Contra la refrendación: ¿todos a una?

El examen de constitucionalidad que la Corte Constitucional realiza sobre la ley que adoptó un tipo especial de plebiscito como mecanismo especial de refrendación de los acuerdos de paz ha abierto una nueva fuente de discusión en el país sobre la conveniencia de someter lo pactado en La Habana a consideración de los ciudadanos.

Lo curioso del asunto es que parece abrirse paso la conformación de una mayoría en oposición a este tipo de mecanismos. El común denominador de los opositores parece ser el escepticismo, pero por muy distintas razones. A algunos no les convence el mecanismo, a otros les preocupan los resultados, la validez del mecanismo constituye la crítica de otros y finalmente, unos más dudan de su eficacia.

El primer grupo de críticos está compuesto por los escépticos del mecanismo. Aquí confluyen un grupo creciente de juristas y analistas, incluido el propio Fiscal General de la Nación, que consideran que la consecución de la paz no debe ser sometida a ningún tipo de refrendación. Aducen argumentos jurídicos tales como la consagración constitucional de la paz como un derecho fundamental frente a lo cual resulta imposible someter a la voluntad popular el derecho a vivir en paz.  Otros críticos señalan una confusión técnica entre el concepto de Plebiscito y el de Referendo y por lo tanto la inconveniencia de usar uno como si se tratara del otro.

Junto a las distintas razones filosóficas y de interpretación constitucional, un segundo grupo muestra su escepticismo sobre el mecanismo preocupados por los resultados del proceso, no  su constitucionalidad. En este grupo están aquellos cuyo análisis se basa en una preocupación práctica y es la consecuencia de que gane el no en una votación de este tipo. Válidamente, se preguntan que pasaría con el proceso de paz se los Acuerdos, que son la esencia del actual modelo de negociación, si los ciudadanos deciden no apoyarlos. Para sustentar su preocupación argumentan que la posibilidad de rechazar los acuerdos tiene creciente asidero. Por una parte, la caída de la popularidad del gobierno hace poco viable que la opinión pública avale sus políticas y  resulta fácil que opten por un voto de castigo al Presidente. Adicionalmente, la mayor parte de los votos está en los grandes centros urbanos, donde el odio a las Farc  es mucho más alto  y donde la población no parece inclinada a la generosidad para terminar un conflicto que muchos de ellos solo han vivido a través de la televisión.

Quienes enarbolan críticas constitucionales o de conveniencia, en la práctica se han convertido en una especie de fuego amigo. Creen en la paz, pero no en la utilidad, conveniencia o validez jurídica de  usar un mecanismo popular para refrendar los acuerdos. Si en el pasado no se ha hecho, ¿cuál es la necesidad de hacerlo ahora?, se preguntan al recordar que ningún proceso de paz se ha sometido a aprobación popular. Dejan de lado la facultad del congreso para crear y regular mecanismos de participación y miran con pesimismo la capacidad de tomar buenas decisiones de los colombianos.

Lo paradójico del asunto es que a quienes piensan de esta manera, con el fin de proteger la paz, se suman dos grupos con motivaciones muy diferentes e incluso contradictorias. Por una parte, el uribismo, que quisiera un referendo con las normas constitucionales derivadas de los acuerdos redactadas y sometidas a consideración punto por punto, con el único objetivo de hacer inviable la refrendación. Dado que no comparten los contenidos de los acuerdos, la mejor fórmula para ellos es aquella que ayude al fracaso de la iniciativa, y un instrumento complejo y engorroso es el mejor  camino para ello. Con hipocresía intentan que se repita la historia del fracasado referendo uribista del 2003.

Como si la crítica de estos grupos fuera poco, resulta que el pelotón de opositores lo completan las propias Farc. La guerrilla  no sólo considera que se trata de un mecanismo concebido unilateralmente, sino, más importante aún, que no genera ningún tipo de seguridad jurídica sobre los compromisos asumidos durante los años de negociación del acuerdo de Paz. Su escepticismo se basa en la poca eficacia del mecanismo para cerrar los contenidos de los acuerdos y blindarlos de futuras reconsideraciones. Las Farc confunden la refrendación con la implementación de los acuerdos. Refrendar lo conseguido en La Habana es un hecho político que le dará legitimidad y fuerza a la implementación.

Frente a esta andanada, la defensa más común aducida es que la refrendación es un compromiso del Presidente, lo cual a estas alturas no resulta un argumento ni sólido ni convincente. La gente sabe que los gobernantes pueden cambiar de opinión, incluso pese a sus propias convicciones, así  que la voluntad del Presidente no parece a estas alturas de su gobierno un inamovible.

En cambio, el verdadero argumento, aquel sobre el cual el país debe debatir es la importancia de que el nuevo periodo de paz en Colombia (ojalá el definitivo) se inicie con un sólido mandato popular. A estas alturas, renunciar a esta opción no solo se convierte en una aceptación anticipada de la derrota, sino que heriría en forma drástica la posibilidad de sacar adelante las reformas acordadas en La Habana.

Sin un mandato popular, el esfuerzo de negociar las reformas que conllevarán la construcción de la paz no contarán con el peso suficiente para que los actores políticos e institucionales se sientan comprometidos con ellas. Cuando el gobierno promueva una reforma o una iniciativa su margen de maniobra estará dado por el manejo de las variables tradicionales del uso del poder y no porque este desarrollando un mandato democrático. No será fácil que alguien acepte renunciar a sus privilegios solo porque se firmó en La Habana. Una votación popular que avale los contenidos de la negociación reduciría mucho el margen de maniobra de quienes se oponen a una paz con reformas.

La ultima vez que cerramos una guerra también se hizo un plebiscito, y también se permitió cambiar las reglas al habilitar a las mujeres para votar el acto mismo que les concedía el voto. Para hacer frente a los retos del cierre del conflicto armado se requiere una votación popular que respalde los acuerdos y que avale las reformas que marcarán la nueva etapa de la vida nacional. Démosle una oportunidad al plebiscito para la paz. Démosle una oportunidad a la paz.