Presidente Santos sancionó el Estatuto Anticorrupción

El presidente Juan Manuel Santos sancionó este martes el Estatuto Anticorrupción. Según el mandatario, cinco serán los elementos clave de la estrategia integral contra la corrupción: se trata de la aplicación efectiva de las normas, la acción preventiva, la colaboración ciudadana, la cultura de legalidad y la coordinación.
 
“Las solas normas para evitar o castigar la corrupción no son suficientes, pero son indispensables para poner a la sociedad en el camino correcto”, explicó el mandatario.
El jefe de Estado manifestó que se dotará de transparencia a los procesos de contratación y se mejorarán los mecanismos de rendición de cuentas.
 
Y es que el Estatuto Anticorrupción está compuesto por cerca de 150 artículos que ponen lupa a la contratación pública y la financiación de campañas. También amplía el plazo de las investigaciones y los términos de prescripción (quedan máximo en diez años), implementa el proceso verbal, acaba con la 'puerta giratoria', crea una política antitrámite y una Comisión de Moralización, incluye un capítulo especial destinado al sector salud y, más que nada, ataca la corrupción del sector público y fortalece el control interno.
 
Pero a pesar de los dientes que tendrá ahora el Estado para enfrentar la corrupción, el presidente Santos resaltó la necesidad de la colaboración ciudadana: “sólo una ciudadanía activa y vigilante es la que puede hacer que la estrategia que hoy anunciamos sea un verdadero éxito”.
 
Cabe recordar que esta ley establece que el Presidente, en una facultad indelegable, será el encargado de diseñar la política de Estado en materia de lucha contra la corrupción.
 
También, aquellos que financien campañas no podrán contratar con las entidades territoriales si el candidato apoyado termina siendo elegido en las urnas. Es decir, los particulares podrán financiar aspiraciones políticas pero no serán contratistas de aquellos alcaldes o gobernadores a los que auspiciaron económicamente.
 
“Quienes financiaron campañas a alcaldías, gobernaciones y presidencia no podrán ser contratistas de la respectiva entidad territorial a cuyo gobernante apoyaron”, explicó Santos.
 
El mandatario agregó que además los interventores tendrán que responder por los incumplimientos y demoras en las obras. “Los colombianos no aguantamos un contratista más que dilate las obras en perjuicio de la gente. Habrá castigos de inhabilidad y multas cuantiosas para quienes reiteradamente le incumplan al Estado”, indicó.
 
Santos agregó que de hoy en adelante se exigirá que todas las obras públicas tengan diseños en una fase clara antes de que se puedan abrir las licitaciones o suscribir los contratos, para evitar los sobrecostos y las onerosas controversias entre el Estado y el contratista.
 
Además, la nueva norma establece controles a los contratos de obras públicas, al regular los anticipos y adiciones y establecer parámetros de transparencia en las licitaciones públicas. En ese sentido, Santos anunció un ‘tatequieto’ al escándalo de las obras públicas y aseguró que con el nuevo Estatuto Anticorrupción no habrá más ferias ni carruseles de anticipos.
 
Así mismo, Santos advirtió que con este estatuto se “acabaron las gabelas para los procesados por corrupción”. Y es que con esta ley también se dota a los organismos de control e investigación, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, de “mayores facultades” para luchar contra este flagelo. Por ejemplo, la facultad del Ministerio Público para revisar fallos disciplinarios absolutorios si encuentra nuevas evidencias sobre posibles actos de corrupción.
 
En su momento, ese tema fue muy controvertido en el Congreso porque podría generar inseguridad jurídica y dejar expuestos, de por vida, a los funcionarios públicos. Sin embargo, tal como fue aprobado, se estableció un término de tres meses para que el Procurador haga revisión de esos fallos absolutorios o de archivo.
 
El estatuto anticorrupción también amplió las inhabilidades para los funcionarios públicos. Estos no podrán trabajar en los sectores de la economía para los cuales tomaron decisiones. Esta inhabilidad será de dos años.
 
Para detectar delitos de corrupción, el estatuto estableció que la Fiscalía, con orden previa del Fiscal General, podrá destinar agentes encubiertos para investigar y descubrir defraudaciones contra el Estado.
 
En todo caso, los agentes, en su función, no serían castigados penalmente si se establece con claridad que era para desenmascarar organizaciones de corrupción y no cometen, en esa práctica, ninguna defraudación al Estado.
 
Durante la sanción del Estatuto Anticorrupción, el jefe de Estado anunció intervenciones especiales en sectores como infraestructura, agua y salud, así como en el manejo de las regalías.
 
También, aseguró que en “menos de una semana” serán dados a conocer los resultados de una nueva investigación en la lucha contra la corrupción: “ahí va a caer mucha gente y el país se va a estremecer”.