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| 5/12/2016 9:16:00 PM

Ahora sí se desbloqueó el proceso

El acuerdo entre el Gobierno y las FARC es realista y práctico, aunque generará debate. Y le da oxígeno a las negociaciones, que se estaban asfixiando en el pesimismo.

Desbloqueo. Ese es el resultado inmediato más llamativo del anuncio que el Gobierno y las FARC acaban de hacer sobre un acuerdo para blindar los textos pactados en las negociaciones. Una sensación de que las cosas se vuelven a mover. La Mesa de La Habana no producía ningún anuncio desde diciembre pasado –cuando dio a conocer el acuerdo sobre justicia– y no haber cumplido el plazo fijado por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de la guerrilla, Timoleón Jimenez, había generado un ambiente de pesimismo que llevó las encuestas a uno de sus puntos más bajos. La lectura del comunicado conjunto por parte de los garantes –Cuba y Noruega– retoma un impulso y deja la sensación de que la parálisis quedó atrás.

Más allá de la dimensión política, sin embargo, lo pactado es significativo por el fondo. Destraba una de las discusiones más complejas: la de cómo convertir en normas permanentes (constitucionales y legales) los acuerdos de la Mesa. Estos últimos tienen una naturaleza política, pero su cumplimiento requiere que sean convertidas en reglas formales. Para esto se necesita la intervención de otros actores, distintos a los negociadores, que podrían alterar lo convenido entre las partes.

Para los representantes del Gobierno y de la guerrilla –y para las FARC sobre todo– era indispensable contar con una fórmula que garantice que no se va a alterar lo negociado en La Habana y que más bien se van a traducir en obligaciones permanentes. Es lo que se ha denominado “blindar los acuerdos”.

Se habían planteado mecanismos de muy cuestionable eficacia. Una constituyente, un referendo, un Congresito, entre otros. Todos tenían costos y riesgos, eran poco operativos, y ninguno reunía el consenso del Gobierno, las FARC y el Congreso (que en definitiva, por Constitución elabora las leyes). La receta anunciada tiene varios componentes que permiten superar algunos de esos obstáculos.

En materia de consenso, ya tienen la firma de las dos partes. El Gobierno logra el objetivo, nada despreciable, de que la guerrilla acepte al poder legislativo para tramitar los acuerdos. Y la guerrilla sacó adelante la fórmula de los “acuerdos especiales”, propuesta suya, que tiene dos ventajas: rapidez en el trámite y compromiso de la comunidad internacional (a través del garante de los protocolos de Ginebra y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas). 

Y el Congreso –que llegó a sentirse excluido de su misión constitucional con algunas de las fórmulas que se plantearon– mantiene un papel fundamental que le asegura que todo pasará por sus manos. El esquema, si funciona, permitirá contar, en un plazo de meses, con normas legales, reformas constitucionales y compromisos internacionales, que recojan todos los puntos de la larga agenda de negociación de La Habana.

Desde luego, no existen fórmulas perfectas ni que dejen contento a todo el mundo. Se sabe que un pacto de paz suele necesitar dosis de heterodoxia jurídica. El Frente Nacional, que terminó el conflicto entre liberales y conservadores, se instaló con un referendo que se denominó plebiscito. La guerra con el M-19 se terminó con una Asamblea Constituyente y con un “congresito”. La desmovilización de las AUC necesitó de una ley ad hoc de justicia y paz. La experiencia demuestra que los trámites ordinarios para hacer leyes y reformas a la Constitución no son eficaces para hacer los cambios normativos que surgen de los acuerdos de paz.

En todos los casos mencionados, el realismo político se impuso sobre la ortodoxia jurídica y la absoluta normalidad institucional. El acuerdo entre el Gobierno y las FARC también es realista –y podría ser eficaz– pero también es heterodoxo y puede recibir críticas porque el Congreso no desempeñará su función ordinaria, que será reemplazada por una fórmula especial.

Por otra parte, la figura de los “acuerdos especiales” contemplada en los protocolos a los Convenios de Ginebra se está utilizando en una concepción muy amplia: para terminar una guerra y no para humanizarla, que es su naturaleza. Igual que todos los pactos que han llegado desde La Habana, es de esperar que este último encienda la polémica.

En estricto sentido, ese conjunto de instrumentos deja sin piso dos propuestas, de cada una de las partes, que eran motivo de desacuerdo y cuya insistencia enrarecía el ambiente: el plebiscito, iniciativa del Gobierno, y la Constituyente, vieja idea de las FARC. Ninguna de las dos será indispensable para tramitar el fin del proceso de paz, ni para refrendarlo, lo cual oxigena el ambiente. Pero, al mismo tiempo, ambas se pueden realizar como complemento y sin que las negociaciones de La Habana dependan de ellas.

El jefe negociador del gobierno, Humberto De La Calle, dijo en La Habana, después de la lectura del comunicado conjunto, que insistirá en el plebiscito, que ha sido una oferta del presidente Juan Manuel Santos, como mecanismo adicional de participación ciudadana. Recientes declaraciones de jefes de las FARC, incluida la cabeza de su delegación de paz Iván Márquez, han dejado ver que no se opondrían a su realización.

Y en cuanto a la Constituyente, las FARC pueden seguir adelante con su idea –que está prevista en la Constitución–, pero ya no como fórmula de refrendación, ni trámite, ni blindaje. Sería una bandera política para buscar reformas en el posconflicto, como parte de su transición a la política sin armas.

Finalmente, el “acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final” es un indicador más, y contundente, de que el desenlace –cada vez más probable– del largo proceso de negociación será la firma de la paz. Que las dos partes hayan aceptado una fórmula creativa, heterodoxa y polémica pero, a la vez, expedita y segura, despeja dudas sobre la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. En ese sentido, también, el proceso se desbloqueó. Seguramente, los acuerdos que faltan se concretarán más rápidamente.

 

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