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| 12/11/1980 12:00:00 AM

Problemas de salud

Las irregularidades en la contratación por 18.000 millones de pesos tienen sin cubrimiento de salud a miles de usuarios en Caldas.

Hace dos semanas un centenar de maestros de Supía y Pácora, en Caldas, enviaron sus quejas al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Manizales. En ellas solicitan urgente solución a los malos servicios médicos que ellos y sus familiares están recibiendo de su IPS, Unión Temporal Clínica Aman-Cosmitet. No sólo porque les entregan la mitad de la droga recetada, o porque el laboratorio apenas cubre algunos exámenes sino porque, entre otras muchas cosas, cuando solicitan una cita con un oftalmólogo los remiten a un optómetra.

Las deficiencias son consecuencia de las irregularidades en el contrato que hizo el Fondo con la IPS por más de 18.000 millones de pesos. La historia comenzó el 4 de febrero cuando la Fiduciaria La Previsora hizo invitación pública para adjudicar la prestación de salud a los docentes de Caldas y sus beneficiarios. Las firmas debían contar con seis requisitos: consulta médica y odontológica general, urgencias, hospitalización, atención farmacéutica y transporte terrestre básico. Se presentaron Caldas Salud y la Unión Temporal Clínica Aman Ltda.-Cosmitet. Esta última presentó ese mismo día una "Declaración de cumplimiento de los requisitos esenciales para la prestación de servicios de salud", en la que afirmaba que cumplía los requisitos en cuatro municipios: Anserma, Riosucio, Chinchiná y Salamina. A partir de entonces un mar de irregularidades empezó a rondar la licitación.

Sin explicación la fecha para el cierre de la invitación, fijada para el 21 de febrero, fue prorrogada en 40 días. La Fiduciaria, entidad encargada de administrar los recursos del Fondo de Prestaciones del Magisterio, otorgó 331 puntos a Caldas Salud y 321 a la Clínica Aman. Y el comité regional no sólo avaló a Caldas Salud sino que, según un documento conocido por SEMANA, recomendó el 16 de abril al consejo directivo del Fondo Nacional rechazar la oferta de la Aman por graves irregularidades.

Entre otros el comité detectó que la Clínica Aman no cumple con el 95 por ciento de la red de urgencias, uno de los requisitos. El documento afirma también que la Clínica Aman anunció que había contratado ambulancias con la Corporación Metropolitana de Búsqueda y Rescate B y R de Caldas "de quien al verificar su existencia real se encontró que la sede no existe".

A pesar de estas advertencias el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio otorgó a la Clínica Aman el contrato el 14 de mayo. Tres días después, y debido a las denuncias, el director de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Oscar Ramírez Gallego, ordenó verificar los requisitos.

El informe, finalizado el pasado 30 de mayo y conocido por SEMANA, afirma que la Aman registró el 2 de febrero que tenía establecimientos en Anserma, Chinchiná, Salamina y Riosucio. Los funcionarios de la Dirección Territorial corroboraron que allá la Clínica Aman sólo comenzó a ofrecer sus servicios el 16 de mayo, dos días después de haber ganado el contrato.

No menos grave es que en la visita técnica quedó al descubierto que en cada sede la Clínica Aman presenta graves deficiencias y participó en la licitación ofreciendo servicios que no existen. "Concluimos que se debe investigar la actuación de la Clínica Aman en el registro de las cuatro IPS cuestionadas por cuanto consideramos que se procedió a registrarles sin tener garantizado el funcionamiento de éstas y declarar cumplimiento de los requisitos que ellos mismos (Clínica Aman) tenían claro que no se cumplían, al parecer justificando una red de servicios establecida en aras de concursar en la adjudicación", afirma la Dirección de Salud de Caldas.

Es claro que las repercusiones por el otorgamiento del contrato son enormes. La Nación enfrenta ahora una millonaria demanda entablada el 26 de junio ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas por parte de la firma Caldas Salud, que considera que no hubo transparencia. Por ahora las esperanzas se cifran en la Fiscalía y la Contraloría General, que tomaron cartas en este asunto.
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