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| 7/16/2017 8:15:00 AM

América Latina: la corrupción hace metástasis

La mitad de los presidentes y expresidentes recientes de América Latina está envuelta en grandes escándalos de corrupción. Lula no es más que el último.

Una de las conversaciones rutinarias por estos días en Colombia es cómo le va de mal al presidente Santos. Se oye una y otra vez que su popularidad llegó a estar en 12 por ciento, que puede caer aún más, que sorprende la agresividad con la que la gente se refiere a él, etcétera. Y, sin embargo, comparado con la mayoría de los otros jefes de Estado de la región, al mandatario colombiano le va bastante bien. Por donde se mire en América Latina saltan a la vista no solo problemas de popularidad, sino escándalos, demandas, investigaciones, capturas, posibles destituciones y hasta peticiones de extradición.

Esta semana quien recibió el más duro golpe fue el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. El que había sido conocido como “el hijo de Brasil”, cuya popularidad al final de su mandato era de 87 por ciento, fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. El juez responsable del caso Petrobras lo declaró culpable por haber aceptado en una zona costera de São Paulo una vivienda de tres pisos cuyo valor sería 1,2 millones de dólares. El regalo fue pagado por la constructora OAS, que era contratista del Estado y a la cual le fue muy bien durante su gobierno. El expresidente podrá recurrir en libertad hasta que haya una sentencia firme en segunda instancia. Lula, de 71 años, también tiene pendientes cuatro juicios más por otros casos, y aunque puede apelar y es el favorito para las elecciones de 2018, su aspiración a ser reelegido está en entredicho.

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Y él no ha sido el único presidente que ha caído en desgracia en Brasil. Su protegida y sucesora, Dilma Rousseff, fue destituida tras un juicio político por manipular las cuentas públicas. Y el actual presidente, Michel Temer, quien no lleva sino diez meses de gobierno, ya tiene el agua al cuello. Varios de sus aliados políticos tuvieron que renunciar luego de ser acusados de tratar de frenar investigaciones sobre actuaciones en su pasado, y un testimonio jurado lo señaló de haber negociado un soborno por 40 millones dólares para su partido político en 2010.

Los aliados de Temer en la Cámara Baja rechazaron en primera instancia la denuncia de la Fiscalía. Pero la decisión final está en manos de la plenaria que votará sobre el asunto el próximo 2 de agosto. Para que la Corte Suprema le abra un juicio y lo destituya se requiere que ese día 342 de los 513 parlamentarios voten en su contra. Esa mayoría de dos tercios se ve poco probable.

En mayo pasado Joesley Batista, el magnate de la empresa alimentaria JBS, le entregó a la Fiscalía de su país una grabación en la que Temer aparentemente aprueba un soborno al expresidente de la Cámara Baja, quien se encuentra encarcelado por corrupción. El objetivo sería comprar el silencio de un exaliado político para que no se convierta en un sapo.

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Pero Brasil no ha sido el único país al que le han caído escándalos presidenciales en los últimos días. El lunes pasado la Fiscalía de Perú pidió prisión preventiva por 18 meses para el exmandatario Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, quienes gobernaron de 2011 a 2016. Ambos son acusados por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir por haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht como parte de la financiación de la campaña electoral de 2011. El viernes pasado la pareja se entregó a la Justicia para enfrentar el juicio negando haber recibido el aporte de la constructora brasileña y describiendo el proceso como un linchamiento político y un abuso de poder.

Otro expresidente peruano, Alejandro Toledo, quien gobernó entre 2001 y 2006, también está acusado de haber caído en la telaraña de Odebrecht. El economista tiene orden de captura por haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña. Durante su mandato se inició la construcción de la carretera Interoceánica, que costó 4.500 millones de dólares, cuatro veces más de lo presupuestado. También es investigado por adquirir millonarios inmuebles con dinero que vendría de otros actos de corrupción de su gobierno. Toledo, quien reside en Estados Unidos, ha sido pedido en extradición por el gobierno del presidente actual de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Si eso llega a suceder, sería el segundo mandatario peruano tras las rejas, pues Alberto Fujimori está pagando una condena de 25 años por corrupción y violación a los derechos humanos.

También ha sido noticia reciente, y no precisamente por sus logros, el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. Fue detenido el mes pasado por autoridades norteamericanas cuando salía de su casa en el barrio Coral Gables en Miami. En su prontuario se encuentra un supuesto desfalco de 45 millones de dólares de un programa de alimentación escolar. Además, se le acusa de haber utilizado fondos públicos para espiar a cerca de 200 panameños entre los que se encontraban políticos, opositores y activistas sindicales. También fue señalado por recibir fondos de Odebrecht con los que habría adquirido un helicóptero que posteriormente le fue confiscado. Martinelli podría recibir una pena de 21 años de cárcel. El juez norteamericano le ha negado la libertad bajo fianza y ha dejado saber que agilizará la extradición. Algo curioso en el caso de Martinelli es que es uno de los hombres más ricos de Panamá y por eso resulta extraño que haya utilizado el poder para enriquecerse aún más.

