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| 5/24/2008 12:00:00 AM

Problema general

El episodio de los computadores de los jefes paramilitares extraditados es tan sólo el más reciente de una serie de irregularidades en el Inpec.

El director del Inpec, general retirado Eduardo Morales, estuvo durante 35 años en las filas del Ejército, pero en ese tiempo en la milicia difícilmente soportó un bombardeo tan intenso como el que ha recibido durante el último año. El oficial ha sido el blanco de ráfagas de críticas de todos los calibres por su gestión frente a las cárceles del país. Pero las más recientes lo dejaron en un medio de un campo minado del que no ha podido salir.
Durante varios días, Morales, respaldado por su jefe, el ministro del Interior, Carlos Holguín, intentó explicarle al país el vergonzoso episodio de la pérdida de los computadores y las tarjetas SIM de los celulares de los 14 jefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos. Tras confusas y contradictorias declaraciones, a finales de la semana pasada el general aceptó que se cometieron errores y Holguín dijo simplemente que "se harán las investigaciones del caso".

Sin embargo, lo que ocurrió no es ni lo más grave, ni el primer incidente reprochable en las prisiones del país. En febrero de 2007 Laureano Rentería, el hombre clave en el caso de las caletas descubiertas al narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias 'Chupeta', fue envenenado en el pabellón de máxima seguridad de La Picota en Bogotá. En ese momento se anunciaron "exhaustivas" investigaciones y sanciones.
 
Tres meses después, SEMANA publicó una serie de conversaciones en las que se demostraba que los jefes paramilitares continuaban delinquiendo desde varias prisiones. Entre las grabaciones estaban dos en las que las más altas funcionarias del Inpec, las directoras de la cárcel de Itagüí y La Picota, hablaban sobre esas irregularidades, de que esos hechos eran conocidos por algunos de sus jefes en el Inpec y de temas de corrupción. Por el caso salieron 11 generales de la Policía, mientras que el Inpec y el Ministerio del Interior se limitaron a anunciar, una vez más, otra investigación.
 
En febrero de este año, en la cárcel de Itagüí se encontró una pistola y varios millones de pesos en efectivo que presumiblemente eran de los jefes paramilitares allí recluidos. De nuevo se anunció una profunda investigación que no encontró responsables del hecho, que fue calificado como "un falso positivo".

Como si lo anterior fuera poco, SEMANA estableció que dos días antes la extradición de los jefes paramilitares, varias agencias antidrogas nacionales y extranjeras, les expresaron al ministro Holguín y al Inpec su preocupación porque tenían pruebas según las cuales Diego Montoya Sánchez, alias 'Don Diego', preso en La Picota, seguía delinquiendo. Informaron de visitas irregulares al detenido y cómo éste estaba rearmando a sus hombres y continuando con sus negocios de droga en el Norte del Valle. La denuncia de las agencias, que la semana pasada fue ratificada por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha terminado en nada.

Si bien es cierto que históricamente el Inpec es considerado como un 'quemadero' para quien llega a su dirección, lo que ocurrió con los computadores de los jefes paramilitares, y lo que está ocurriendo con el jefe del cartel del Norte del Valle, es un nuevo campanazo de alerta para el gobierno.
 
Aunque el general Morales ha intentado defenderse como un fiero combatiente cada vez que estalla un escándalo, la realidad es que son muchos, muy graves y muy seguidos los incidentes que dejan serios interrogantes sobre la política carcelaria del país. Más allá de la permanencia o no de Morales en su cargo, los hechos han demostrado que en el tema de las prisiones aún hay mucho camino por recorrer.
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