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Tregua con los elenos, ¡al fin!

Después de que muy pocos lo veían viable, el ELN pacta un cese del fuego con el gobierno. ¿Será que ahora sí arrancó de verdad la negociación?

9 de septiembre de 2017

Nunca antes el ELN había pactado un cese bilateral del fuego con el Estado colombiano. Hace 30 años, cuando el gobierno de Belisario Betancur concertó una tregua con las principales guerrillas del país y comenzó con ellas conversaciones de paz, el ELN se hizo a un lado. Años después, los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe llegaron bastante lejos en conversaciones sobre acuerdos humanitarios y posibilidades de bajar la intensidad del conflicto, pero en ambos casos el pan se quemó en la puerta del horno. Por eso lo que ocurrió el lunes pasado es un gran paso. Desde Quito, Ecuador, ambas partes anunciaron en líneas gruesas que habrá un cese bilateral del fuego del 1 de octubre al 12 de enero, con una importante disminución de hostilidades. Este anuncio le da un impulso grande a una negociación de paz empantanada y minada de desconfianza entre las partes. ¿Qué fue lo que se pactó y cómo se llegó al acuerdo?

A pesar de que el presidente Santos había empezado los diálogos con el ELN bajo la premisa de que se harían bajo fuego, en abril les pidió a sus negociadores explorar la posibilidad de un cese del fuego sobre la base de una condición previa: que los insurgentes abandonaran el secuestro unilateralmente. Esta línea roja se convirtió en una talanquera, pues los elenos sentían que Santos les estaba imponiendo y no negociando. Así se estancó el diálogo. Entonces Iván Cepeda y Álvaro Leyva, quienes habían jugado un papel de facilitadores en los momentos difíciles de la negociación con las Farc, le dijeron al presidente que un cese del fuego sería la fórmula dentro de la cual esa guerrilla podría acceder a suspender el secuestro y, de paso, crearía un clima favorable para avanzar en las conversaciones.

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Por eso viajaron a Quito dos generales activos –Rojas y Pico– para explorar una propuesta técnica de cese al fuego. Al otro lado de la mesa estaban los guerrilleros Aureliano Carbonell y Alirio Sepúlveda. Este último, delegado en la mesa del frente Domingo Laín, no solo se mostró siempre dispuesto a encontrar fórmulas, sino que despejó cualquier duda sobre la participación del ELN de Arauca en el proceso de paz.

La propuesta estaba casi lista, pero el lío seguía siendo el secuestro. El gobierno insistía en que abandonar este delito era la condición para firmar el cese. Los elenos, por su parte, iban y venían en sus posiciones. Fue así como Santos, que suele usar canales confidenciales en este tipo de negociaciones, envió a Quito a Cepeda, Leyva y a José Noé Ríos, quien hace parte de la delegación de paz y habría contribuido a construir la agenda con el ELN meses atrás. La idea era lograr el cese del fuego antes de la llegada del papa Francisco.

El viernes 1 de septiembre en la noche, cuando el ciclo de conversaciones debía cerrarse, ninguna de las partes cedía y todo parecía perdido. Los facilitadores intensificaron su trabajo aquí y allá, y luego de explorar fórmulas y hablarlas con un lado y otro, se consiguió el acuerdo que ya conoce el país. Sin embargo, tomó dos días lograr la redacción adecuada que no diera pie a interpretaciones sesgadas por ninguna de las partes. El lunes lo firmaron y lo entregaron a los países garantes, luego de lo cual Juan Camilo Restrepo anunció la buena noticia en un comunicado.

