La categórica respuesta del Gobierno a las 60 preguntas del procurador

La mañana de este martes los colombianos amanecieron con un nuevo cuestionario del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en el que a través de 60 preguntas expresa al Gobierno su desconfianza frente al proceso de paz que se adelanta con las FARC en La Habana.

El jefe del Ministerio Público, feroz opositor de los diálogos que se realizan en la isla caribeña, buscó respuestas acerca de temas como la desmovilización, la entrega de armas y la capacidad de la fuerza pública para impedir que la guerrilla utilice las zonas de concentración de sus efectivos para cometer delitos.

La respuesta a Ordóñez llegó apenas horas después, cuando el secretario privado de la Presidencia de la República, Enrique Riveira Bornacelli, le envió una comunicación en la que le informa las razones por las que su interrogatorio por escrito no obtendría respuesta alguna.

“Por considerarlo improcedente a la luz de la normativa constitucional vigente, he recibido instrucciones para devolver sin trámite su oficio del pasado primero de agosto del 2016, mediante el cual plantea interrogantes sobre el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las FARC-EP”, inicia la respuesta.

En el documento, la Presidencia le recuerda al procurador que la información sobre los acuerdos alcanzados entre las partes es pública y señala al cuestionario de no tener la intención de obtener información sobre los mismos, sino de “adelantar una actividad de control político contra el presidente de la República más afín al proselitismo partidista que a las funciones del Ministerio Público”.

Afirma la carta, además, que algunas de las preguntas “contienen afirmaciones que revelan una posición política acerca de lo negociado con las FARC-EP, para luego inquirir por qué las cosas no se han hecho en la forma en la que el señor procurador caprichosamente estima conveniente”.

Esta verdadera andanada contra el jefe del Ministerio Público continúa al decir que otros de los interrogantes “pretenden confundir a la opinión pública” ante la sugerencia supuestamente velada por parte de Ordóñez de que la fuerza pública se mantendrá inerme mientras la guerrilla continuaría su accionar delincuencial.

El secretario Riveira le hace memoria al Ordóñez al indicarle que el presidente Juan Manuel Santos tiene la obligación constitucional de mantener el orden público y, bajo ese marco, tiene la potestad exclusiva de adelantar diálogos de paz.

“En esas condiciones, no es el procurador general de la Nación al que le corresponde ejercer las funciones de las negociaciones de paz, alegando competencias constitucionales que no tiene”, le censura.

En un recorderis final, el Gobierno trae a colación el último pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de la ley del plebiscito por la paz, en el que el alto tribunal prohibió de manera tajante a los funcionarios pertenecientes a los organismos de control, como lo es la Procuraduría, “participar en actividades de proselitismo político”.

Le recomendamos: Plebiscito por la paz: claves para entender la decisión de la Corte

Lo cierto es que si bien este no es el primer cruce de comunicaciones ente el procurador y el presidente, la temperatura de la discusión acerca del plebiscito y de los mismos acuerdos de La Habana no ha hecho más que empezar a caldearse.

Lo invitamos a participar del debate: