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| 11/7/2013 12:00:00 AM

La insólita historia del mayor Barberi

En el proceso del almirante Arango Bacci hay un capítulo desconocido: otro oficial perdió su carrera por equivocación.

El pasado miércoles 24 de octubre la Fiscalía anunció que había archivado la investigación contra el excomandante de la Armada almirante Guillermo Barrera, y el también almirante Luis Tovar Neira, por no hallar pruebas que indicaran que habían cometido un delito. 

Por orden de la Corte Suprema de Justicia, los almirantes eran investigados desde hace cuatro años por, supuestamente, haber manipulado pruebas para incriminar al contraalmirante Gabriel Arango Bacci con un asunto ligado al narcotráfico. 

El caso de éste último oficial es ampliamente recordado por el despliegue mediático que tuvo cuando fue señalado de colaborar con narcos y fue procesado por los delitos de cohecho, revelación de secreto y prevaricato por omisión. El 3 de diciembre del 2009 la Corte Suprema lo absolvió de todos los cargos y ordenó investigar a Barrera y a Tovar.

No obstante, a diferencia de lo que la mayoría cree, el archivo de la investigación anunciada la semana anterior no le pone punto final a la novela en que se convirtió el caso Arango Bacci. La razón es simple: hay un capítulo poco conocido pero sorprendente.

Se trata de la historia del mayor retirado José Fernando Barberi, quien por un increíble error terminó metido en todo este episodio y, a causa de ello, perdió su carrera. Barberi era un oficial del Ejército que soñó con pasar a la Armada. Con una brillante hoja de vida llena de felicitaciones, y gracias a la normatividad que permite el cambio de fuerza, en febrero del 2006 ingresó a la Armada como capitán de corbeta de la Infantería de Marina con sede en Coveñas, Sucre. 

Un año más tarde fue notificado que había sido seleccionado para realizar en enero del 2008 el curso de ascenso al grado siguiente. Hasta ese momento lograba su sueño. Pero el 21 de diciembre del 2007 su vida cambió dramáticamente. Le informaron que acudiendo a la facultad discrecional había sido retirado de la Armada. 

No hubo más explicaciones. Tres semanas más tarde, la embajada de Estados Unidos en Colombia se comunicó con él y le informó que su visa y las de su esposa e hijos había sido revocadas. Por esos días, el Club Militar hizo algo similar y no lo aceptó a él ni su familia como socios.

Barberi comenzó a enviar decenas de derechos de petición a la Armada, la Embajada y muchos otros lados pidiendo una explicación sobre su repentino retiro. Pero nadie le dio razón. 

Muchos meses después, un oficial amigo se le acercó y le dijo: “Yo sé por qué te están pasando estas cosas. Tú estás metido en la investigación y en el caso de Arango Bacci”, le dijo. El desconcierto fue total. Barberi no conocía ni había trabajado jamás con el contraalmirante y no entendía cómo había terminado en ese episodio. 

Nuevamente gracias a decenas de derechos de petición y horas en pasillos en la Fiscalía, conoció que en una parte del expediente de Arango, su nombre aparecía relacionado con una supuesta banda de la que el contraalmirante y él hacían parte. La única prueba que existía consistía en un informe de la Armada, allegado por entonces jefe de contrainteligencia, almirante Tovar. 

En ese documento se decía que una camioneta MOA-568, asignada a Barberi, era el vehículo usado por la supuesta organización. Ni esa camioneta ni las placas correspondían a las de este oficial, que era de placa QVT-015. Pensó que las cosas se aclararían con un simple certificado. Durante un año y medio Barberi pidió por todos los medios a la Armada algo tan simple como una constancia, pero nunca se la dieron. 

Lo único que le decían es que “por motivos de seguridad nacional” no podían darle por escrito un papel en donde quedara constancia las placas de su carro oficial. Hace pocos meses, gracias a la intervención de la Procuraduría y tras tutelas, demandas y otros mecanismos legales, consiguió el anhelado documento oficial que dice que nunca ese vehículo le fue asignado ni tenía responsabilidad alguna sobre él.

Pasó días enteros frente a la embajada de Estados Unidos hasta cuando pudo hablar con varios funcionarios. Contó su caso y les mostró las pruebas. Unos meses más tarde, el 3 de abril pasado, lo citaron a la sede diplomática, le ofrecieron disculpas y le devolvieron las visas a él y su familia. En un hecho poco común, los estadounidenses reconocieron su error producto de la información equivocada que recibieron por parte de la Armada y la Fiscalía.

Tras una batalla legal logró recuperar su derecho a ser socio del Club Militar. Pero aún se mantiene en una dura pelea legal para tratar de reingresar a la Armada y recuperar todo lo que perdió por un error de las autoridades. Una equivocación que acabó con su vida profesional, su buen nombre y el de su familia.
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