Ordóñez advierte que FARC no se desmovilizarían por completo

Tres días duró el silencio del procurador Alejandro Ordóñez frente al proceso de paz, antes de que el alto funcionario atacara el anuncio de cese al fuego.

Lo hizo objetándolo, porque cree que el acuerdo relacionado con las zonas de concentración no garantiza disolución y desmovilización de todos los miembros de la guerrilla.

Para él, ese pacto sólo obliga a concentrar a personal uniformado y urbano de la insurgencia, pero no a su grupo de milicianos, que para él son los principales gestores de sus actos violentos.

Además, dijo que esa negociación no impone obligación alguna para que el grupo ilegal deje de vivir del narcotráfico y otras acciones punitivas.

Desde cuando se supo que el presidente Juan Manuel Santos, en compañía de otros jefes de Estado; el secretario de la ONU, Ban Ki-Moon, y el jefe de las FARC, ‘Timochenko‘, darían a conocer el acuerdo del cese al fuego definitivo, se conocieron las primeras reacciones de excepticismo del procurador Alejandro Ordóñez.

Le puede interesar: La guerra según ‘Timochenko‘.

Primero se refirió a las zonas de concentración donde permanecerán los integrantes de la guerrilla como "áreas de ocupación", donde las instituciones serían reemplazadas por la presencia de personal armado de ese grupo insurgente.

Lo invitamos a leer: Santos invita a Uribe y a Pastrana al "tren de la paz".

Esto aunque las delegaciones y el grupo de garantes señalaron que el uso de armamento en esos territorios sería restringido al mínimo y daría paso inmediato y paulatino al desarme, en medio de la vigilancia de los veedores de la ONU y los cordones de seguridad de la fuerza pública hacia el exterior de las áreas.

Podría consultar: El premio que no recibirá Uribe.

Aun así, para el jefe del Ministerio Público, la concetración de la ‘guerrillerada‘ en ocho campos y 23 zonas veredales sigue siendo una clausura de la soberanía estatal, que se debe mantener sobre la totalidad del territorio nacional, pues impone una restricción inadmisible al tránsito de los agentes estatales y de la ciudadanía.

Peor aún, el alto funcionario cree que en esas zonas no se concentrará ni siquiera la mitad de los integrantes de las FARC. Según él, ese riesgo surge porque el acuerdo sólo vincula al personal uniformado y armado del organización y no a sus milicianos que, en su criterio, representan más del 50 % del aparato criminal de ese grupo.

Para el jefe del Ministerio Público, eso significa, ni más ni menos, que más de la mitad de la insurgencia no estaría obligada a desmovilizarse, lo que además impmlica que no hay una verdadera garantía sobre la disolución de esta guerrilla como movimiento armado y violento.

Añadió que tampoco hay certeza en torno a un desarme efectivo. Dado que la entrega de armas está condicionada a un acto unilateral de los guerrilleros, dice, no existe posibilidad de que verificadores de la ONU comprueben que ese arsenal corresponde a la totalidad del armamento de ese grupo.

Advirtió que nada garantiza que las FARC no mantengan ocultas algunas armas y que puedan utilizarlas en el futuro para volver a ejercer la violencia o que incluso se lucren de ellas, vendiéndolas a otros grupos hostiles como el ELN y las bacrim.

"Un acuerdo de este tipo no se puede basar en la buena fe de las FARC y la ingenuidad del Gobierno", advirtió Ordóñez, tras recordar la peligrosidad de las personas que han reclutado los rebelbes en áreas urbanas, a través de las ‘Milicias Bolivarianas‘, concentradas en el Partido Comunista Clandestino (C3), principales gestoras de actos terroristas en donde miles de civiles han muerto o resultado heridos.

Además, recalcó que tampoco hay una exigencia certera para que el narcotráfico y otras actividades delictivas que le sirven a la insurgencia de fuente de financiación dejen de ser su caballito de batalla. Según él, con este acuerdo es altamente probable que la guerrilla siga subsistiendo a partir del desarrollo de esas actuaciones.

El procurador cree que si existiera un verdadero propósito de impedir a las FARC seguir lucrándose de actividades ilícitas, deberían exigirles entregar las rutas de tráfico de narcóticos y los bienes y dineros que son fruto de esa práctica ilegal.

Finalmente, señaló que la entrada en vigencia de las zonas de concentración tampoco puede pasar por encima de lo que quiere la ciudadanía. Por eso, advirtió que en los territorios donde se pretende ubicar a los militantes de la insurgencia se deben adelantar consultas previas, para indígenas y afro, y consultas populares, para que el resto de la población opine.