RCN revela nuevos hallazgos en el caso de las chuzadas

Tal y como lo había informado en primicia Semana.com, la Fiscalía General de la Nación comenzó a develar las primeras pruebas de los computadores incautados en la fachada ‘Andrómeda’, operada por miembros de inteligencia militar desde una vieja casa donde funcionaba un restaurante, en el sector de Galerías en Bogotá.

Allí, los investigadores se hicieron con 18 memorias y una decena de computadores cuya información está siendo desencriptada y ya arrojó los primeros resultados.

Según informó en exclusiva Noticias RCN, en la información hasta ahora obtenida hallaron unos 2.000 correos de Hermes Aguilar, uno de los voceros de las FARC en la mesa de diálogos de paz en La Habana. También hallaron dos correos electrónicos que los fiscales encontraron de especial interés porque podrían contener información crucial de seguridad nacional.

Así mismo, según RCN, se encontraron mensajes instantáneos de WhatsApp que habrían salido de un teléfono utilizado por el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, que –aparentemente- habría cruzado con un asesor. Jaramillo ya habría sido informado de dicha interceptación aparentemente irregular.

Partidos políticos como el Liberal y el Polo Democrático también habrían sido ‘chuzados’ desde la fachada ‘Andrómeda’, además de movimientos sociales y al menos dos ONG.

Según los hallazgos de la Fiscalía divulgados por el canal, habría registros de interceptación de unas 500 llamadas telefónicas, de las cuales al menos 100 no contarían con el respaldo de las debidas órdenes legales.

Varios de los hackers de ‘Andrómeda’ habrían confesado ya ante el ente acusador que recibían entre 300.000 y 500.000 pesos como honorarios y que entre sus labores estaban las de interceptar conversaciones en mensajería instantánea de diferentes tipos.

Específicamente, infectaban teléfonos inteligentes con un virus cuya función era copiar la información del aparato con tan solo abrir un correo electrónico.

La investigaciones también buscan establecer la relación de Juan Carlos Mejía, quien aparece como el dueño del establecimiento allanado, con la Dirección Nacional de Inteligencia.