Presidente de la Corte Penal Internacional en Colombia

El presidente  Juan Manuel Santos y el presidente de la Corte Penal Internacional (CPI) Sang-Hyun Song firmaron este  martes un acuerdo sobre ejecución de sentencias.

"Es un momento histórico, ya que Colombia es el primer Estado... de América Latina" en firmar el pacto con dicho organismo internacional, aseguró Song. Santos afirmó que la CPI es un aliado de Colombia en la lucha contra la impunidad, las violaciones de los derechos humanos, la reparación de víctimas y el fortalecimiento de la justicia.

"Su creciente legitimidad y prestigio (de la CPI) la han convertido en un referente obligado para aquellos países... (que) buscan una transición de la violencia a la paz sin olvidar las exigencias de la justicia", aseguró el mandatario.

El acuerdo hace parte del Estatuto de Roma --elemento constitutivo de la CPI-- y dispone que los Estados firmantes reciban a reos, de diversas nacionalidades, cuyas penas fueron impuestas por los magistrados de la Corte.

El gobernante colombiano destacó que su gobierno ha sido muy activo en apoyar iniciativas relacionadas con la justicia penal internacional y ahora adelanta "trámites para hacer efectiva la donación al Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional".

Colombia se convirtió en el séptimo país en suscribir el acuerdo junto con Austria, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Finlandia y Serbia.

"Sólo así, -unidos- los Estados y la Corte lograremos un mundo más justo donde se respete la ley y se haga efectivo el derecho a vivir en paz", expresó Santos.

Además de la reunión con el presidente, Sang-Hyun Song se reunió con la fiscal Viviane Morales y al final de la tarde con el Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar Volkmann.
 
Con Salazar Volkman abordó temas específicos: los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por paramilitares, crímenes de guerra y lesa humanidad cometidas por la guerrilla, con especial énfasis en reclutamiento y violencia contra niños, niñas y adolescentes; ejecuciones extrajudiciales, cometidas presuntamente en su mayoría por miembros de la Fuerza Pública Colombiana.
 
Con información de agencias.