¿Congreso por cárcel para miembros de las FARC?

Pasó en Irlanda, Uruguay, El Salvador, y Colombia no va a ser la excepción: del monte y sin armas las FARC llegarán al Congreso. Cuando el proceso de paz transita por la recta final, con cinco de los seis acuerdos parcialmente aprobados, la discusión no es si esta guerrilla tendrá curules asignadas a dedo, sino cuántas serán, por cuánto tiempo y si podrán ocuparlas los miembros del Secretariado.

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Desde el comienzo las partes pusieron las cartas sobre la mesa. Hay que ponerle fin a la lucha armada con algún tinte político. De ahí que el argumento más fuerte a favor de la propuesta de las curules que plantean organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación sea cimentar las bases de su partido político.
 
Aunque los pronósticos apuntaban a que sólo ‘Jesús Santrich’ estaría habilitado para participar en política porque no tiene en su ‘prontuario’ delitos de lesa humanidad, el espectro se amplió y lo que ahora se discute es si los demás miembros del Secretariado podrán aterrizar en el Congreso.

La fórmula parece sencilla: dejan las armas y se les adecua la pista para la apertura política. Sin embargo, este es un debate que se anticipa complejo, y más cuando se empieza a despertar la puja del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz. Incluso, si se analiza la variabilidad que han arrojado las encuestas sobre la opinión que tienen los colombianos de que los guerrilleros participen en política y aspiren a cargos de elección popular, se mantiene un rechazo del 71 %, según Colombia Opina.

Semana.com habló con Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, sobre los mecanismos que propone la organización para que la participación política de las FARC sea un hecho.

Semana.com.: ¿Cuál es la propuesta de la organización para garantizar el ingreso de los guerrilleros de las FARC a la política?

Ariel Ávila.: Lo que planteamos es que se debe dar a las FARC por dos períodos nueve escaños directos en el Senado. Además de crear 17 Circunscripciones Especiales de Paz en las se podría lanzar cualquier ciudadano o ciudadana, incluidos los guerrilleros de las FARC cuando tengan partido político.
 
Semana.com.: Aunque los negociadores no han acordado el número de circunscripciones, se dijo que será por elección popular. Pero en el caso de las curules al Senado que ustedes proponen, ¿a quiénes se les otorgarán?

A. A.: Para la Fundación Paz y Reconciliación tienen que ocuparlas los comandantes de las FARC porque la negociación fue con ellos. Esos escaños no pueden ser ni para Piedad Córdoba ni para Álvaro Leyva, sino para la gente de las FARC. Así pasó con el M-19.
 
Semana.com.: ¿Por qué las deben ocupar los comandantes y no personas de sus círculos que no tengan problemas con la justicia?

A. A.: Cuando las negociaciones con el M-19 se pusieron tan difíciles, Rafael Pardo trajo a Navarro y a Pizarro y los puso a competir por las Alcaldías de Bogotá y Cali, respectivamente, cuando apenas habían pasado cuatro años del Palacio de Justicia. Eso se hizo con esta gente alzada en armas, no con amigos ni simpatizantes de ellos. Son las FARC las que tienen que liderar la reincorporación política si no queremos que haya disidencia o que no cumplan. Para que dejen completamente las armas hay que darles un papel relevante en la vida política de este país.
 
Semana.com.: ¿Por qué pasar directo al Senado y no una elección popular, como sucede con todos los partidos?

A. A.: Si traemos a las FARC a competir bajo las actuales reglas de la Democracia donde el ‘Ñoño‘ Elías maneja Fonade y los ‘Char’ han vuelto la política un negocio, es traerlos a una frustración política.

Semana.com.: ¿Qué quiere decir?

