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| 7/22/2014 12:00:00 AM

Caen las primeras cabezas por máquina ‘tapahuecos’

La Procuraduría formuló pliego de cargos a funcionarios del Distrito por posibles irregularidades en la contratación.

Un nuevo capítulo en la novela del polémico contrato de la máquina ‘tapahuecos’ se empezó a escribir este martes luego de que la Procuraduría abrió pliego de cargos contra tres funcionarios de la de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV).

El contrato, que actualmente se está ejecutando, buscaba adelantar el reparcheo de 220.000 huecos superficiales en las vías de la capital, mediante una novedosa tecnología británica. El documento se suscribió en diciembre del 2013 y en enero pasado, con el alcalde Gustavo Petro a bordo, se iniciaron los trabajos en el norte de la ciudad.

Sin embargo, aparentes irregularidades empezaron a aparecer: se conoció que el proceso contractual se había hecho bajo el ropaje de ‘ciencia y tecnología’, lo que significó que no se hizo licitación.

Adicionalmente, los huecos rellenados empezaron a destaparse nuevamente y se descubrió que hubo inconvenientes con la mezcla empleada, lo que causó la suspensión de los trabajos y el subsiguiente retraso en la operación.

Este martes, en la sede del Ministerio Público, se dio inicio a la audiencia pública contra María Gilma Gómez, exdirectora general de la UMV; María Constanza Aguja, en su condición de secretaria general de la entidad; y Olga Patricia Mendoza, jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica, a quienes les formularon cargos por culpa gravísima a título de dolo.

Según el Ministerio Público las irregularidades se presentaron en la suscripción del contrato por 11.000 millones de pesos de manera directa con la firma Green Patcher S. A. S., pese a que por la naturaleza real del objeto a contratar, sus obligaciones y la forma de pago, se trataba de uno de obra pública que exigía un proceso de licitación.

Para la Procuraduría, pese a que el proceso se concibió bajo la modalidad de ‘ciencia y tecnología’, se evidencia que por su naturaleza, las obligaciones estipuladas allí y la carta de presentación de la propuesta (que integra el contrato), se trataba de un típico contrato de obra.

El pliego de cargos señala que la señora Mendoza Navarro, jefe de la Oficina Jurídica para ese momento, habría suscrito irregularmente, el 26 de diciembre de 2013, los estudios previos de la contratación directa. Además, proyectó el 27 de diciembre de 2013 el acto administrativo de justificación de la contratación directa.

La conducta de la exdirectora Gómez se investiga también, pues ella era la ordenadora del gasto y porque suscribió directamente el citado contrato, sin verificar previamente la evaluación efectuada, pues al parecer el proponente no cumplió con la experiencia específica exigida.
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