Presuntas falsas víctimas de Mapiripán llamadas a interrogatorio por la Fiscalía

El escándalo que estalló hace algunos días (26 de octubre) por el caso de masacre de Mapiripán y las supuestas falsas víctimas tuvo este jueves un nuevo capítulo. Un fiscal de la Unidad Anticorrupción escuchará en interrogatorio a seis personas durante la primera semana de diciembre.
 
El ente acusador investiga la posible comisión de los deitos de de fraude procesal, falso testimonio y peculado por apropiación.
 
El pasado 26 de octubre la fiscal Yolanda Prado, de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, que recabó los nuevos testimonios de desmovilizados, dijo que su equipo visitó la localidad donde ocurrió la masacre e hizo un estudio "por el río (Guaviare) en el año 2005 y si se observan las fotografías hay un codo que pudo haber detenido muchos cuerpos si realmente hubieran sido arrojados".

Esos nuevos testimonios de ex paramilitares, que mencionaron 10 víctimas en dicha masacre y no 49, como se dijo hasta ahora, hicieron que la magistrada que lleva el caso ordenara suspender el pago de indemnizaciones.
 
Por la masacre de Mapiripán fueron juzgados Uscátegui y Orozco. La primera decisión se dio en el 2007, cuando el juzgado noveno especializado de Bogotá absolvió a Uscátegui y condenó a 40 años de cárcel a Orozco como "autor responsable de omisión”.
 
El caso fue apelado y pasó al Tribunal Superior de Bogotá, que en el 2009 confirmó la sentencia y decidió también condenar a 40 años a Uscátegui. Este miércoles se conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rebajó tres años la sentencia porque prescribió el delito de falsedad.
 
La canciller María Ángela Holguín junto con el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, intervendrán el miércoles en una sesión convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La expectativa de los dos altos funcionarios es pedir la revisión del fallo en el que ese Tribunal condenó a la Nación al pago de una indemización de $14.000 millones de pesos.
 
La masacre de Mapiripán

La masacre de Mapiripán es una de las más vergonzosas de las tantas que se han dado en Colombia.
 
Carlos Castaño quería extender su macabro imperio al sur del país. Y para eso, el 12 de julio de 1997 partieron de Urabá dos aviones con unos 80 paramilitares -con armas de fuego largas y cortas, y machetes-, sobrevolaron medio país hasta que aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, donde operaba la base antinarcóticos de la Policía.
 
Otro grupo de paras se les sumó y todos emprendieron camino hacia ese poblado del departamento de Meta.

Allí, durante cinco días con sus noches, tuvo lugar una carnicería: muchas personas fueron asesinadas con horrorosos métodos. La investigación por la masacre pasó en el 2001 de la justicia militar a la ordinaria.
 
Esta procesó a tres altos oficiales del Ejército: el general Jaime Humberto Uscátegui, comandante de la VII Brigada con sede en Villavicencio; el coronel Lino Sánchez, al frente de la Brigada Móvil 2, y Hernán Orozco, comandante del Batallón Joaquín París.
 
Los últimos dos destacamentos estaban instalados en inmediaciones de San José del Guaviare.