Privatización de Acuavalle: ¿Por qué tanto afán?

Aunque desde hace varios meses se lanzaron alertas sobre una posible privatización de la empresa, que a juicio de diferentes sectores va en detrimento de su viabilidad a futuro, el proceso no se frenó sino, por el contrario, se aceleró.
 
Para este viernes 19 de noviembre se adelantó la audiencia pública (la fecha original del cronograma era el 24 de noviembre) mediante la cual Acuavalle adjudicará el jugoso contrato de su Plan de Inversiones hasta el 2015 (ver acta). Al llamado acudieron dos consorcios: ICJ y Acuavalle 2010.
 
Eso quiere decir que buena parte de las funciones de la empresa de acueducto y alcantarillado, ícono del departamento, se la entregarán a un particular para que realice las obras que se requieren por valor de 165.000 millones. A cambio, el concesionario tendrá la posibilidad de recuperar su inversión, a través de un porcentaje del recaudo de la facturación en un periodo de 13 años, y cuando finalice habrá ganado cerca de 420.000 millones de pesos.
 
Lo cierto es que existen varias objeciones. Por ejemplo, la del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien mediante un comunicado sugirió revocar el proceso por considerar que la oferta pública mediante la cual se convocó no se ajusta “en defensa del ordenamiento jurídico y del patrimonio público (ver documento)”.
 
En su análisis, Ordóñez hace cuestionamientos financieros, contables y a los plazos de presentación de las ofertas, “llama la atención al ente de control, que la convocatoria incluye al menos 210 obras en 35 municipios del Valle del Cauca, y que de acuerdo con el cronograma el plazo para la preparación de las ofertas es de apenas 13 días hábiles”, argumentó.
 
Como van las cosas, todo parecer indicar que ni el procurador Ordóñez; ni el actual gobernador encargado del Valle, Francisco Lourido, ni mucho menos la opinión pública valluna podrán detener la negociación. ¿Por qué tanto temor a la concesión?
 
Los fantasmas que rondan esa transacción tienen orígenes técnicos y políticos en los que nuevamente salen a la luz pública el poder y el control que tiene el Partido de Integración Nacional (PIN), sobre algunas entidades públicas de la región.
 
Para entender la importancia de Acuavalle, cabe recordar que es una empresa oficial que presta el servicio de agua potable a 139.000 usuarios en 33 de los 42 municipios del Valle.
 
Se calcula que cada año mueve un presupuesto cercano a 100.000 millones de pesos; su planta de personal está compuesta por 270 trabajadores y se convirtió en el mayor empleador en los pequeños municipios del departamento, a través de cooperativas.
 
Los accionistas de Acuavalle son: la Gobernación, con el 43 por ciento; la CVC (CAR del Valle), con el 39 por ciento, y el restante 18 por ciento les corresponde a los 33 municipios donde opera.
 
Todos en la región coinciden en argumentar que Acuavalle requiere ejecutar obras que le permitan actualizar su infraestructura, conformada por plantas de bombeo, potabilización y redes de conducción.
 
Sin embargo, salvo la gerencia de la empresa, en manos del PIN, hay quienes creen que la figura de concesión, además de costosa, delega paulatinamente en particulares la operatividad de Acuavalle; “es una manera disimulada de privatizarla”, explicó Margarita López, presidenta del sindicato de la entidad.
 
A esa tesis se sumó el propio gobernador Lourido, quien durante un debate desarrollado el pasado 3 de noviembre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aseguró que “existen más de 43.000 firmas de ciudadanos y la inconformidad de la mayoría de los alcaldes que no comparten este contrato”.
 
Si bien hasta la fecha no existen pronunciamientos de los organismos de control en torno al manejo de la contratación de Acuavalle, muchos consideran que esa empresa y la CVC se convirtieron en fortines burocráticos que sirven a la estructura política del PIN. Y que el gran cerebro de ese poder sigue siendo el polémico ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, preso en la Picota por parapolítica.
 
El hasta hace unas semanas gerente de Acuavalle, Alex Pascual Loango Martínez, de quien se dice es cuota directa del polémico ex senador, figura desde ya como firme aspirante a la Gobernación del Valle por el PIN en las elecciones que se realizarán en octubre del 2011.
 
Loango fue quien dejó listo todo el proceso de concesión en Acuavalle.
 
Cuando el gobernador Lourido intentó nombrar a sus representantes en la junta directiva de Acuavalle para frenar la concesión, fue bloqueado. En ese bloqueo participaron representantes de la CVC y accionistas de Acuavalle con puesto en la junta directiva.
 
El pasado 18 de septiembre, en una reunión con concejales del municipio de Cartago, al norte del Valle, al gobernador Lourido se le zafó la siguiente perla que, si bien era vox populi en la región, ninguna autoridad se atrevía a admitir en público: “… la verdad, la CVC pertenece al PIN y desafortunadamente nosotros (Gobernación) todavía no hemos logrado el manejo, como tampoco en Acuavalle”. Esa declaración quedó grabada.
 
Frente a todos esos señalamientos, el exgerente de Acuavalle Alex Pascual Loango no descarta que se trate de una simple persecución política, desmiente ser cuota del exsenador Martínez Sinisterra y niega que su aspiración política tenga como única meta la Gobernación del Valle. “Sin duda renuncié a Acuavalle, pero para no inhabilitarme a cualquier cargo de elección popular”.
 
Aseguró que el modelo de Oferta Pública -como técnicamente le llama a la concesión- se estudió desde hace dos años y como tal no se puede hablar de afán. “Además, el esquema de financiación por fuera de la banca nos permite un ahorro cercano a 140.000 millones de pesos”, dijo a SEMANA el exgerente, tras aclarar que los reparos del Procurador ya fueron resueltos.