éxito nuevamente ser mandatario de ese municipio), intenté comunicarme con él a través de su teléfono celular. Sin embargo, cuando le mencioné que era periodista respondió que no escuchaba, que estaba en zona rural y que lo llamara luego. Esto último se hizo, pero nunca contesto. Cuatro días antes de salir esta publicación, intenté nuevamente comunicarme, pero ni siquiera respondió un mensaje de texto que le envié.

Sin embargo, la respuesta, que no quiso dar Otálora por sus actuaciones, la podría clarificar la declaración de un funcionario de una alcaldía municipal de la zona, quien pidió reservar su nombre: “el negocio que ellos nos propusieron fue que legalizáramos a los barequeros, a todo el mundo. Entonces: legalizas dos mil mineros y cada mes pones que sacan dos kilitos, un kilito de oro eso suma”, me confesó en julio pasado.

De igual modo, el funcionario, quien resalta que rechazaron la propuesta, dice que esa propuesta la hizo Giraldo y Duque y que ese “es el mecanismo que ellos utilizan para poder traer y lavar oro del Ecuador, Venezuela y otros países…”.

Con la declaración del exfuncionario y la nueva normatividad, quedan dos preguntas ¿se siguirá camuflando el oro ilegal en los barequeros que inscribieron e inscribirán los alcaldes en cada uno de sus municipios? En Guapi, Cauca, costa Pacífica, a julio de este año el alcalde ya ha registrado 5.557 barequeros y en todo el país 65.536. ¿Seguirá reinando el oro gris?

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