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En Chile Michelle Bachelet es tan impopular como Santos en Colombia, pero hasta ahora no tiene grandes escándalos. Su hijo fue acusado de tráfico de influencias, pero la cosa no era muy grave y no prosperó. El que sí parece estar enredado es su antecesor, Sebastián Piñera, quien ya lanzó su candidatura a las elecciones del año entrante. No obstante, ha tenido que capotear varias denuncias e investigaciones, pues se le acusa de tráfico de influencias por haber invertido en una pesquera peruana cuando las aguas de ese país estaban en litigio con Perú. Este último ganó el pleito cuando la Corte Internacional de La Haya le otorgó 50.000 kilómetros cuadrados de mar anteriormente chileno.

Con eso se valorizó la empresa y la oposición lo acusó de entregarle ese patrimonio marítimo a Perú para hacer un buen negocio. La acusación tiene algo de absurdo, pues Piñera también es uno de los hombres más ricos de su país, la inversión en la pesquera peruana era marginal, y a diferencia de Martinelli no es considerado un hombre corrupto. Sin embargo, en política todo vale y por cuenta de ese negocio sus enemigos aspiran a atajar su reelección.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, otro multimillonario, quien apenas tiene 16 meses de gobierno, estuvo involucrado en un escándalo por cuenta de Correo Argentino, una empresa de su padre, Franco Macri. Esta dejó deudas millonarias con el Estado que el actual gobierno le perdonó. Y como a la cabeza del mismo está su hijo, el enredo es grande.

También está acusado por la venta de la aerolínea argentina MacAir Jet a Avianca. La transacción sería de rutina si no fuera porque la empresa aérea es de la familia del presidente y la venta se llevó a cabo durante su gobierno. El caso está en manos de la Fiscalía y se ha convertido en munición para la oposición.

Su nombre también apareció en el escándalo de los Panama Papers y la firma de abogados Mossack Fonseca. En dicha ocasión el nombre del mandatario figuró en la junta directiva de dos empresas de su padre: Fleg Trading Ltda. y Kagemusha.

La antecesora de Macri, Cristina Kirchner, también ha estado enlodada con escándalos de corrupción. En el último de ellos la Justicia argentina descubrió que de las 30 propiedades que posee, 14 están sin declarar. Quien es ahora la primera candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, fue acusada también de liderar una asociación ilícita que lavó dinero proveniente de contratos de obras públicas mediante operaciones de una inmobiliaria familiar. Por eso se le prohibió salir del país y se embargaron sus bienes por 8,4 millones de dólares. El fallo alcanzó también a sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, socios de la inmobiliaria.

Entre 2003 y 2015, la exmandataria fue acusada de haber beneficiado ilegítimamente en la adjudicación de contratos de obras públicas a una constructora cercana al gobierno. Por este caso la Justicia le impuso un embargo por 666 millones de dólares, sanción más simbólica que real, pues la cifra no corresponde a las comisiones que habría obtenido, sino al monto total de los contratos.

Y más al norte, los gobiernos centroamericanos no se escapan de la corrupción. Para citar solo los ejemplos más recientes, Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala (2012-2015), está en la cárcel por haber robado al Estado mediante estafas aduaneras y por haber recibido millonarios sobornos. Por otro lado, El Salvador tiene dos casos recientes con los expresidentes Elías Antonio Soca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014). El primero transfirió cerca de 246 millones de dólares a cuentas de empresas y particulares, mientras que Funes está prófugo en Nicaragua, después de haber sido acusado de enriquecimiento ilícito al no poder comprobar el origen de 738.000 dólares de su patrimonio, los cuales estarían vinculados a sobornos hechos por Petrobras.

En Colombia la corrupción está de moda, pero su dimensión es todavía diferente a los casos mencionados. A nivel presidencial, la Fiscalía ha establecido que hubo financiación irregular de Odebrecht en las dos campañas presidenciales de 2014. En la de Santos fue de 1 millón de dólares para la supuesta encuesta de Sancho BBDO, y en la de Zuluaga de 1,6 millones de dólares como pago de honorarios al asesor brasileño Duda Mendonça. Eso significaría que se violaron los topes de financiación electorales, que eran del orden de 14.000 millones para Zuluaga y 9.000 para Santos. Este último tenía derecho a una cifra inferior por las ventajas que le daba la Presidencia.

Para muchos, más grave que la violación de los topes es la impresión de que la investigación se ha manejado permitiendo que esos procesos caduquen. La fecha límite es el próximo lunes y la investigación de la Fiscalía le llegó al Consejo Nacional Electoral el pasado miércoles. Por esto parece imposible que los magistrados tengan tiempo de llegar a un fallo sobre el tema con solo tres días hábiles.

Fuera de esto, los problemas presidenciales en Colombia en la actualidad son más de otra naturaleza. El rechazo del 70 por ciento de los colombianos al gobierno obedece al proceso de paz y a los impuestos. Muchos creen que en La Habana se entregó más de lo que tocaba y sienten que los impuestos los tienen asfixiados. La ferocidad de la oposición ha exacerbado esas percepciones.

Sin embargo, aunque a nivel presidencial hay más impopularidad que escándalos, no se puede decir lo mismo de ahí para abajo. Prácticamente todos los días hay alguna revelación de corrupción en alguna entidad del Estado. Las últimas han sido la del fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, por extorsión, y la del secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, por supuestos vínculos con bandas criminales. Pero definitivamente no son las únicas. El país enfrenta una crisis ética y no tiene sentido negarlo. Que sea menos grave que en otros países no es un consuelo.

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