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El procurador Alejandro Ordóñez (izquierda) explicó su fallo y lo leyó durante poco más de tres horas. A la derecha, el excongresista Germán Olano y el contralor Miguel Ángel Moralesrussi con sus abogados.

BOGOTÁ

Primeras fichas del carrusel

El hecho de que el procurador Alejandro Ordóñez les haya dado alta credibilidad a los testimonios de los Nule y a la grabación de Olano hace pensar que no les esperan tiempos fáciles a los hermanos Iván y Samuel Moreno en la Procuraduría.

26 de febrero de 2011

Un año y siete meses después de que cinco concejales -entre ellos Carlos Vicente de Roux, Antonio Sanguino y Carlos Fernando Galán- denunciaron en la revista SEMANA la existencia de un cartel de la contratación en Bogotá, el procurador Alejandro Ordóñez emitió un primer veredicto demoledor: el viernes pasado destituyó al contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, y al excongresista Germán Olano, y los inhabilitó para ejercer cargos públicos por 20 y 15 años, respectivamente.

Ese fallo es crucial. De esa primera decisión del procurador dependía en buena medida el futuro de las demás investigaciones que se están siguiendo en lo que el mismo Ordóñez llamó "cartel de la contratación", que implican al senador Iván Moreno Rojas, a su hermano, el alcalde Samuel, a los primos Nule y a otros contratistas del Distrito, como Julio Gómez.

¿Qué es lo significativo?

El procurador Ordóñez, en la audiencia pública transmitida por Internet, hizo una detallada reconstrucción de lo ocurrido, y lo importante es que todas las evidencias que presentó lo llevaron a concluir que en efecto el contralor Moralesrussi si pidió 'mordida' a los Nule por los contratos de la malla vial, y que el excongresista Olano hizo lo mismo por su mediación para el contrato de TransMilenio. Eso, que para mucha gente ya se daba por hecho, es trascendental porque ante la justicia el fallo de la Procuraduría le da peso como prueba a la famosa grabación en la que Olano contó del pago de coimas no solo para él y para el contralor, sino también para los Moreno Rojas, y también porque le da total credibilidad al testimonio de los Nule.

Ordóñez empezó a armar las piezas del rompecabezas y al hacer el cruce de fechas demostró cómo a pesar de que el contralor Moralesrussi se dio cuenta de que los Nule estaban haciendo mal uso de los anticipos del contrato de la Fase III de TransMilenio desde 2009, no solo no los denunció, sino que en ese mismo año se concentró en pedirle al IDU que les aumentara a los Nule el anticipo del 13 al 20 por ciento. ¿Por qué? Porque el contralor Moralesrussi, según dijo el procurador, esperaba que con ese anticipo le pagaran a él la 'mordida' que le correspondía por cuenta de los dos contratos de la malla vial que les adjudicaron a los Nule. "El contralor solo denuncia el mal uso de los anticipos el 5 de noviembre de 2010, es decir, una fecha posterior a las denuncias del carrusel de los contratos, ya conocidas por los medios de comunicación", anotó Ordóñez, y fue categórico en concluir: "Fue palpable la gestión del contralor a favor de los contratistas".

Asimismo, la investigación de la Procuraduría mostró cómo, en vista de que los Nule no le habían pagado ese 2 por ciento "por el trato favorable que recibían de él", Moralesrussi decidió hacer dos visitas a Transvial -la empresa de los Nule encargada del contrato de TransMilenio- y pidió todo tipo de facturas e inventarios. "Los Nule -dice el procurador- ven la necesidad de concertar una reunión con el contralor".

De ahí surgen entonces las cuatro reu-niones entre el contralor y Guido Nule: una en la casa de la concejala Ángela Benedetti; otra en el Hotel Etoile, en la zona de Chapinero, y una más en la Contraloría, que tenían como fin cobrar la coima, entre otras. "¿Qué tiene que hacer un contralor en un hotel reunido con un contratista? -se preguntó el procurador en la audiencia-. Esa reunión genera muchas certezas". El procurador Ordóñez fue concluyente: "Está demostrado, y las pruebas obrantes me deparan credibilidad y certeza de lo que estoy diciendo: el señor contralor les solicita y les dice (en esas reuniones) que están en mora de pagar la coima".

En cuanto al caso del excongresista Germán Olano, el procurador ratificó que sirvió de mediador entre el IDU y los Nule para evitar que se declarara desierta la adjudicación de la Fase III de TransMilenio. Por sus "servicios", Olano pidió 3.500 millones de pesos -el 0,1 por ciento del contrato-, de los cuales 1.750 eran para él, vía un contrato de asesoría, y el resto para el contratista Julio Gómez, vía un contrato de obra. Gómez, según el procurador, era "un amplio conocedor de la dinámica contractual en el Distrito".

Una vez los Nule vieron que el contralor los presionaba -explicó Ordóñez-, acudieron a Olano para que intercediera por ellos, y este aprovechó para recordarles que le debían el dinero por su intervención en "la adjudicación de la Fase III de TransMilenio".

El procurador dice que fueron "más de setenta ocasiones" en las que Olano les pidió a los Nule su mordida. En un 90 por ciento de los casos se reunieron en el apartamento del entonces representante a la Cámara y presidente de la Comisión de Acusaciones de la misma.

¿Qué viene ahora? El procurador avanzará en la investigación que adelante a los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas. La velocidad que le imprimió al caso del contralor y Olano -la audiencia se resolvió en menos de un mes- podría obligarlo a actuar con igual diligencia en estos otros dos casos. Se cree que les aplicará, como a estos, el proceso verbal, que reduce considerablemente los tiempos. Sin embargo, aún no lo ha anunciado.

El hecho de que les haya dado alta credibilidad a los testimonios de los Nule hace pensar que el proceso a los Moreno no será fácil en la Procuraduría. Pues, como se sabe, Miguel Nule ha dicho que la 'mordida' era de 2 por ciento para el contralor (3.500 millones de pesos) y de 6 por ciento para los hermanos Moreno (10.800 millones de pesos), por dos contratos de malla vial que ascendían a 187.000 millones.

Al procurador se le vio muy decidido a ponerle freno al carrusel de corrupción. Sus actuaciones fueron "bombas atómicas" contra la moral pública, dijo. Además, ordenó compulsar copias a la Fiscalía y a la Corte Suprema, tribunal encargado de investigar penalmente al senador Iván Moreno, y pidió notificar al Consejo de la Judicatura para que investigue al abogado Álvaro Dávila, quien presuntamente intercedió por el pago de coimas.

"Si la sal se corrompe, y la sal en la función pública son los organismos de control, (…lo ocurrido) es de un impacto demoledor", sentenció Ordóñez.