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Lo pactado

Si bien el acuerdo logrado en Quito es un gran salto adelante, también encarna muchos riesgos y tiene zonas grises difíciles de manejar. Primero, este es un cese temporal y por lo tanto su prórroga dependerá de cómo funcione en estos meses. Segundo, no habrá ni ubicación ni concentración de la guerrilla, pues aún no se ha negociado la agenda, y mucho menos hay un convenio sobre dejación de armas. Tercero, el acuerdo incluye el cese de una lista corta de hostilidades como el secuestro extorsivo, pero otras se consideran alivios humanitarios que harían las partes como muestra de buena fe. Cuarto, todo ello complica la labor de verificación del cese, la parte más importante porque le da legitimidad y permite construir confianza. En Quito se habla de que las partes, más la ONU, harán la veeduría, con acompañamiento de la Iglesia. En términos reales, más que una verificación estricta como la de las Farc, se trata de un mecanismo de comunicación donde guerrilla y Ejército les informan a los delegados de la ONU sobre sus movimientos para evitar roces o encuentros. Este es un mecanismo preventivo y también para resolver los incidentes que se presenten. Lo novedoso será el papel de la Iglesia. En casi todos los territorios donde está el ELN, como Catatumbo, Chocó, Valle y Arauca, los obispos han ofrecido sus buenos oficios.

Además del cese al fuego se pactaron medidas de “alivio” enmarcadas en el derecho internacional humanitario (DIH). Por su parte, el ELN se compromete a suspender los secuestros extorsivos. Sin embargo, los guerrilleros consideran que por razones de control territorial no pueden interrumpir acciones como retener a alguien mientras investigan quién es. Y en esta zona gris pueden ocurrir casos como el del ciudadano ruso, asesinado por esta guerrilla cuando intentó fugarse de su cautiverio.

Quedó claro que el ELN suspenderá los sabotajes y esto incluye los atentados a la infraestructura petrolera. Los elenos también se comprometen a no sembrar minas donde la población civil corra riesgos y a no reclutar a menores de 15 años, como lo manda el DIH.

El gobierno tiene, por su lado, que cumplir compromisos que tampoco son fáciles y que debe hacer con rapidez, no solo porque forman parte del acuerdo de Quito, sino porque casi todos ya estaban contenidos en los acuerdos de La Habana. El más importante es fortalecer el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. El ELN ha reclamado, con razón, que el gobierno debe hacer más para frenar el asesinato de líderes y la expansión de grupos paramilitares. Hace varias semanas el defensor del pueblo viajó a Quito a reunirse con la delegación del gobierno, y luego de un análisis conjunto llegaron a algunas conclusiones. Por un lado, hay que derogar un decreto de 2002 que le quitó la autonomía al sistema de alertas y que hace que cuando estas se producen entren en una ruta burocrática que impide reaccionar a tiempo. Lo que debe ocurrir es que una vez se presente la alerta, sea una amenaza a una comunidad o a un líder, el Ministerio del Interior ponga en marcha sus mecanismos de acción rápida de protección. Lo segundo es que hoy el sistema de alertas tiene 202 funcionarios en terreno y necesita el doble.

Otro compromiso del gobierno es mejorar las condiciones de los presos del ELN, tan indignas como las que viven todos los presos del país. Esto implica hacer traslados para que estén cerca de los familiares, reunirlos en una o varias cárceles, darles atención médica eficaz y poner en marcha lo pactado en La Habana respecto a dejar en libertad a quienes han sido capturados en medio de la protesta social.

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Finalmente, el gobierno se responsabiliza de comenzar las audiencias públicas para desarrollar el punto uno sobre participación de la sociedad civil en el esfuerzo por construir la paz. También habrá durante este mes unas giras de los negociadores del ELN a sus frentes para hacer pedagogía sobre lo acordado.

Los detalles y protocolos que regirán este cese del fuego todavía están cocinándose. Lo más importante es que esta tregua temporal pueda crear la confianza necesaria en la mesa de negociaciones de Quito para que empiece a producir acuerdos de fondo. En otras palabras, de cómo salga este cese depende que las partes queden atornilladas a la mesa. El momento parece propicio. Las Farc ya crearon su partido político, el Clan del Golfo anunció que quiere someterse a la justicia y la visita del papa ha renovado el ánimo de reconciliación del país. Ahora depende de las partes entender que están frente a una oportunidad única. n