A. A.: No es imposible que cualquier colombiano les gane a esas maquinarias electorales. Son medidas positivas que se toman para unas minorías. Se trata de un proceso de reparación. Las FARC intentaron hacer política y este país los masacró. Esta negociación se basa en eso, incluir un mundo que ha estado por fuera en la política. Entre otras cosas, hay que tener en cuenta que esto sería transitorio del 2017 a 2018, un año, más dos períodos electorales. Entonces entrarían a competir normalmente por elecciones.
   
Semana.com.: En el caso de los comandantes y altos mandos, ¿pueden llegar al Congreso con procesos judiciales en su contra? ¿Qué camino les queda?

A. A.: Lo que nosotros interpretamos es que el Acto Legislativo aprobado hace un mes y medio tumba el Marco Jurídico para la Paz y las demás leyes que les nieguen la posibilidad de hacer política a las FARC. Lo que quedaría vigente, finalmente, es lo que está en el punto 2 del acuerdo de La Habana. Es decir, no se les quitan los derechos políticos porque están en justicia transicional.

Semana.com.: Si no se les puede arrebatar su derecho a hacer política, como se resuelve el dilema judicial. ¿Durante el proceso de justicia transicional se les permitiría simultáneamente estar en el Congreso, de acuerdo con lo que ustedes proponen?

A. A.: El tema es que en los primeros dos o tres años seguramente los comandantes guerrilleros van a estar en el Congreso y no ha habido sentencias. Esto, porque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y los Tribunales van a tardar un tiempo. Cuando salgan las fallos contra los guerrilleros se proponen dos cosas: la figura del Congreso por cárcel o que cuente el tiempo en La Habana.
 
Semana.com.: ¿En qué consiste cada una de estas figuras que plantean?

A. A.: La del Congreso por cárcel es una figura de un exfiscal de la CPI donde usted en el día está en el Congreso y en la noche paga la pena en su vivienda. La otra es que el tiempo en La Habana cuente como el tema de cárcel. El artículo de 78 de la Corte Penal Internacional (CPI) permite contabilizar penas anteriores en esto. Los comandantes de las FARC podrían hacer parte del Congreso bajo esas dos figuras.
 
Semana.com.: ¿Eso no viola ninguna norma internacional?

A. A.: El estatuto de Roma y el acuerdo de paz de La Habana, en el punto 2, dicen que usted tiene los derechos políticos si entra en un proceso de justicia transicional. Es decir, no se les pueden negar.

Semana.com.: ¿Cuándo arrancaría esa participación directa de las FARC, por lo menos en el Senado?

A. A.: Para nosotros se haría desde el día 181. Es decir, después de que termine la dejación de armas, que va a durar 180 días. Al día siguiente ellos podrían empezar a tener las curules directas, en la medida que se hayan aprobado las reformas constitucionales necesarias.

Semana.com.: Y... ¿qué pasa con los que no cumplan los puntos pactados en el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se propuso en el punto de víctimas?

A. A.: Obviamente, todo esto es en el marco de la JEP. Es decir, si se dice la verdad, si se dan las garantías de no repetición podrían ser beneficiarios de esto. Tendrían cárcel de ocho años parcialmente o de 20 años sino colaboran, como ya ellos acordaron. Esta propuesta de apertura democrática se hace solo si van a colaborar.

Semana.com.: El Congreso no es que tenga muy buena imagen y este será un ‘sapo’ difícil de tragar. ¿Cómo se le puede explicar a la gente?

A. A.: Aquí el tema es una medida de restauración por todo lo que pasó con la Unión Patriótica (UP). La UP llegó a tener 14 congresistas y decenas de concejales, alcaldes y diputados que se masacraron. Fueron más de 4.000 líderes asesinados. Este sería un costo muy bajo para acabar con una guerra de 50 años. El conflicto colombiano tiene narcotráfico, minería, una economía de guerra, pero todo comenzó por un cierre político terrible cuando el Frente Nacional se dividió el poder por 16 años. Nadie dijo nada. Como dijo el expresidente Belisario Betancur, yo prefiero ver a las FARC disparando ideas en el Congreso y no disparando fusiles.