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| 12/5/2016 10:24:00 PM

El afán del presidente Santos

El primer mandatario le pidió a la Corte Constitucional celeridad en su decisión sobre el Fast Track. Oposición, por el contrario, pide calma.

Pocos fallos han sido tan esperados como el que tomará la Corte Constitucional el próximo 12 de diciembre. El viernes de la semana pasada el gobierno, las Farc, el Congreso y buena parte de la opinión pública estaban acuartelados esperando si los magistrados decidían revivir el polémico y esperado “Fast Track”.

La expectativa era enorme pues de esto depende en buena medida la suerte del  proceso de paz. Pero la decisión, que requiere un profundo debate jurídico, no salió ese viernes y el limbo en el que se encuentra la implementación del acuerdo se prolongará una semana más.

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Ese limbo les preocupa tanto al gobierno como a las Farc y así lo han hecho saber ambas partes. Quizás por eso, el presidente Santos le hizo a la Corte una solicitud inusual, teniendo en cuenta el sistema de separación de poderes: les pidió a los magistrados que se apuren.

En una entrevista en el diario El Tiempo confesó que “hago votos para que la honorable Corte Constitucional le dé su visto bueno, porque es absolutamente indispensable para una rápida implementación, que a su vez es fundamental para el éxito del proceso".

Lo mismo había dicho en un encuentro en Achí (Bolívar) el pasado sábado: “Hay que acortar tiempo de implementación, si nos extendemos la gente puede perder la fe, caldo de cultivo para la violencia”.

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Humberto de la Calle se ha pronunciado en el mismo sentido. En un encuentro con miembros de la Alianza Verde señaló que con el trámite ordinario el paquete legislativo que se necesita para implementar el proceso tardaría al menos hasta el próximo diciembre. Y advirtió que el cese al fuego se rompería mucho antes de que esa fecha llegue y que cuando suceda habrá muertos.

¿Presiones indebidas?

Las palabras del presidente y de los miembros del gobierno no han caído bien en la oposición. La última vez que el presidente se dirigió en esos términos al Palacio de Justicia fue cuando también pidió celeridad al Consejo de Estado para definir el proceso contra el ex procurador Alejandro Ordóñez, y sus contradictores consideran que esa fue uno de las metidas de pata más grandes de su gobierno.  

En esta oportunidad las cosas son diferentes pues se trata de una preocupación de carácter general que no tiene el nombre y apellido de un adversario político. Sin embargo, el primer mandatario no ha estado exento de críticas.  

El primero que salió a denunciar la supuesta “presión” que vive el alto tribunal fue el ex presidente Álvaro Uribe, quien no es propiamente un fan de ese organismo pues le trancó el referendo con el que buscaba asegurar su segunda reelección.

Uribe ha dicho que las Farc están presionando a la Corte “para que autorice el fast track a pesar de que perdieron el plebiscito y con el gobierno eludieron repetirlo”.  El domingo aseguró en un video que ese mecanismo era “abusivo” y expresó detalladamente sus reparos. Agregó que el gobierno tiene facultades legales para proteger a los miembros de la guerrilla sin necesidad de recurrir a esas ventajas. 

El senador Ernesto Macías del Centro Democrático asegura que el gobierno está ejerciendo “presiones indebidas” a la Corte con el fin de “limitar las funciones del Congreso con el Fast Track”.  Y Óscar Ortíz, ex zar corrupción, asegura que quieren poner al Alto Tribunal contra la pared y lograr una “sentencia fast track para el fast track”.

Algo similar ha dicho el constitucionalista Jaime Castro. Para el abogado, el gobierno cometió un error al no haber presentado antes la ley de amnistía y que ahora le están “echando la culpa a que no hay Fast Track”. Agregó que la Corte Constitucional es el contrapeso del gobierno y del Congreso y que si deja de serlo, “pobres instituciones”.

¿Por qué tanto afán?

La discusión alrededor del Fast Track se ha tomado la agenda política y judicial, pero es difícil seguirle la pista pues se trata de un complejo sistema de procedimiento legislativo. En resumen, lo que este busca es disminuir los tiempos de las votaciones en el congreso y limitar los temas que pueden ser objeto de debate.

El mecanismo quedó consignado en el Acto Legislativo para la Paz pero se necesitaba que en el plebiscito ganara el Sí para que entrara en vigencia. El gobierno y las Farc esperan que la Corte Constitucional les deje utilizarlo a pesar de que el No se impuso en las urnas y que la demanda, interpuesta por el constitucionalista Jesús Pérez, lo que pide es tumbarlo.

El Alto Tribunal debate si, por medio de la integración normativa, puede llegar a decidir sobre un punto que no fue demandado: el que vinculó el Fast Track a los resultados del plebiscito.  Si esto sucede, como se anticipa hasta el momento, el mecanismo reviviría.

Con esto el gobierno tendría las siguientes prerrogativas para el trámite de las leyes de la paz: iniciativa exclusiva, prelación frente a todos los otros temas, posibilidad de votar únicamente Sí o No, y modificaciones limitadas al contenido del Acuerdo Final y al aval previo de la Presidencia.

Así, la ley más urgente -la Aministía- podría ser tramitada de manera expedita y estaría asegurado que saldría del congreso tal como entró.  

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